En Venezuela se ha institucionalizado la tortura con el silencio cómplice de las instancias que deben proteger a los venezolanos, denunció este viernes 19 de julio la abogada y defensora de derechos humanos, Ana Leonor Acosta.
La abogada participó en el foro Juntos Contra La Tortura, realizado por distintas ONG garantes de los derechos humanos, en la sede del diario El Nacional en la ciudad de Caracas.
Desde esta organización hemos venido denunciando desde hace años los casos de tortura en el país y aun así no hay una investigación por parte del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo con respecto a la tortura en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro y sus agentes han torturado hasta matar, como ocurrió con el capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió por las torturas sufridas durante su tiempo en prisión. Vemos como diariamente las personas críticas al gobierno son detenidas y presentadas en tribunales con signos evidentes de tortura. En Venezuela hay una gran impunidad que lleva al incremento de estos casos, aseguró.
Insistió en la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos ante estos crímenes de lesa humanidad e informó que han solicitado a la Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), Michelle Bachelet, la creación de una delegación internacional de investigación de las torturas en Venezuela.
Queremos sensibilizar a los ciudadanos ante lo que ocurre y por eso crearemos la Red de Defensores de Torturas y realizaremos distintos comités de defensa de los derechos humanos en todo el país. Desde la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, hemos venido luchando por la libertad de los presos políticos y de Venezuela. No podemos permitir más impunidad y los responsables deben pagar por sus delitos, dijo.
Por su parte, el abogado e integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Alonso Medina Roa, denunció que en las cárceles del Estado venezolano se han registrado más de 250 casos de tortura a los llamados «presos políticos», entre los que hay civiles y militares.
Aseguró que todos los casos de tortura en Venezuela «han sido documentados y denunciados» ante «las sedes de los tribunales, bien sea militares o civiles» y, en presencia de los jueces y representantes del Ministerio Público (Fiscalía), sin embargo, los mismos han decidido archivar estos casos, lo que genera una grave situación de impunidad.
Violaciones de DD HH en el DGCIM
La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, denunció que los militares Luis de la Sotta, Igbert Marín Chaparro y Ruperto Molina, así como el civil Carlos Marrón, están incomunicados desde hace varias semanas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
«Lo último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo, y estas torturas bien sabemos que cuando las aplica el DGCIM pueden producir terribles resultados, como lo que ocurrió con el capitán Acosta Arevalo», advirtió.
Señaló que el Parlamento tiene «conocimiento de que todos los presos políticos en DGCIM siguen siendo torturados» de forma física y psicológica, e insistió en que las condiciones de detención son deplorables.
Edgar Zambrano totalmente aislado
El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Carlos Padilla, se pronunció sobre el estado de salud del primer vicepresidente del Parlamento diputado Edgar Zambrano, quien cumplió 10 días en huelga de hambre sin las condiciones mínimas de reclusión, lo que calificó como una tortura en contra del también vicepresidente del partido Acción Democrática (AD).
«Esto es prácticamente una tortura. Es algo inhumano mantenerlo totalmente aislado, en una cárcel de 2×2, sin poder ver la luz del día. Está padeciendo de su salud en este momento luego de 10 días en huelga de hambre. Aceptó que lo hidrataran hace dos días, es decir, tuvo 8 días sin hidratación», aseguró.
Precisó que el parlamentario está pidiendo tener acceso a libros, visita de sus familiares y libertad para sus cuatro acompañantes. «Edgar Zambrano está exigiendo sus derechos, poder leer, visita de su esposa, hijas y nietas, exigimos al Gobierno Nacional, que se le garanticen sus derechos», indicó Padilla.
Impunidad ante represión y torturas
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció en una rueda de prensa que los policías detenidos por el caso Rufo Chacón, el joven de 16 años de edad que perdió la visión al recibir un disparo de perdigones en la cara, todavía se encuentran en la sede de la Policía de Táchira (PoliTáchira) y no en la cárcel de Santa Ana, a pesar de tener orden judicial de traslado.
En fecha 4 de julio concluyó la audiencia de presentación donde se imputó a los policías. La sorpresa es que estos individuos se encuentran en el estado Táchira, en la misma policía que se hizo cómplice de la violación a los derechos humanos, indicó.
Insistió en que no hay ninguna orden del tribunal que haya establecido que ellos sean resguardados en la propia policía para la cual trabajaban cuando agredieron brutalmente a Rufo Chacón.
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