Las grandes empresas energéticas del mundo siguen viendo a Venezuela como un país de alto riesgo para ejecutar proyectos de hidrocarburos.
Dicha apreciación no solo se debe a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y personeros de la administración de Nicolás Maduro, aseguraron fuentes calificadas del sector petrolero que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
«La enorme deuda -calculada en 40.000 millones de dólares- de Pdvsa con socios extranjeros establecidos en el país, además de empresas contratistas y proveedores, es una razón de mucho peso para que nuevas empresas extranjeras evalúen arriesgar inversiones mil millonarias en proyectos de hidrocarburos en Venezuela», sostuvo un consultado.
Agregó que el riesgo aumenta con «la falta de claridad en cuanto a las garantías de retorno de la inversión a las casas matrices, debido a que la legislación venezolana impide acudir a los tribunales de arbitraje internacional para dirimir diferencias entre las partes».
Licencias para exportar
Respecto a las decisiones del Ejecutivo de conceder licencias para exportar hidrocarburos a empresas extranjeras ya establecidas en Venezuela, las fuentes explicaron que para esas compañías esos permisos son la manera de recuperar las inversiones realizadas y hacer que Pdvsa les pague las deudas pendientes.
A finales de 2022, el gobierno de Joe Biden flexibilizó las sanciones económicas contra Venezuela, al permitir a Chevron retomar sus operaciones produciendo 90.000 barriles diarios -volumen que esperan duplicar en el corto/mediano plazo- con fines de exportación a refinerías estadounidenses.
«La deuda actual de Venezuela con Chevron supera 3.000 millones de dólares en dividendos y pasivos vencidos de sus empresas mixtas con Pdvsa», alertó un consultado.
En los último días, el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, anunció que habían dado licencia a las petroleras ENI de Italia y Repsol de España para exportar hacia Europa parte del gas que ambas empresas explotan en el campo Perla IV, ubicado al norte del estado Falcón, en el occidente venezolano, con reservas de 9,51 billones de pies cúbicos de gas libre no asociado y 182 millones de barriles de condensados.
En 2011 se concretó el acuerdo que en una primera fase y con una inversión de 1.500 millones de dólares produce 500 millones de pies cúbicos para abastecer de gas al mercado interno de hidrocarburos.
El proyecto contempla una segunda fase para elevar la producción a 800 millones de pies cúbicos de gas.
Las fuentes precisaron que como en el caso de Chevron, ENI y Repsol buscan cobrar la deuda de Pdvsa por la inversión realizada y los volúmenes de gas suministrados a los consumidores en Venezuela.
«Con la posibilidad de exportar gas líquido natural, estas petroleras recuperarán lo que Pdvsa les debe», dijo un consultado.
Reveló que igual que Chevron «no habrá nuevas inversiones adicionales por lo menos durante el primer año de vigencia de los nuevos contratos de reactivación de las operaciones que permiten exportar».
Las fuentes señalaron que la segunda fase del desarrollo en Perla conlleva inversiones superiores a las de la fase uno, debido a que deberán instalarse plataformas de producción costa afuera.
Según las fuentes, la buena marcha de aquí en adelante de los negocios de Chevron, ENI y Repsol en Venezuela, así como el cumplimiento de lo acordado por parte de Pdvsa y el Ejecutivo con sus socios extranjeros, serían una señal positiva a otros inversionistas y empresas extranjeras para ejecutar nuevos desarrollos de hidrocarburos en Venezuela.
Sin embargo, las fuentes advirtieron que la trama de corrupción en Pdvsa destapada en febrero «es una mancha de desconfianza hacia los inversionistas petroleros».