Votar o no votar, esa es la cuestión

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Las venideras elecciones parlamentarias pautadas para finales de año, han copado la atención del convulsionado acontecer político venezolano los últimos meses. La instalación en marzo del Comité de Postulaciones Electorales para elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por representantes de la sociedad civil y diputados de la Asamblea Nacional, al principio generó cierto optimismo acerca de la posibilidad de solucionar el conflicto político por la vía electoral de manera pacífica, constitucional y democrática como lo demanda la mayoría de los venezolanos. Las tímidas expectativas favorables en torno a dirimir las diferencias políticas por la vía electoral, estaban fundamentadas en el hecho que por primera vez desde hace mucho tiempo el chavismo y las fuerzas democráticas representadas por el denominado G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y un Nuevo Tiempo), habían llegado a un acuerdo y se sentaban en una misma mesa en la búsqueda de un propósito común, un evento que en cualquier democracia pasaría desapercibido por ser rutinario, en Venezuela constituyó todo un acontecimiento en vista de la naturaleza autoritaria del sistema político imperante.

Lamentablemente para todos los venezolanos la pequeña ventana electoral se esfumó, dando la razón a muchos escépticos que desde el comienzo albergaron serias dudas, sobre  las verdaderas intenciones del chavismo al momento de la instalación del Comité de Postulaciones Electorales. La reciente designación de los rectores del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando nuevamente omisión legislativa de la AN acabó con la posibilidad de celebrar elecciones libres, justas y transparentes. El chavismo a través del TSJ –debemos tener presente que en  el modelo de  “democracia participativa” no hay separación de poderes públicos- pateó una vez más la mesa, igual que lo hizo en Barbados. No contentos con ello, a los pocos días  el TSJ asignó la representación de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia a nuevas directivas, que presuntamente se han aliado con la neodictadura.

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Ambas decisiones judiciales han colocado a las fuerzas democráticas en el aparente dilema de concurrir a elecciones a toda costa, sin un mínimo de garantías electorales, bajo el argumento que no hay que ceder espacios políticos, o, apelar al recurso de la abstención electoral ya utilizado para deslegitimar la elección parlamentaria. En cada caso surgen elementos a favor y en contra. Los defensores del voto a ultranza sostienen que las únicas victorias obtenidas por el factor democrático  han sido en el terreno electoral, sostienen desde un punto de vista táctico  que, es ese y no otro, el terreno que le es favorable, a la vez que exponen las amargas consecuencias que tuvo, la no participación en las elecciones parlamentarias de 2005. En tanto aquellos partidarios de la abstención electoral exhiben como trofeo la presidencia interina de Juan Guaidó, y todo lo que ha significado su reconocimiento por buena parte de la comunidad internacional,  fundamentalmente por las democracias occidentales.

Algunos analistas políticos con mucha razón han venido sosteniendo que los partidos sencillamente ya no se deben plantear, si ir o no las elecciones parlamentarias, ya que el chavismo por intermedio del TSJ ya decidió por ellos.  Concurrir a unas elecciones nuevamente con un CNE claramente parcializado y dotado de una muy cuestionable atribución legislativa, con partidos democráticos “expropiados” por el chavismo, con dirigentes opositores en la cárcel y en el exilio,  sin una debida auditoría del Registro Electoral Permanente impactado por la diáspora y  migraciones internas por causa de la crisis de servicios públicos, desconociendo lo referente al reemplazo de las máquinas de votación tras el incendio del local donde se almacenaban las hasta ahora utilizadas, con un Plan República cuyos efectivos desobedeciendo el mandato constitucional se han puesto al servicio de una parcialidad política  y sin observación internacional calificada en verdad es totalmente contraproducente, en la práctica equivale, a jugar una partida de póker contra un tahúr con las cartas marcadas.

El chavismo luego de la derrota electoral de las elecciones parlamentarias de 2015 se fijó el firme propósito de no volver a perder una consulta electoral. Cerró por completo la opción electoral para cualquier otra fuerza política. El chavismo ahora sólo convoca a elecciones cuando tiene la certeza que saldrá victorioso, eso no quiere decir que no ceda algunos espacios para aparentar una fachada democrática, como es el caso de los gobernadores de la alternativa democrática actualmente en ejercicio del poder, pero que en el mejor de los casos comparten atribuciones con los “protectores” designados directamente por la neodictadura. Eso es lo que los politólogos llaman pasar de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo no competitivo. Los regímenes antidemocráticos  compiten en igualdad de condiciones cuando están seguros de salir victoriosos, pero mutan al autoritarismo no competitivo cuando saben que  los números ya no le favorecen.

