Fedecámaras escogió el pasado viernes 21 de julio de 2023 a su nuevo presidente para el período 2023-2025. Adán Celis Michelena, administrador y ex primer vicepresidente, es quien ahora encabeza la cúpula empresarial del país y desde ya deja claro que su gestión estará marcada por la continuidad, innovación y transformación, bajo la propuesta llamada “Una nueva Vocación para Venezuela”.
Celis aseveró que mantendrá su respeto y reconocimiento al Estado venezolano, por lo que espera poder trabajar en conjunto para fortalecer la producción nacional.
-¿En qué aspecto hará énfasis en su gestión? ¿Cuál es su objetivo?
-Sin duda alguna, el énfasis de esta gestión, junto al excelente equipo que me acompaña, integrado por Felipe Capozzolo, Tiziana Polesel y Rafael Trejo, se basará en tres términos fundamentales que son continuidad, innovación y transformación.
Con la continuidad queremos destacar el apoyo al plan iniciado por mi antecesor Carlos Fernández, mediante el cual se delineó el Plan “Camino al Futuro Venezuela 2035”, que sentó las bases, la hoja de ruta, para fortalecer el sector privado desde las regiones y cuál debe ser el modelo de desarrollo a perseguir para lograr ser un país con mayor bienestar para sus ciudadanos, siempre apuntando al rol que la empresa privada tiene con el país.
Traemos una propuesta innovadora llamada “Una nueva Vocación para Venezuela”. Ya no podemos seguir siendo un país rentista. Hay que seguir avanzando hacia un país productivo. Un modelo en el cual le demos prioridad a todos y cada uno de los venezolanos.
Nuestro objetivo no es otro que, en el marco de nuestro rol como empresarios, influir en la generación de políticas tendentes a mejorar las condiciones para que las empresas puedan seguir desarrollándose, ofreciendo mejoras en la calidad de vida de un amplio número de conciudadanos, generando empleos dignos. Hay que multiplicar las posibilidades de empleo, mejorar las remuneraciones y allí vamos con la transformación.
El modelo a seguir debe ser transformador. Hay que ir a un marco jurídico que atraiga y motive las inversiones, tanto nacionales como internacionales, para de esta manera llevar más bienestar y calidad de vida a nuestros connacionales.
Nunca hemos sido espectadores pasivos de la realidad que nos rodea, pero deseamos incrementar nuestra participación para hacer de éste un mejor país.
-Ahora que se está iniciando una nueva etapa en Fedecámaras con usted al frente, ¿qué tipo de relación considera que la cúpula empresarial debe tener con el Estado?
-La que debe existir entre todos los venezolanos. Todos tenemos el mismo objetivo. El de salir de la difícil circunstancia por la cual estamos atravesando en la búsqueda de ser un mejor país. Somos venezolanos, y entre nosotros no debe haber diferencias en cuanto a eso.
El respeto y reconocimiento deben ser parte fundamental de toda relación, y debe dejar de ser noticia los encuentros entre los funcionarios gubernamentales y los representantes del sector privado. Eso, debe ser una condición normal, como puede ocurrir en cualquier país del mundo.
Seguimos trabajando en la búsqueda del entendimiento, en la búsqueda de soluciones que nos llevan a seguir avanzando en el diseño de estrategias y políticas para fortalecer el aparato productivo del país y a todo el sector privado.
En todo momento debe prevalecer la sindéresis y el pleno entendimiento de que juntos haremos posible enrumbar nuestra economía en ese sentido. Ya hemos visto importantes señales por parte del Ejecutivo, entre ellas la aprobación de la Ley de Armonización Tributaria, la implantación del Estado Mayor Contra el Contrabando, la regulación de los envíos “puerta a puerta”. En este último aspecto había que poner algo de orden, porque se estaba saliendo de control. Así que considero que vamos bien.
A los sectores público y privado nos une el inmenso amor por Venezuela. Y el respeto y el reconocimiento han sido importantes factores que nos han permitido avanzar en la consolidación de una relación necesaria entre ambas partes.
