La crisis en Venezuela plantea uno de los mayores desafíos para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio hoy en día, y la necesidad de abordar la compleja emergencia humanitaria del país es más urgente que nunca. Con esto en mente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) hace un exhaustivo análisis sobre la situación venezolana en su reciente reporte “La crisis no puede esperar: Cómo legisladores estadounidenses pueden apoyar los acuerdos humanitarios en Venezuela”.
“La ayuda no es, en sí misma, suficiente para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. La realidad es que Venezuela no verá una solución integral sin un conjunto de acuerdos políticos más amplios. Sin embargo, los acuerdos humanitarios brindan la oportunidad de atender las necesidades más urgentes de los sectores más vulnerables de Venezuela. Si se implementan bien, estos acuerdos también pueden servir como una forma de generar impulso hacia una solución política integral”, señala el reporte.
Y, efectivamente, uno de los puntos clave del informe es la necesidad de que tanto la administración de Nicolás Maduro como la oposición lleguen a acuerdos dada la urgencia que reviste buscar soluciones a la crisis humanitaria en Venezuela, lo cual ha sido un clamor de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, ¿se debe esperar llegar a un acuerdo político o es crucial actuar de una vez para atender la crisis humanitaria en Venezuela? Al respecto, Geoff Ramsey, director de WOLA para Venezuela y autor junto con Kristen Martinez-Gugerli del reporte, sostiene que “la emergencia humanitaria es urgente y ayudar a aliviar al menos algunas de las necesidades graves de la población venezolana puede ocurrir con la infraestructura humanitaria existente”.
“Como concluimos en el informe, la administración de (Joe) Biden y el resto de la comunidad internacional deben comprometerse con una respuesta humanitaria totalmente financiada, al mismo tiempo que presionen por un mejor acceso para los actores humanitarios”, advierte Ramsey.
El experto en derechos humanos y seguridad recuerda que, aunque el HRP 2021 (Plan de Respuesta Humanitaria) de las Naciones Unidas para Venezuela solicitó 708,1 millones de dólares, hasta ahora solo se ha financiado 29,4% (208,1 millones de dólares). “Estados Unidos, el principal donante, ha contribuido a la asistencia fuera del plan, pero esta ayuda asciende a solo 101 millones de dólares. Se necesitan con urgencia más fondos para ampliar la respuesta humanitaria de las ONG locales y las agencias de la ONU”.
La gravedad de la crisis queda en evidencia en el informe. “Desde 2014, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela se ha reducido en más de 75% (…) La inflación continúa impactando a la población: analistas sitúan la tasa de inflación anual actual en Venezuela en alrededor de 2.000%. Incluso, en una economía dolarizada esto ha afectado el poder adquisitivo de los venezolanos comunes. En el momento de redactar este informe, el salario mínimo mensual (7 millones de bolívares) equivale aproximadamente a 1,70 dólares, o aproximadamente el precio de una docena de huevos”, indica el reporte con fecha del 19 de noviembre de este año.
Además de ello, en el informe se señala que el impacto de la crisis económica en la nutrición es evidente en los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que en febrero de 2020 publicó una evaluación de la seguridad alimentaria, en la que encontró que 7,9% de la población de Venezuela (2,3 millones) padece inseguridad alimentaria «grave», “lo que significa que tienen hambre o, en los casos más extremos, se han quedado sin comida y han pasado un día o más sin comer”.
“Se descubrió que 24,4% (7 millones) padecía inseguridad alimentaria ‘moderada’, lo que significa que enfrentan una incertidumbre regular para obtener alimentos. Con base en esta cifra, el PMA estima que aproximadamente uno de cada tres venezolanos (32,3%, o 9,3 millones) padece inseguridad alimentaria y necesita asistencia”, agrega el reporte.
Sin embargo, la cifra del PMA podrían quedarse corta con la cantidad de venezolanos necesitados a la fecha actual, por lo que WOLA incluye en su reporte algunos de los resultados de un informe elaborado por HumVenezuela, un proyecto lanzado por varias organizaciones locales de salud y humanitarias que ha trabajado para monitorear, documentar y responder a la compleja emergencia humanitaria en Venezuela desde 2019.
“El informe de HumVenezuela de 2021 sugiere que la cantidad actual de personas que necesitan asistencia alimentaria en Venezuela es mucho mayor que la cifra informada en la evaluación del PMA de 2019. Su análisis encuentra que la población actual que enfrenta una inseguridad alimentaria severa ha crecido de 2,3 a 2,6 millones, y que el número de personas que enfrenta una inseguridad alimentaria moderada es mucho mayor de lo que informó el PMA: 11,8 millones en la actualidad en comparación con 7 millones en 2019”.
La plataforma HumVenezuela también presentó un panorama sombrío con respecto al acceso de los venezolanos a la atención médica. Según el proyecto, 37% de los 9 millones de venezolanos que se estima padecen enfermedades crónicas como VIH-SIDA y cáncer, entre otras, carecen de acceso fácil a medicamentos o tratamientos. “Esto se debe en parte al alto costo y la inaccesibilidad de buscar tratamiento en clínicas privadas, así como a la escasez generalizada de medicamentos, equipos y personal calificado en el deteriorado sector de salud pública del país”.
