En momentos en que ha comenzado una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de partidos de la oposición en Venezuela en México, casi seis millones de venezolanos observarán el proceso lejos de su país, su familia y sus amigos, buscando cubrir las necesidades más básicas que la grave crisis económica, política y social del país deja fuera de su alcance. Pero la crisis tiene dos caras: los que se quedan dentro de un país con un colapso multidimensional que se agrava cada día, y los que emigran a un futuro incierto.
Esta precaria situación, exacerbada por la pandemia, la hiperinflación y la pérdida del valor de la unidad monetaria, en la que más de 9 millones de personas viven en inseguridad alimentaria y la mayoría (83%) no cuentan con servicio continuo del agua o gas para cocinar, ha impulsado a muchos hogares a salir sin rumbo fijo, convirtiéndose en víctimas de la prostitución, el tráfico humano y las nuevas formas de esclavitud en rutas inseguras y en países de acogida.
La magnitud del éxodo venezolano lo ha tornado en la segunda crisis migratoria del mundo, alcanzando niveles nunca vistos en nuestro hemisferio. Y si bien aplaudimos con humildad y gratitud el compromiso adquirido por 30 países a mediados de junio para aportar más de 1,500 millones de dólares para atender el éxodo venezolano, la brecha es todavía demasiado grande. El Plan de Respuesta Humanitaria de la Organización de Naciones Unidas para 2019 y 2020, no había recibido más que el 30% del financiamiento solicitado. Y a modo de comparación, la recaudación per cápita para los refugiados de Siria fue 10 veces mayor que para los venezolanos —$3,150 por refugiado sirio, en comparación con los $265 por migrante venezolano, basado en cifras del 2020–.
Pero esas cifras representan solamente a los migrantes venezolanos y no a los millones que se quedan en el país, atrapados entre la espada y la pared por la pandemia. O se quedan en casa, pasando hambre, o se arriesgan a contraer el virus, saliendo a la calle para tratar de poner comida en la mesa. Desafortunadamente, en la Venezuela actual, la opción de quedarse en casa no existe. El poder adquisitivo alimentario del salario oficial ($1,4) solo cubre 0,8% del costo de la canasta básica, mientras que las remesas familiares se han reducido a la mitad. Las mujeres, los niños y la población en situación de dependencia son los más afectados.
En nuestro más reciente “Monitoreo Centinela de la Desnutrición Aguda y la Seguridad Alimentaria Familiar” correspondiente a abril-junio de 2021, la desnutrición aguda grave entre los niños más pequeños es de 12.9%, lo cual es consistente con los umbrales de crisis de salud pública en el ámbito nutricional, y se mantiene por encima de los niveles registrados antes de la pandemia por Covid19 (febrero 2020). Más de la mitad de la desnutrición aguda encontrada se registra en niños menores de 2 años, es decir, no sólo los pone en alto riesgo de morir sino resta en ellos su única y más valiosa oportunidad de crecimiento. La situación de las mujeres no es más alentadora. Desde el inicio de la pandemia, la afluencia de mujeres embarazadas a nuestros servicios se ha incrementado y hemos encontrado que el 51% de ellas viene con déficit nutricional agudo y no ha recibido un control prenatal adecuado.
Esta desnutrición, que ya se volvió crónica, compromete de manera contundente el capital humano del país en el mediano y largo plazo. Cerca de un tercio de los niños que vienen a Cáritas por ayuda ya llegan con retardo de su crecimiento lineal, con talla baja, acumulando un déficit nutricional múltiple y prolongado que, en ocasiones coincide con el hambre y la delgadez, pero en la mayoría son el producto del mal comer continuado, del plato que falta constantemente. A este déficit crónico se suman otros problemas como la anemia y las implicaciones más estructurales que esto tiene en términos de rezago cognitivo, escolar, afectivo y social.
¿Qué hacer entonces ante esta situación?
Las organizaciones no gubernamentales que todavía operamos en Venezuela hemos visto cómo las necesidades se multiplican aceleradamente, pero el financiamiento cae vertiginosamente. Entendemos que la pandemia nos ha impactado a todos, inclusive a los donantes de larga data. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, al sector privado y a los bancos de desarrollo para que nos ayuden a ayudar, equiparando la escala del financiamiento con la escala de la tragedia humanitaria. Además, que este apoyo incluya a todos los venezolanos, los migrantes y los que todavía están en el país, porque desamparar a quienes sufren dentro de Venezuela, simplemente agrava la crisis migratoria.
Finalmente, es necesario trabajar en una respuesta integral a la crisis humanitaria, tomando en cuenta la situación particular del país. Una crisis de naturaleza compleja y prolongada, que cursa con un desgaste masivo de los medios de sustento de la población y que demanda, no solo asistencia en el corto plazo, sino además una estrategia de protección social y de resiliencia proyectada a largo plazo. En este sentido, aplaudimos las iniciativas transatlánticas que se están creando para dar respuesta a la crisis humanitaria venezolana. De lo contrario, las consecuencias serán nefastas y las secuelas de la pandemia nos pasarán la factura por generaciones. No solo a Venezuela, sino también a nuestros países vecinos y al mundo entero.
Directora nacional de Cáritas Venezuela y acreedora del Premio Humanitario 2019 del Foro Anual de InterAction
Artículo originalemnte publicado en Diario Las Américas