La tarde del jueves 23 de agosto, la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta de del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral, informó que el máximo tribunal convalidaba los resultados electorales del pasado 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según los cuales Nicolás Maduro había sido reelecto presidente de Venezuela.
Más de una decena de países, así como la oposición venezolana rechazó el fallo del TSJ, por lo que HispanoPost conversó con el Edward Pérez, abogado constitucionalista, consultor en derechos humanos y candidato doctoral de University College London, para analizar el panorama político nacional tras la sentencia.
–¿La sentencia emitida ayer por el TSJ es constitucionalmente viable?
-La sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia por vía de su Sala Electoral no tiene ningún tipo de fundamento jurídico por muchas razones. La razón principal es porque se inventaron un proceso constitucional inexistente, en donde la Sala Electoral asumió una competencia que ni constitucional ni legalmente tenía para proceder a certificar unos resultados. La Sala Electoral únicamente tiene competencia para declarar la nulidad de acciones relacionadas con las elecciones.
Es decir, la Sala Electoral podría declarar la nulidad de algún acta o declarar la nulidad del proceso electoral como un todo, pero un proceso de certificación de elecciones en los términos que lo hicieron no es su competencia, porque no tienen la capacidad técnica y niel amparo constitucional ni legal para poder hacerlo. Incluso en el supuesto de que eso sí lo podían hacer, el proceso de la Sala Electoral igualmente tuvo muchísimos problemas de base.
Por ejemplo, cuando se hizo la convocatoria a todos los partidos políticos y a los candidatos, ellos no sabían a lo que iban. No sabían si estaban como imputados, si eran parte del proceso, si eran testigos. No quedaba claro el rol y eso constituye una violación al derecho a la defensa. En el mismo espíritu, el proceso de peritaje estuvo muy mal hecho. Nunca se supo quiénes eran los peritos, nunca se permitió que se promovieran peritos distintos ni acordados por todos los partidos. Tampoco pudieron presentar una propuesta de un peritaje distinto.
No sabemos la metodología que se siguió para hacer ese peritaje, que son todos los requisitos constitucionales, como parte del derecho a la defensa, que sí está reconocido constitucionalmente en Venezuela. Hay una violación flagrante al derecho a la transparencia electoral, que es precisamente el derecho a que toda la documentación que permita certificar los resultados electorales tiene que ser pública y disponible para todas las personas y todas las entidades que tengan interés en el tema por el simple hecho de que esa transparencia es lo que garantiza la credibilidad del proceso.
El hecho de que el Consejo Nacional Electoral y ahora tampoco el Tribunal Supremo de Justicia divulguen las actas y muestren lo que está ocurriendo allí profundiza una violación constitucional al acceso a la información y que mantiene el statu quo de falta de credibilidad y correlativa violación al derecho a la participación política y a la garantía de soberanía que está prevista en la propia Constitución.
Se están violando los derechos de todas las personas que votaron en este proceso, no solamente al desconocer el voto sino, además, al no divulgar la información importante necesaria para poder darle credibilidad a lo que anunció el Consejo Nacional Electoral y que las actas que la oposición divulgó muestran que no era cierto.
–¿Con esta sentencia se tranca el juego político en Venezuela?
-La sentencia no va a generar un impacto real en lo político. Se sabía que la sentencia venía en esas horas de la mañana, tanto que María Corina Machado como Edmundo González habían emitido sus posiciones anticipándose a que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara estas elecciones. Esto es exactamente el mismo método de lo que ocurrió en la República Democrática del Congo hace en 2018.
No cambia nada porque en el fondo están buscando una forma de legitimar los resultados electorales, pero no corrigen las falencias más importantes que son las relacionadas al tema de la transparencia electoral.
No hay ningún motivo para creer que algo va a cambiar a partir de este momento. No hay motivo para creer que fueron legitimadas las elecciones, sino, por el contrario, lo único que se evidencia ahora aún má, es lo mismo que la misión independiente de determinación de hechos de Naciones Unidas ya había verificado y que se pronunció recientemente al respecto, que es que el Poder Judicial venezolano no es independiente y sirve como un instrumento para avanzar el proyecto político de Nicolás Maduro.
–¿Cómo quedan parados la oposición y el oficialismo tras esta sentencia? ¿Se puede apelar? ¿Tiene sentido?
-La sentencia no puede ser objeto de apelación y a pesar de que existe un recurso extraordinario de revisión prevista en la Constitución, bajo el cual la Sala Constitucional venezolana podría revisar la sentencia de la Sala Electoral. Pero este es un proceso que en este momento no tendría sentido porque la Sala Constitucional tiene exactamente los mismos vicios que la Sala Electoral de falta de independencia y de ser un órgano no independiente que va a profundizar y avanzar el proceso político a favor de Nicolás Maduro. No tendría sentido avanzar ningún tipo de recurso contra esa decisión.
Existen mecanismos internacionales de protección de derechos humanos ante los cuales se pueden presentar este caso, como una vulneración al derecho a la participación política. El Sistema de Naciones Unidas tiene varios mecanismos para poder avanzar en ese tipo de casos y también se puede observar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un seguimiento cercano a la situación de los derechos políticos en Venezuela.
Existen estas rutas internacionales, pero que tampoco van a ser cruciales al momento de mover un poco el panorama político venezolano más allá de que se constituirían en mecanismos adicionales para ejercer presión política, no solamente sobre Venezuela, sino también sobre aquellos países que no se han pronunciado de forma contundente con respecto al caso venezolano, a la legitimidad de este proceso y que, de alguna forma, también podrían ser interlocutores, mediadores hacia poder alcanzar un fin a esta crisis política que definitivamente no se va a resolver por la vía de los tribunales.
–¿La comunidad internacional puede mediar en el conflicto político interno, tras esta sentencia?
-La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dentro de la narrativa de Maduro estaba dirigida principalmente a los gobiernos de Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México), quienes siempre han sido aliados fuertes de Nicolás Maduro, pero que en este momento se han estado distanciando por el resultado de la violación a los derechos políticos de todos los venezolanos.
En ese espíritu, la pregunta que queda en el aire es si estos tres gobiernos van a reconocer, dar validez a esa sentencia y a darle legitimidad al proceso electoral con base en esa sentencia. En ese supuesto, esos tres gobiernos tendrían que asumir el costo político que trae de avalar un modelo autoritario que está abiertamente vulnerando la voluntad popular.
O que a pesar de la sentencia continúen sus esfuerzos de mediación, de diálogo con Nicolás Maduro para lograr que se destranque el juego político a través del inicio de una transición hacia una democracia que sea estable y duradera en reconocimiento de la voluntad popular en Venezuela.