El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio desde 2017 sentenció que Juan Guaidó debe dejar de ser diputado para seguir ejerciendo como presidente interino de Venezuela hasta que haya «una elección libre» para el cargo.
El fallo, aprobado por unanimidad por cuatro magistrados desde el exilio, también determina la “continuidad constitucional” de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora, y no la votada en diciembre de 2020.
Este lunes, los cuatro magistrados de la Sala Electoral que se encuentra en el exilio reafirmaron que Maduro está inhabilitado políticamente para ejercer cargos públicos por “corrupción propia y legitimación de capitales”, así como por “usurpación” de la banda presidencial.
Advirtieron que Guaidó “tiene el deber constitucional de separarse de sus atribuciones como parlamentario” para poder ejercer su oficio como presidente interino “hasta la pronta convocatoria a un proceso electoral auténtico, libre y justo, en donde se elija a través del voto universal, directo y secreto a un nuevo presidente constitucional de la república”.
La separación de su cargo de diputado responde a que la continuidad de Guaidó dentro del sistema parlamentario, siendo presidente encargado del país, “viola el principio constitucional de separación de poderes” en Venezuela, indican los magistrados.
Según la sentencia del expediente SE-2021-0003, con ponencia del magistrado Domingo Salgado Rodríguez, debe considerarse que el Parlamento legítimo de Venezuela es el electo en diciembre de 2015 y no el votado el año pasado.
“La convocatoria para elegir a diputados a la Asamblea Nacional, así como todos los consecuentes actos electorales necesarios para celebrar el requerido proceso electoral parlamentario, se efectuaron bajo la rectoría de autoridades electorales espurias” designadas en julio de 2020 por el TSJ afín a Maduro, dijeron los magistrados.
Los comicios derivados de ese Consejo Nacional Electoral son “nulos” y, a entender del TSJ en el exilio, “debe mantenerse la continuidad constitucional y tenerse como los únicos diputados legítimos” a los parlamentarios electos el 6 de diciembre de 2016, a excepción de quienes renunciaron a sus cargos.
Ese será el escenario legislativo de Venezuela “hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas en plena garantía al derecho al sufragio”, acotan.
Por otra parte, los políticos aliados de Guaidó defendieron recientemente la continuidad del Estatuto que rige la transición a la democracia en Venezuela, que aprobó y renovó la Asamblea Nacional en 2019 y y 2020, y que sirve de piso jurídico para la presidencia interina de Guaidó y la continuidad del parlamento electo en 2015.
Se prevé que los diputados opositores debatan en los próximos días la renovación del estatuto que rige la transición a la democracia en Venezuela, vigente hasta el 5 de enero de 2022.
Su aprobación o no se sobreentiende como la definición de si continúa o no la presidencia interina de Guaidó.
Los magistrados refrendaron que Guaidó “está obligado a rendir cuentas de su gestión y de la administración de la Hacienda Pública Nacional ante los demás órganos del Poder Público, facultados por la Constitución o las leyes a exigirlas”.
La presunta falta de transparencia en el manejo de activos de Venezuela en el extranjero y de los recursos de la presidencia interina es una de las críticas que han ventilado públicamente políticos como Julio Borges.
Fuente: VOA