“Cada vez que hay una negociación Maduro usa a los presos políticos como ficha de cambio”

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Desde el arresto del dirigente de Voluntad Popular (VP), Freddy Guevara, el pasado lunes, la administración de Nicolás Maduro ha adelantado una especie de “cacería de brujas” contra un nutrido grupo de activistas de la tolda naranja. Arrestos, allanamientos y amenazas son parte del menú que ofrece el oficialismo justo antes de iniciar un nuevo proceso de negociación y acuerdo con la oposición venezolana.

Para los defensores de los derechos humanos y abogados de diversos presos políticos, Omar Mora Tosta y Joel García, estas acciones del oficialismo no solo buscan dividir a la oposición, sino también crear una oposición a su medida que apruebe, o al menos no rechace. las decisiones que se emiten desde Miraflores.

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 “Cada vez que hay un proceso de negociación, el régimen hace uso de la práctica de la ‘puerta giratoria’ de los presos políticos. Echa mano de ellos porque los usa como rehenes, como ficha de canje, para elevar el costo político de cualquier negociación que se está haciendo, utilizándolos a ellos y las condiciones en las que estén, incluso en instancias internacionales”, dijo Mora Tosta, abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas.

Similar opinión tiene Joel García, abogado especialista en Derecho Penal: “La frase de la ‘puerta giratoria’, es porque ellos renuevan el inventario de presos políticos. Cada vez que hay un proceso de negociaciones, hacen un intercambio de tres o cinco presos políticos a cambio de no sé qué. Pero tienen que renovar el inventario de presos políticos para seguir presionando. Es también una demostración de que no retrocede y que son ellos quienes mantienen el poder. Lo que pareciera es que quieren acabar con el partido Voluntad Popular”.

Lo ocurrido hasta ahora

Todo esto comenzó el pasado 2 de julio, cuando funcionarios de los cuerpos de seguridad de Maduro detuvieron a Javier Tarazona, director de FundaRedes, junto a otros dos activistas de la ONG. Posteriormente, se llevaron detenido a Freddy Guevara y en el transcurso de las horas mientras se desconocía su paradero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, hizo una serie de señalamientos en contra de un grupo de partidarios de VP, quienes supuestamente están vinculados a los hechos violentos suscitados en la Cota 905 y a delitos internacionales.

Sobre los señalamientos de terrorismo y asociación para delinquir contra Guevara y demás activistas de VP, García dijo que: “Lo único que es real es que están ocurriendo detenciones arbitrarias. Es totalmente falso que la gente de Voluntad Popular esté involucrada con los hechos ocurridos con las bandas delincuenciales de la Cota 905 y sectores aledaños. Debemos recordar que, desde hace rato, quieren invalidar o eliminar al partido Voluntad Popular”.

Recordó que en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia “reposa una solicitud para que se detecte al movimiento VP como una organización criminal, eso está pendiente”.

 Advirtió que también hay que recordar que cuando Leopoldo López se fue a España inmediatamente metieron preso al periodista Roland Carreño, a quien acusan, entre otras cosas, de financiar el terrorismo. “Le sembraron un fusil para poderlo aprehender y también se le vincula con la salida de Leopoldo López, como el operador logístico de esa fuga. Además, le pusieron el delito de asociación para delinquir”.

Para Mora Tosta, es un intento de parte de Maduro de demostrar poder. “Esta nueva ola de represión contra la disidencia del país, representada por los diputados de la Asamblea Nacional y la alternativa democrática, y dirigentes de partidos políticos, especialmente de Voluntad Popular, lo que denota es la ferocidad con la que actúa el régimen para reprimir a quienes no están de acuerdo con él. Con esas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas que estamos viendo pareciera que lo que se pretende es eliminar a Voluntad Popular del camino y configurar con el ‘alacranismo’ una suerte de oposición a la medida, como lo necesitaría el régimen para poder actuar a sus anchas”.

Montaje sin pruebas

Ambos juristas aseguran que la administración de Maduro no suele presentar ante tribunales pruebas de sus acusaciones. Jorge Rodríguez presentó una serie de capturas de pantalla que, supuestamente, reflejaban conversaciones entre varios activistas de VP para financiar a bandas violentas en Caracas.

García explicó que esto sucedió con el expediente de Roland Carreño: “En la audiencia preliminar lo señalaba. Allí el fiscal no dice a qué organización criminal pertenece, a qué organización criminal financia, con quién está asociado, es decir, una acusación totalmente abstracta. Pero llama la atención que el viernes pasado, antes de que comenzaran estas detenciones, el fiscal trajo un hecho nuevo y nombró Voluntad Popular en esa audiencia”.

Aseguró que “esos hechos nuevos son totalmente ilegales porque la investigación ya había concluido”. “En la misma audiencia se estaban emitiendo las órdenes de captura que se están ejecutando ahora. Lo que dijo el fiscal, que se les está queriendo vincular con el Koki y demás delincuentes, es falso porque eso no tiene sustento ni en hechos ni en derechos de esos expedientes. Es totalmente falso que ellos tengan relación con las bandas del Koki porque si fuera así hace mucho tiempo que hubiesen detenido a los dirigentes de VP y hubiesen acabado con el Koki”, indicó.

Mora Tosta reiteró que se trata de un intento del madurismo de crear una oposición “complaciente”. “Una pseudo oposición que complace y tolera las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y todo lo que ha pasado. Que está dispuesta a convalidar todas las actuaciones del régimen, incluyendo la designación de autoridades completamente ilegales y el llamado a procesos electorales viciados de nulidad absoluta desde el inicio, sin existir las condiciones para ello”.

Puntualizó que este tipo de acciones pueden ser denunciadas como crímenes de lesa humanidad: “Los presos y perseguidos políticos no han cometido un delito. Su único delito es pensar distinto, expresarlo y tratar de buscarle una salida a la crisis política y humanitaria compleja que aqueja a este país, incluso ahora con la pandemia de la COVID-19, donde se necesitan las vacunas que, lamentablemente por situaciones ideológicas, no se están dando a la población, lo cual podría constituirse como un nuevo crimen de lesa humanidad. Las violaciones a los derechos humanos y el acoso a familiares por supuesto que son denunciables y no prescriben. Siempre estará pendiente esa cuenta para aquellos que violen derechos humanos en este país”.

Para culminar, García expresó su disconformidad: “Resulta que el Koki y su banda están libres, mientras Guevara y otros activistas están tras las rejas, incluso hasta de FundaRedes, que no tienen nada que ver con esto”.

“Lo que están buscando es el derecho penal del autor, es decir, yo no te persigo por lo que hiciste, sino por quién eres. Todos estos hechos que constituyen violaciones graves a los derechos fundamentales y a las garantías son acciones que se constituyen en delitos imprescriptibles a la luz de lo que establece nuestra Constitución, en su artículo 29”.

Recordó que se espera que el próximo 23 de julio la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre la investigación que se ha solicitado a la Fiscalía de esa instancia a funcionarios del alto mando de Venezuela. También hizo mención a los informes realizados desde la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, pues se espera que en septiembre la misión de determinación de hechos realice un nuevo reporte con relación a las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos en el país.

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Keissy Bracho
Keissy Bracho
Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual Especializada en Comunicación Política, Opinión Pública, Marketing Político, Gestión de Políticas Públicas. Aprendiendo de Género

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