Con el cierre definitivo del caso contra el banquero ítalo venezolano Julio Herrera Velutini tras el indulto concedido por el presidente Donald J. Trump, el foco legal se traslada ahora a una serie de litigios que buscan esclarecer el manejo de los activos de Bancrédito International Bank & Trust Corporation durante su proceso de liquidación y establecer responsabilidades. Bancrédito Holding Corporation (BHC), accionista único del banco, activó procesos judiciales en Puerto Rico y Florida relacionados además con la asesoría legal, que estima desembocaron en medidas innecesarias e infundadas que han perjudicado a la institución.
Luis Zapata, CEO de BHC, afirmó que la empresa confía en que los tribunales actúen con rigor en este proceso. “Con el cierre del caso penal y el indulto presidencial que restablece plenamente la situación jurídica de nuestro fundador, confiamos en que de nuevo la justicia prevalezca y los bienes regresen a sus verdaderos dueños”.
El enero, la jueza federal Silvia L. Carreño desestimó el caso luego de que los coacusados aceptaran el indulto pleno e incondicional otorgado por el Presidente Donald J. Trump. El expediente, que comenzó con acusaciones de corrupción pública y fue posteriormente reducido a una infracción menor de financiamiento electoral, quedó sin efecto legal tras la clemencia presidencial. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron a Fox News que todo el caso es un ejemplo de persecución política.
Demandas por mala praxis
BHC mantiene una demanda contra los bufetes McConnell Valdés LLC, Holland & Knight LLP y McDermott Will & Schulte LLP, por negligencia y mala praxis profesional durante las negociaciones con la Red de Control de Delitos Financieros. La querella sostiene que los abogados habrían aconsejado aceptar una Orden de Consentimiento que derivó en una multa millonaria infundada, dado que evaluaciones previas afirmaban que los programas de cumplimiento de la institución eran adecuados. Según el escrito, los abogados omitieron argumentos disponibles y aconsejaron al banco aceptar hechos sabiendo que eran inexactos, lo cual afectó su situación regulatoria.
En el N. 17 de la demanda, presentada en el undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, se señala que en 2020 McConnell Valdés y Holland & Knight enviaron una carta de opinión conjunta a los reguladores de Puerto Rico afirmando que los programas de cumplimiento del banco eran adecuados. Incluso aseguraron que ciertos reportes no eran necesarios. Sin embargo, cuando FinCEN abrió su investigación, esos mismos bufetes supuestamente desconocieron sus posiciones anteriores, omitieron argumentos disponibles y aconsejaron al banco aceptar hechos sabiendo que eran inexactos (#48). “Cualquier abogado razonable no habría aconsejado al banco aceptar esa Orden de Consentimiento”, dice el texto.
En 2023, BHC demandó a Driven Administrative Services, designado como síndico para actuar como junta directiva del banco durante la liquidación. En esa demanda acusa a Driven de incumplir su deber fiduciario al suscribir la Orden de Consentimiento con FinCEN basándose en la asesoría negligente de los abogados del banco. El escrito además sostiene que, una vez reembolsados todos los depositantes a inicios de 2023, los activos restantes debían volver al banco y sus accionistas. En cambio, Driven supuestamente retuvo o vendió obras de arte valoradas en más de 22 millones de dólares, a pesar de que ya no existían obligaciones con los ahorristas. Entre las obras de arte se encuentra la pintura “Nuestra Señora de Nueva York”, del maestro colombiano Fernando Botero, propiedad del Trust al que pertenece el banco. La identidad de los supuestos compradores hasta ahora es un misterio.
Las demandas establecen que tanto Driven como los bufetes, contribuyeron directamente al manejo indebido del proceso de liquidación del banco, a la imposición de una multa desproporcionada e innecesaria, y al mal manejo de sus bienes.
“Nuestro objetivo es proteger los activos y el legado institucional que fueron comprometidos durante este proceso”, agrega Zapata. Las demandas buscan determinar si el proceso fue ejecutado conforme a derecho o si, como alega BHC hubo actuaciones que necesitan ser reparadas judicialmente.