“Los derechos políticos de las poblaciones indígenas deben ser respetados. Este es un derecho humano, una convicción que genera un compromiso personal, pero también institucional”, aseguró el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón a través de un comunicado público.
Explica que las disposiciones del Reglamento Especial para regular la elección de la Representación Indígena y que contemplan la necesidad de que los indígenas estén organizados en comunidad, son consistentes con el derecho convencional (por ser este un tipo de organización propia de estas comunidades, tomando así en consideración sus usos y costumbres). “Sin embargo, el sistema de elección en segundo grado previsto por el reglamento mencionado, así como la ambigüedad en cuanto al voto secreto en las asambleas comunitarias, resultan antagónicos con el contenido esencial del derecho al sufragio establecido en la Constitución vigente, y que determina que este debe ser universal, directo y secreto”.
Sostiene que conciliar el ejercicio de los derechos fundamentales y los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas es, sin duda, un tema complejo.
“El reglamento aprobado pretende establecer un sistema provisorio que reconoce estas complejidades, y permite el avance en la construcción de un Registro Electoral Indígena que aborde los usos y costumbres ancestrales, entendiendo que su límite natural son los DDHH”, advierte.
El miembro de la Junta Nacional Electoral, explicó que desde su designación como rector del CNE se ha reunido en diversas ocasiones con representantes de organizaciones indígenas nacionales, a fin de entender su realidad y avanzar, en una primera etapa, en la elaboración del manual que normará la elección y permitirá la construcción del mencionado registro electoral.
“En este proceso se han consultado también a organizaciones de intermediación y expertos electorales de otros países, con el fin de incorporar todas las visiones y elementos que nos permitan diseñar soluciones integrales”, precisó.
Finalmente reconoce las debilidades que aún están presentes y “asumimos el compromiso de saldar esta deuda histórica. Esta es una tarea de mediano y largo plazo que no dejaremos de lado, y que nos demanda trabajar unidos en la construcción de una iniciativa de ley con un abordaje comprensivo. Para ello, hemos propuesto la conformación de un equipo conjunto que incluya a la AN, el CNE y las organizaciones indígenas, con miras a la elaboración de la Ley de Participación Política de los Pueblos Indígenas. El CNE se compromete a trabajar con el SAIME, el INE y el MPP de Pueblos y Comunidades Indígenas para garantizar avances en esta materia”.