El informe de WOLA cita otro aspecto difundido por HumVenezuela: “En todo el país, niños y adultos en estado crítico están buscando alternativas a un programa nacional de diálisis quebrado, o están esperando desesperadamente trasplantes de órganos u otra atención que les salve la vida, todo de un sistema de salud pública virtualmente en ruinas”.
Añadió que desde que el gobierno de Maduro suspendió su sistema de trasplante de riñón en 2017, señalando a las sanciones de Estados Unidos como la razón principal, “miles han muerto esperando atención médica en Venezuela o han abandonado el país para buscar trasplantes en el extranjero”. En agosto y septiembre de 2021, cuando WOLA realizó entrevistas en Venezuela, un experto médico informó que aproximadamente 120 niños y más de 2.000 adultos están esperando trasplantes del sistema público.
Estos datos son algunos de los tantos contenidos en el reporte de WOLA que respaldan el planteamiento de que “la crisis no puede esperar”, aún más tomando en cuenta que “la pandemia de la COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la población de Venezuela”.
El impacto de las sanciones y qué hacer
Si bien la compleja emergencia humanitaria en Venezuela tiene sus raíces en años de mala gestión económica y corrupción, según lo expuesto en el reporte de WOLA, las sanciones sectoriales de Estados Unidos que comenzaron con las primeras sanciones financieras en agosto de 2017, “han agravado la crisis y complicado la recuperación económica, aunque la recesión económica del país comenzó más de tres años antes de la implementación de las sanciones sectoriales de Estados Unidos”.
Sobre este punto, Ramsey señala que las sanciones financieras, individuales y petroleras son una parte importante de la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Venezuela. “En WOLA hemos sido muy críticos con el impacto de las sanciones sectoriales, es decir, las sanciones petroleras de 2019 y las financieras de 2017, porque está muy bien documentado que estas medidas han tenido un impacto agravante en la crisis humanitaria preexistente. Estas sanciones parecen haber tenido más impacto en el público en general que en el gobierno de Maduro y su círculo íntimo”.
Por eso advierte que es importante que la Casa Blanca revise las sanciones hacia Venezuela “con el objetivo de reformar la política de manera que alivie la crisis humanitaria y contribuya de manera más efectiva al retorno a la democracia. Creo, por ejemplo, que hay mejor evidencia de que las sanciones individuales son útiles para cambiar las acciones de las élites que las sanciones sectoriales”.
También es de la opinión que “hay medidas que son completamente inútiles, como la prevención de cambios de diésel. La escasez de diésel solo ha aumentado la dependencia del sector productivo del gobierno y ha potenciado un creciente mercado paralelo para ese combustible. Dejar la prohibición del diésel tendría profundas consecuencias para los sectores más pobres de la sociedad que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Ramsey recordó que Estados Unidos ha dejado claro que no va a levantar ninguna sanción sin avances en la mesa de negociaciones. “Si el gobierno de Maduro quiere que se levanten las sanciones, la forma más efectiva de hacerlo sería volver a la mesa de negociaciones en México y entablar conversaciones de buena fe con la oposición de acuerdo con el memorando de entendimiento”.
En agosto, de acuerdo con el experto, las partes acordaron crear una Mesa de Atención Social que, en teoría, utilizaría fondos congelados para abordar la crisis humanitaria. “La suspensión de las negociaciones por parte del gobierno ha congelado lamentablemente la creación de este organismo y ha impedido avances que se necesitan con urgencia”.
Sin embargo, tanto él como el informe de WOLA destacan iniciativas de colaboración entre la administración de Maduro y la oposición, aunque no todas llegaron a feliz término. Entre ellas están los avances logrados como resultado del acuerdo de 2020 firmado por las partes con la aprobación de la Organización Panamericana de Salud (OPS), que permitió que los trabajadores de la salud tuvieron mayor acceso a equipos de protección durante el pico de la pandemia.
El otro caso fue la Mesa Técnica de Vacunación, creada en febrero de 2021. Según el acuerdo, la administración de Maduro acordó tomar en cuenta los consejos de expertos en salud independientes y la oposición acordó presionar al gobierno de Estados Unidos para descongelar fondos para pagar vacunas anticovid.
“Desafortunadamente, el gobierno de Maduro se retiró de la Mesa Técnica luego de que hizo unilateralmente el pago a COVAX, mecanismo no se ha reunido desde junio. Sin embargo, el acuerdo inicial llevó a la oposición de este año a apoyar la donación de 27,6 millones dólares de fondos congelados para ser utilizados para la cooperación técnica con la OPS y Unicef, que incluyeron 14,8 millones de dólares dedicados al refuerzo de la cadena de frío y capacidad logística, y 12,8 millones para apoyar a la OPS y Unicef en la asesoría, seguimiento y evaluación del proceso de distribución de vacunas”, señala Ramsey.
El representante de WOLA considera que estas son importantes medidas de progreso en la asistencia humanitaria, con importantes lecciones para el futuro. Afirmó que, en este momento, Estados Unidos y la comunidad internacional están evaluando cómo hacer que Maduro regrese a las negociaciones de México, por lo que “hay lecciones son vitales al considerar la posibilidad de futuros acuerdos humanitarios”.
