El futuro y la soberanía de Venezuela están hipotecados con la explotación irracional del oro y otros minerales contenidos en un área de 112.000 kilómetroscuadrados equivalentes a 12% del territorio nacional, denunció la economista Oly Millán. Con el decreto 2.248 de febrero de 2016 que crea la zona estratégica nacional Arco Minero del Orinoco, el gobierno de Nicolás Maduro profundiza su modelo depredador y extractivista.
Destacó que la falta de transparencia informativa y la no realización de los estudios ambientales y socioambientales requeridos para aprovechar los enormes recursos naturales de la zona llevó a introducir una demanda contra el decreto por parte de la Plataforma en Defensa de la Constitución.
Millán, ministra de Economía Popular en 2006 y representante de la Plataforma, alertó que la superficie involucrada no es cualquier cosa porque es más grande que Cuba o Suiza además de estar ubicada en la Amazonía, reservorio ambiental de la humanidad.
El 31 de mayo de 2016 introdujeron ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Recurso de Nulidad por ilegal e inconstitucional con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el decreto 2.248.
Sin embargo, en diciembre de 2018 y sin participar a la parte demandante, el TSJ falló en contra utilizando la figura de desistimiento tácito, la cual según asegura Millán, no procede porque el decreto afecta y perjudica a todos los venezolanos y en especial a más de 10 comunidades indígenas que habitan la zona como waraos, piaroas, kariñas, sanemas, entre otras.
La economista recalcó que el decreto presidencial se saltó la Constitución y el marco legal existente como la Ley del Ambiente y la obligatoriedad de que el Arco Minero del Orinoco cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional. La opacidad de la información del gobierno es total: se desconoce si se realizaron los estudios de impacto ambiental y social, el contenido de los contratos firmados con las empresas mineras, cómo y cuánto es la extracción de oro y otros minerales preciosos y estratégicos, y la recaudación fiscal, entre otros puntos importantes, refirió Millán.
Advirtió que el decreto 2.248 profundizó los problemas de la explotación ilegal y el contrabando de extracción con la presencia de las mafias y pranes mineros y la guerrilla colombiana en la zona. Existen denuncias de que el oro sale irregularmente por el Caribe.
Señaló que la sentencia del TSJ no es firme y que la Plataforma continuará la lucha para derogar el decreto.
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