En medio de semejante cuadro político surgen ineludiblemente las preguntas que solemos escuchar en diferentes lugares a toda hora: ¿Entonces qué hacemos? ¿Votamos o no votamos? ¿Valdrá la pena votar? ¿Cómo hacemos para hacer respetar nuestra voluntad si acaso ganamos? y otras en la misma tónica, donde predomina la incertidumbre, el escepticismo, la desconfianza y la desesperanza por parte del venezolano hacia el voto como decisivo instrumento de cambio político. Ello no es casual el chavismo se ha encargado de sembrar la desesperanza en el electorado, a través de todo tipo de argucias, para dinamitar la confianza en el voto. La más reciente fue la creación de la Mesa Nacional de Diálogo (MND), en la cual políticos sin seguidores  y otros personajes de utilería asumen supuestamente la vocería de una parte de la oposición democrática. Se trata nada y nada menos  de una “oposición oficialista” hecha a la justa medida de los intereses del régimen, que no representa ningún peligro para su continuidad en el poder, y que pretende en vano dar una mano de barniz democrático a  la neodictadura. El nuevo CNE, el Psuv, los partidos de “oposición oficialista” y los observadores internacionales invitados forman parte de una farsa electoral, a la cual no podemos prestarnos.

Aquí lo que toca es hacer política y no limitarnos a lo meramente electoral, porque plantearnos el dilema de votar o no votar, sin que forme parte de una estrategia global  es una pérdida de tiempo y esfuerzo, que reforzará el desaliento y la frustración entre los venezolanos. Tanto la participación electoral como el abstencionismo son opciones totalmente válidas siempre y cuando se inscriban dentro de una estrategia política global.  Si se vota –bajo el supuesto negado que el CNE permita la inscripción de una tarjeta de las fuerzas democráticas-  en medio del descarado ventajismo electoral por parte del régimen y  este comete fraude electoral, se debe contar con el “músculo” para hacer valer la victoria, no basta con la denuncia en redes sociales, la condena de la comunidad internacional ni mucho menos esperar la ilusoria  llegada de los marines, se necesita de “músculo” para que el fraude electoral  sea un hecho desencadenante de cambio político,  como ha sucedido en nuestra historia contemporánea. Asimismo, si forzados por las circunstancias nos inclinamos por la abstención electoral,  igualmente debe estar encuadrada dentro de una estrategia que conduzca al ansiado cambio político. El abstencionismo electoral no se puede limitar a ver como el régimen se deslegitima a sí mismo, mientras se permanece cruzado de brazos comodamente en la poltrona a la espera que se derrumbe.  El abstencionismo pasivo ese que se limita a no votar tampoco es una opción válida, hasta ahora solo ha servido para conseguir el valioso aliado de la comunidad internacional, pero a lo interno no exhibe mayores logros. Incluso en varias ocasiones el abstencionismo pasivo ha sido el principal aliado de la neodictadura, en momentos cuando la movilización de las fuerzas democráticas se ha hecho sentir, por tal motivo no debe extrañar que  lo propicie de diferentes maneras.

La tarea pendiente de hacer política en neodictadura no es nada fácil, para la dirigencia democrática representa enfrentar los embates de los cuerpos de seguridad, la arbitraria judicialización  de la política, estrangulamiento económico, destrucción moral y hasta la deleznable  amenaza –incluso la mafia siciliana hizo de esto un punto de honor-  a familiares cercanos, pero es la opción más viable para recuperar la democracia. Las fuerzas democráticas agrupadas como un todo deben renovar el mensaje y su modo de hacer política. El venezolano tiene que sentirse plenamente identificado con el mensaje que reciba de las fuerzas democráticas, debe ser un mensaje esperanzador que ofrezca solución a los graves problemas nacionales, hay que hacer especial  hincapié que el bajísimo poder adquisitivo del bolívar, el desempleo, la escasez de agua, el racionamiento eléctrico, la falta de gas, las fallas de transporte público, las pésimas comunicaciones tanto de telefonía fija y celular, la deficiente conexión a internet, el alza de la gasolina, la diáspora y la consiguiente desintegración familiar de hogares  y demás  problemas son entera responsabilidad del fracasado modelo que representa Nicolás Maduro, recalcando que sin cambio político no habrá solución a esos problemas.  Todo pasa necesariamente por el cambio político, mientras Nicolás Maduro y la cúpula roja detenten el poder Venezuela seguirá por un despeñadero. El replanteamiento del activismo político también exige que los partidos políticos sean menos mediáticos y se acerquen más a los sectores más humildes, lo que en el pasado se conocía pretenciosamente como el “face to face”, en eso los adecos tienen una vasta experiencia con la exitosa estructura de comités de base.

El reto que tienen por delante las fuerzas democráticas es capitalizar  la mayoría de ese  80% de la población que manifiesta su rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, y acto seguido formar un gran movimiento organizado que permanezca movilizado –esto es lo que el periodista especializado en la fuente política Pedro Pablo Peñaloza ha bautizado como “abstencionismo activo”- exigiendo la celebración de elecciones  libres, justas y transparentes. La movilización masiva, generalizada y permanente de la población propiciará que la neodictadura desista de su propósito de perpetuarse en el poder, bien sea por fracturas internas de la neodictadura, resquebrajamiento de la estructura militar  o por mero instinto de supervivencia política, así la neodictadura no tendrá más opción que convocar a elecciones bajo las condiciones exigidas, o de lo contrario, serán otros los que se encarguen de ello.

Oscar Rodríguez

Economista

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