A su juicio, el acuerdo de la OPS de 2020 y la Mesa Técnica de Vacunación muestran dos lecciones principales. La primera es la importancia del papel de la ONU y las organizaciones no gubernamentales en la implementación exitosa de cualquier acuerdo humanitario, dada la corrupción gubernamental generalizada.
La segunda lección es que los acuerdos humanitarios deben basarse estrictamente en su capacidad “para abordar las preocupaciones urgentes de acuerdo con los principios humanitarios, no en una lógica de atribución del crédito político”.
En vista de ello, sostiene que un acuerdo implementado con éxito que mejore las condiciones de vida en Venezuela puede generar confianza y credibilidad en las negociaciones entre un público escéptico. “Los funcionarios estadounidenses deben insistir firmemente en los principios humanitarios básicos de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”, dice.
De allí que en el informe se haga referencia de un nuevo memorando de políticas que evalúa las oportunidades para que los responsables de las políticas en Estados Unidos promuevan acuerdos que puedan ampliar la respuesta humanitaria.
Recomendaciones para Estados Unidos
En el informe de WOLA se advierte cómo Estados Unidos podría propiciar aún más estos acuerdos de índole humanitario. Sin embargo, ¿es esto viable considerando -según han expuesto especialistas- que las autoridades actuales parecieran haber perdido el interés en Venezuela? “Estados Unidos, hasta ahora, ha despriorizado a Venezuela. La respuesta a la crisis de Washington parece ser que dejarán todo en su lugar, aceptarán el statu quo en la política, a menos que la dinámica cambie sobre el terreno. Esta decisión es un error, pero es la realidad actual”, expresa Ramsey.
“Quienes queremos ver un cambio democrático en Venezuela, y ver soluciones a la emergencia humanitaria, tenemos la carga de demostrarle a Washington que vale la pena darle prioridad a esta situación. Eso no sucederá a menos que Maduro regrese a la mesa de negociaciones, y a menos que veamos evidencia de que el gobierno está dispuesto a avanzar en cosas como liberar a los presos políticos, hacer que los torturadores y asesinatos en las fuerzas de seguridad rindan cuentas ante la justicia y crear la Mesa de Atención Social para hacer frente a la crisis económica”, añade.
El informe concluye que la escala de la compleja emergencia humanitaria de Venezuela sigue siendo nefasta y que se ha visto exacerbada por la respuesta inadecuada y politizada del gobierno a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los autores recalcan que desde 2020 una serie de acuerdos humanitarios entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana han beneficiado a la población y han ofrecido importantes lecciones para futuros acuerdos.
Es por eso que insisten en que Estados Unidos puede hacer mucho más para fomentar un mayor progreso y ofrecen una serie de recomendaciones para los responsables en trazar las políticas en ese país. Entre ellas destaca que la administración Biden debería nombrar a un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado en Washington, ya sea un Representante Especial o un Subsecretario Adjunto con una cartera centrada exclusivamente en la crisis de Venezuela y sus implicaciones regionales.
“Esta persona debería coordinarse estrechamente con la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU) en Bogotá y con todos los actores internacionales relevantes. El nombramiento de un funcionario de alto nivel que pueda complementar el trabajo de la VAU desde Washington y ayudar a coordinar las iniciativas de todo el gobierno de Estados Unidos agilizaría el proceso político y ayudaría a garantizar una respuesta más rápida a la dinámica cambiante sobre el terreno”, indica el reporte.
El resto de las recomendaciones se resumen en:
-Dirigir a los altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Salud y Servicios Humanos para que dejen claro que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a incluir a Venezuela en su programa de donación de vacunas COVID-19, y a abordar los obstáculos logísticos y de transparencia.
-Instar a la publicación de un plan nacional de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, en línea con los estándares internacionales.
-Enfatizar el papel de la ONU y de las organizaciones no gubernamentales en la implementación exitosa de cualquier acuerdo humanitario, dada la corrupción generalizada del gobierno.
-Presionar para que la respuesta humanitaria tenga en cuenta el impacto diferencial de la situación humanitaria en segmentos específicos de la población, como los indígenas, los discapacitados, los inmunodeprimidos y los que toman antirretrovirales, y otros en condiciones de vulnerabilidad.
-Alentar a los actores relevantes en Venezuela a priorizar acuerdos humanitarios que aborden el impacto diferenciado de la crisis de Venezuela en las mujeres y las niñas.
-Proporcionar los recursos humanos necesarios y otro tipo de apoyo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), para que pueda actuar con rapidez una vez que se hayan alcanzado los acuerdos y evitar retrasos que puedan desbaratarlos.
-Dar prioridad a los acuerdos humanitarios basándose estrictamente en su capacidad para abordar los problemas urgentes de acuerdo con los principios humanitarios y no en una lógica de obtención de crédito político.
-Apoyar acuerdos que amplíen el acceso de las organizaciones humanitarias y pongan fin a su represión.
-Comprometerse a financiar completamente el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela para 2021.