El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentó este jueves su más reciente informe sobre las condiciones en que se realizarán las elecciones parlamentarias planificadas en Venezuela para el próximo 6 de diciembre.
El rector de la referida casa de estudios, padre José Virtuoso, fue el encargado de iniciar el evento, y señaló que, a través de un proceso electoral confiable, se puede llegar a una salida democrática a la grave crisis política, económica y social por la cual está atravesando Venezuela.
Hemos sido testigos en las últimas semanas de tres eventos electorales muy importantes, primero en Bolivia, luego en Chile y después en Estados Unidos. Eventos muy marcados en naciones con las cuales tenemos relaciones directas tanto como país y como venezolanos. En cada uno de esos países se evidenciaron crisis políticas muy graves, con sociedades tremendamente polarizadas y también con elementos de fuerte confrontación política, dijo Virtuoso.
Esos casos nos enseñaron que, a través de un proceso electoral debidamente institucionalizado, confiable, sometido a derecho, vigilado por los ciudadanos, controlado también por la vigilancia internacional, donde además hay confianza de los electores, los terribles problemas de esas sociedades han encontrado una salida democrática a la crisis, agregó.
Precisó que de no existir procesos electorales libres y confiables en países donde hay polarización y además una crisis humanitaria compleja, como es el caso de Venezuela, es muy poco probable que se pueda acomodar el rumbo del país.
En Venezuela estamos convencidos que solamente un proceso electoral debidamente desarrollado es lo que puede dar salida a la terrible crisis que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos cerrado en el país, la vía electoral como salida a la crisis que vive la sociedad venezolana. Por eso decimos que esta elección hecha bajo los parámetros bajo los cuales está programada simplemente profundizará la crisis, opinó.
Por su parte, el director regional de IDEA Internacional para América Latina y El Caribe, Daniel Zovatto, explicó que desde el año 2012 este organismo viene trabajando en Venezuela y emitiendo informes que tienen como objetivo mejorar las condiciones democráticas y electorales para garantizar unas elecciones justas y transparentes. Sin embargo, aclaró que no han sido tomados en cuenta por parte de las autoridades.
En el caso de Venezuela hemos dado estrecho seguimiento a su sistema político electoral desde hace ya varios años, constatando con mucha preocupación el gradual y creciente deterioro que viene sufriendo no solo la calidad de la democracia, sino también la integridad de sus procesos electorales, comentó.
Explicó que en los informes realizados desde 2012 han podido constatar una serie de patrones que se vienen aplicando en Venezuela en los procesos electorales, como el uso y abuso de los recursos públicos en cuanto a la campaña electoral, las irregularidades en el voto asistido, la falta de espacios para los candidatos de la oposición en los medios de comunicación públicos, la poca claridad en las auditorias del sistema automatizado, y esto nuevamente se repetirá para las elecciones del 6 de diciembre.
Si no se hacen los correctivos en este sentido, no se podrán generar las condiciones para un proceso electoral libre y transparente, aseguró.
Principales hallazgos
Percy Medina, director de IDEA Internacional para el Perú, y Eglée Gónzalez Lobato, abogada y directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, fueron los encargados de dar a conocer los principales hallazgos de la investigación. Explicaron que las condiciones electorales de los comicios parlamentarios 6 de diciembre están sumamente comprometidas.
De los muchos temas que el informe aborda, podemos decir que hay seis puntos que son medulares, siendo el primero de ellos el contexto sanitario en que se van a llevar a cabo estas elecciones porque existe la pandemia del COVID-19. Es un reto para cualquier país, realizar elecciones en condiciones de emergencia sanitaria ( ) No sabemos cómo la autoridad electoral va a garantizar toda la infraestructura que se utiliza en este tipo de procesos para evitar los contagios y, lamentablemente, en Venezuela los protocolos de seguridad sanitaria no se cumplen, señaló Medina.
En segundo lugar, afirmó que en Venezuela no se garantiza la autonomía de los partidos políticos, y colocó como ejemplo la intervención de algunas organizaciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, indicó, se debe garantizar que las organizaciones con fines políticos tengan algún tipo de inmunidad que no permita su judicialización.
Como tercer punto medular, alertan que las bases normativas para regir el proceso electoral del 6 de diciembre han sido dictadas en contradicción a diversos artículos constitucionales y legales. Por vez primera un Consejo Nacional Electoral se ha atrevido a eliminar de un plumazo la conquista desde hace 74 años que representa el voto directo, universal y secreto de la población indígena, señala el informe.
