Venezuela lleva 60 días de confinamiento y se emitió un decreto que establece una prórroga por 30 días más. Esta decisión preocupa por sus letales consecuencias a la ya deteriorada economía venezolana.
En este sentido, el economista e investigador de Cedice-Libertad, Oscar Torrealba, advirtió que el confinamiento podría convertirse en una política predilecta para la administración de Nicolás Maduro, debido a que es mucho más fácil de sostener en el tiempo que resolver los problemas económicos y de escasez que vive el país.
Evaluar las estrategias del régimen parte por caracterizar sus recursos a disposición: la producción de crudo durante abril del año en curso fue de 622.000 barriles diarios. El precio de la cesta venezolana se ubica, de acuerdo con cifras oficiales, en 13,41 dólares por barril. El Fondo Monetario Internacional estimaba una caída de 15% en el PIB antes de la crisis pandémica. Las reformulaciones de este cálculo, dado el nuevo escenario de pandemia y confinamiento, estiman una caída de hasta 28%, cifra que refleja el ya disminuido ingreso fiscal real por concepto de impuestos, advirtió.
Añadió que las reservas internacionales se ubican en tan solo 6,4 millardos de dólares, y el conflicto político descarta la posibilidad de acudir a organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo en busca de ayuda financiera y humanitaria.
Ante este escenario, indicó que el gobierno de Nicolás Maduro tiene muy poca capacidad de maniobra para resolver los problemas económicos y pronostica que tampoco sería capaz de modificar las políticas ya implementadas durante muchos años.
Este panorama deja en evidencia la poquedad de los actuales recursos del Estado y, por lo tanto, la nula o inexistente capacidad de maniobra. Es poco probable la ejecución de políticas como la disminución de la presión fiscal, el rescate de empresas, planes de recuperación y financiamiento, la búsqueda de otras estrategias de prevención del COVID-19 como, por ejemplo, la aplicación masiva de pruebas, mayor robustez del sistema de salud, explicó.
Sostiene que el confinamiento en cambio solo requiere de una gran capacidad de coacción, y al tener el régimen suficientes recursos para tal fin, se convierte esta en su política predilecta. Contará con ella como su punta de lanza en estos tiempos, caracterizados además por una escasez de gasolina, por lo que la aplicación del confinamiento es totalmente oportuno para diluir los males sociales que se derivan de este gran problema, dijo.
Precisó que la economía venezolana ya venía transitando una senda profundamente recesiva y el COVID-19 hizo que esto se profundizara.
El brote y contagio del SARS Cov2 significa, entre otras cosas, tomar medidas preventivas que impactan inevitablemente en la actividad económica no solo en Venezuela sino en todo el mundo. Esta situación compromete aún más la actividad comercial con el sector externo, el flujo de divisas por concepto de remesas, y la actividad económica interna, puntualizó.
Torrealba aseguró que la caída en la producción y en el salario real, junto con una hiperinflación sostenida, son razones suficientes para que muchos venezolanos hayan abandonado el empleo formal con ingresos fijos en busca de ingresos variables a través del emprendimiento y del comercio informal.
En una dinámica de supervivencia, muchos venezolanos cuentan con su actividad económica diaria para obtener los ingresos mínimos necesarios para su sustento básico, comentó.
Opinó, además, que las finanzas de los venezolanos han sido destruidas. No hay manera de hacer frente al confinamiento, porque no existe ahorro previo ni opciones de financiamiento. Mantener la cuarentena es insostenible, es humanamente imposible. Intentando evitar la pérdida de vidas por contagio del coronavirus, se está aumentando exponencialmente la probabilidad de perder vidas por hambre y miseria.
Las políticas de siempre
El investigador de Cedice-Libertad indicó que el Ejecutivo nacional no tomó ninguna medida extraordinaria para apaciguar el impacto económico del COVID-19.
La pandemia producto del COVID-19 coincidió con el plazo para el pago del ISLR. El régimen no dio tregua ante la posibilidad de exonerar o relajar el pago de este impuesto. Aún no se plantea una reducción del IVA, a pesar de la notoria disminución que genera el confinamiento en los ingresos y en la demanda de las familias, recordó.
Señaló que se resolvió ejecutar algunas transferencias directas, que ante la ausencia de fondos son financiadas con inflación, lo que es contraproducente para el poder adquisitivo, agravando aún más el problema.
De acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio de Gasto Púbico de Cedice, la inflación del mes de abril fue de 86,58%, acumulando 258% de variación durante el primer cuatrimestre y una inflación anual de 3.734%. La reacción oficial fue el traslado del costo político al sector privado, regulando el precio de productos básicos, lo que estimula el resurgimiento del desabastecimiento y el arbitraje de bienes en el mercado negro, lamentó.
Para concluir Torrealba alertó que Venezuela roza la menesterosidad. En este sentido, hacemos un llamado de emergencia. Urge un cambio inmediato para nuestro país.
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