-¿Cuál es el papel que usted cree que tiene que jugar la empresa venezolana en estos momentos?
-El de continuar siendo uno de los principales actores en este país. En seguir fomentando inversiones, que vengan empresarios foráneos y nacionales a invertir en proyectos que generen mayor número de empleos y bienestar y calidad de vida para nuestros connacionales.
En seguir influyendo frente al Estado para que se pongan en ejecución diversas políticas, planes y programas para fortalecer la economía nacional. Siempre ha sido prioritario, y hoy más que nunca, contar con empresarios nacionales fuertes y competitivos, ya que ello lleva un importante mensaje de gran capacidad de progreso.
Entonces, nuestro rol es fundamental y lo asumimos con todo el compromiso que ello implica. Es un reto. Nosotros como empresarios debemos ser generadores de riqueza para todos.
Es por ello que debemos seguir apuntando en la búsqueda de mecanismos que permitan a todos, desde el emprendedor más pequeño, hasta el empresario más fuerte y exitoso, llevar con éxito nuestra gestión.
¿Simplificación tributaria?
-¿Qué significa para los empresarios que exista un solo RIF? ¿En qué los beneficia?
-El Registro único de Información Fiscal (RIF) continúa siendo el mismo número de Registro de Contribuyentes llevado por la autoridad tributaria nacional. El efecto positivo para los contribuyentes es que simplifica las acciones del ente recaudador nacional, estadal o municipal, armonizada y coordinadamente en la identificación de los contribuyentes.
-Ya aprobaron la Ley de Armonización Tributaria, ¿es una ventaja o desventaja para los comerciantes?
-La ventaja es que se logró sancionar una Ley que busca promover el desarrollo armónico de la economía, con intención de elevar la calidad de vida de nuestra población.
Establecer un límite máximo para la alícuota del impuesto municipal de 3% a la actividad de industria, comercio, servicios o de índole similar, claramente mitigará los excesos que se venían observando en algunos municipios.
Se abre la oportunidad de que los municipios otorguen vía ordenanza municipal “rebajas al Impuesto a las actividades económicas” de al menos 30% del monto a pagar en casos de realizar actividades específicas y descritas en la Ley, por ejemplo, al realizar labores permanentes de saneamiento, mantenimiento y/o mejoras al municipio.
También se abre un espacio que manifiesta simplificación y celeridad de trámites, el cual debemos observar cómo será materializado.
En las desventajas visibles destacan: no considerar al sector privado como parte integrante del Consejo Superior de Armonización Tributaria.
En aras de establecer la finalidad de esta Ley, la cual manifiesta que favorecerá la optimización y eficiencia de los procesos tributarios estadales y municipales, la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica de los contribuyentes y generar certeza y seguridad jurídica sobre los procedimientos tributarios, consideramos importante integrar al sector privado como voz activa ante el Consejo Superior, y que en la normativa que desarrolle a esta Ley se pueda considerar la consulta a las organizaciones más representativas de este sector en la medida que un determinado impuesto los afecte.
Otra desventaja visible es la alícuota que excepcionalmente se establece de 6,5% aplicable a los ingresos brutos obtenidos para algunos ramos de la economía.
Estaremos atentos a observar lo que dispondrán las ordenanzas en este aspecto, para aportar ideas que sean equitativas entre en interés recaudador y la capacidad contributiva de nosotros los contribuyentes.
-La Ley ya fue aprobada, pero ahora cuál es el tiempo que se debe esperar para regular toda esta norma en los municipios y gobernaciones, con sus porcentajes, alícuotas.
-La Ley ha sido sancionada por la Asamblea. Sin embargo, aún se espera su publicación vía Gaceta Oficial. La Ley sancionada establece que los estados y municipios deberán adecuarse al manifiesto de esta Ley, dentro de un plazo de 90 días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Oficial.
Y cómo aspecto positivo destaca que una vez entrada en vigencia dicha Ley los estados y municipios no podrán cobrar alícuotas que excedan los límites previstos en la Ley.