La reciente orden del Ejecutivo de paralizar -así sea temporalmente- la criptominería representa una disminución del consumo de esa actividad de entre 1.000 y 1.100 megavatios (MW) de electricidad, aseguraron fuentes del sector energético que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
«En un país donde el déficit de la demanda eléctrica es recurrente, el retiro del mercado de los consumidores dedicados a la minería significa un ahorro importante de la demanda eléctrica nacional en beneficio de otros usuarios del servicio», precisó un consultado.
Explicó que la criptominería implica conectarse ininterrumpidamente 24 horas diarias y 365 días al año a la computadora para realizar las operaciones en criptomonedas requeridas.
«Eso es un consumo bárbaro de electricidad», sostuvo un consultado.
Las fuentes destacaron que desde 2020 -cuando la administración de Nicolás Maduro legalizó la actividad- se disparó en Venezuela el número de criptomineros, quienes actualmente son miles entre los legales y los clandestinos.
«Del consumo eléctrico nacional de entre 10.000 y 11.000 MW, la criptominería absorbe 10%. Esto es casi la capacidad instalada de generación de una planta termoeléctrica como Tacoa, en el estado La Guaira, que tiene 1.200 MW de potencia», reveló un consultado.
Agregó que la demanda del sistema eléctrico nacional presenta un déficit recurrente de unos 2.000 MW de energía.
Esta situación obliga a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a realizar racionamientos a través de su programa de administración de carga.
Las fuentes indicaron que los bajos precios de la electricidad en Venezuela fomentan actividades intensivas en el consumo de energía como la criptominería.
Debido al escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) destapado en los últimos días que involucra a personeros oficialistas relacionados con las criptomonedas, entre ellos Joselit Ramírez, quien se desempeñaba como presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, el Gobierno de Maduro ordenó una reestructuración interna de la Sunacrip y el cese temporal de operaciones a exchanges de criptos.
Representantes de este último sector expresaron que la medida del Ejecutivo no debe mantenerse demasiado tiempo, pues estarían en peligro numerosos empleos y usuarios relacionados con la actividad cripto.