Este jueves la dirigente de Primero Justicia y defensora de los derechos humanos, Yajaira Castro de Forero, en compañía de familiares de los policías Metropolitanos Inspector en Jefe Héctor Robaín, Distinguido Luis Molina y el Agente Erasmo Molina que están cumpliendo 20 años privados injustamente de su libertad, acudieron a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), a interponer una denuncia en contra de la jueza Ada Marina Armas y exigir se otorguen las medidas alternativas de cumplimiento de pena de los imputados.
La dirigente justiciera explicó que a los funcionarios les toca por ley, desde el 2010, las medidas alternativas de cumplimiento de las penas, y que además por el tiempo que llevan privados de libertad, les corresponde la libertad condicional.
“Ellos tuvieron un juicio injusto y amañado, al no tomarse en cuenta ninguna de las pruebas que los favorecían, lo que conllevó a que fueran condenados a 30 años de prisión. Fue un juicio parcializado porque tenían a la jueza Maryori Calderón de su lado porque estaba casada con un dirigente del PSUV y era hermana de Tareck El Aissami, para ese momento Ministro de Interior, Justicia y paz”, aseguró.
Rechazó el hecho de que la jueza de manera reiterada y sistemática les ha negado los beneficios que les corresponden. “Ellos ya llevan 20 años privados injustamente de su libertad, fueron trasladados de la cárcel de Ramo Verde a la cárcel Fénix de Barquisimeto, alejados de sus familias. Por el simple hecho de ser policías, sus vidas están corriendo peligro”.
Acotó que en algunas oportunidades, para negarles la libertad, personeros del gobierno han manifestado que ellos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que es totalmente falso ya que en la sentencia aparece que fueron condenados por delitos comunes.
La dirigente opositora recordó, además la carta que envió el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, donde pide perdón a los Policías Metropolitanos, reconociendo que ellos habían sido condenados por instrucciones del entonces presidente Hugo Chávez.
“No podemos olvidar esa carta que aún tengo en mi poder, y es que en ella se reconoció que lo que se pretendía era que estuvieran presos a como dé lugar y, sin embargo, luego de hacerse pública la carta, aún están privados de su libertad y corriendo peligro. Fue el mismo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia quien dio la orden a la jueza Maryori Calderón y a los fiscales para que hicieran el juicio largo y condenarlos a 30 años, lo que muestra realmente cómo sucedieron los hechos”, aseveró la defensora de DDHH, quien estaba también en compañía de Katherine Molina Pérez, hija del preso político Luis Molina Cerrada.