González Lobato se refirió a que el cuarto punto que se debe tomar en cuenta para lograr en el país unas elecciones justas y libres es el Registro Electoral.
Dijo que resulta esencial establecer un plazo prudencial para la realización de operativos especiales de inscripción y actualización de los datos de electores, dentro y fuera del país durante el mayor tiempo posible, incluyendo los fines de semana:
– La habilitación de más de 2.500 puntos de inscripción y actualización en Venezuela. Además, el CNE debe facilitar de manera permanente la actualización del registro habilitando al menos un centro de actualización por parroquia.
– Deben cumplirse irrestrictamente los criterios para la ubicación de los lugares en los cuales funcionarán los centros de inscripción y actualización.
– La habilitación de sedes consulares accidentales en las ciudades que aglutinen la mayor concentración de la diáspora, con el fin de complementar la capacidad de registro y actualización que pueda instalarse en las sedes consulares ordinarias.
– Realización de jornadas de cedulación en el exterior (en las embajadas y oficinas consulares).
– Revisión y modificación mediante acto resolutorio del nuevo CNE, para delimitar cual debe ser el documento demostrativo de la permanencia legal en el extranjero, tomando en cuenta los principios de participación popular, celeridad, eficiencia, equidad e igualdad.
– Una auditoría internacionalmente confiable debe incluir la revisión de las direcciones de las personas y el contraste con el Registro Civil, así como depuración de fallecidos, actualización de datos de ciudadanos movilizados nacional e internacionalmente e inscripción de nuevos electores.
En cuanto al secreto del voto, indicó que el CNE debe promover una campaña institucional seria que explique y detalle el secreto del voto, las funciones de los miembros de mesa y las garantías a la libertad y justicia electoral en el centro de votación. Igualmente debe prohibirse la intimidación a los ciudadanos antes, durante y después del acto electoral; garantizar el secreto del voto ante la máquina de votación y que el elector pueda ejercer el voto con libertad.
El informe igualmente señala que resulta necesario que se vuelva al financiamiento público a los partidos políticos participantes del proceso para la campaña electoral. Es preciso que se dicte una ley y se debata previamente sobre la importancia de establecer topes y controles efectivos sobre la procedencia de los ingresos a los partidos. En otro sentido es necesario establecer controles eficaces para la rendición de cuentas en el órgano electoral, toda vez que su incumplimiento no acarreará mayor consecuencia. De igual modo debe determinarse los actos que desde los gobiernos locales, regionales o nacional constituyen actos a favor de los candidatos oficiales. De lo contrario, se mantendrá la inequidad y la utilización indebida de los recursos públicos.
Con respecto al sistema automatizado de votación indica que la implementación de un nuevo sistema automatizado de votación requiere definir los protocolos de acción en, al menos, seis áreas claves: Hardware y software de la máquina de votación; hardware y software del sistema de totalización; revisión del sistema de autenticación al elector; sistema de programación de las máquinas de votación; infraestructura de comunicaciones y revisión del sistema de postulación de candidatos.
Añade que todas las auditorias deben ser presenciales, no virtuales lo que implica un desafío en medio de las medidas sanitarias por el COVID-19. La lista de auditorías realizadas hasta la fecha está diseñada en función del conocimiento y funcionamiento del sistema utilizado entre 2004 y 2017. Para esta nueva aplicación electoral es indispensable redefinir estas auditorías.
Clientelismo competitivo
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB), Benigno Alarcón, quien fungió como moderador durante la presentación del informe, sostuvo que lo que se percibe en Venezuela son mecanismos de clientelismo competitivo. Explicó que los regímenes autoritarios van una y otra vez a procesos electorales con la previa fragmentación de la oposición y conformación de una nueva, situación que no está directamente relacionada con condiciones electorales, pero sí con el juego político.
Agregó que la elección del 6 de diciembre es un proceso diseñado para que los resultados no generen ninguna sorpresa al gobierno, y que los partidos que participan sustituyendo o representando el rol de la oposición compiten entre ellos por un número mayor de curules y de manera incondicional, sin reclamos ni exigencias sobre las condiciones de la elección.
Alarcón aseguró que se agrandó la torta electoral sin ninguna justificación constitucional, generando una dinámica de clientelismo político-electoral que ha atraído a la competencia a unos 14 mil candidatos, lo que acarreará una enorme dispersión del voto entre los candidatos que no son pro gobierno, y atenta contra aquellos que no cuentan con los recursos para visibilizar sus nombres y ofertas.
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