Entre marzo y septiembre, meses de cuarentena en Venezuela, el abandono de niños aumentó, mientras que las adopciones se paralizaron, afirmó la organización no gubernamental Proadopción.
Antes de la pandemia no había normalidad ni fluidez, pero lo que ocurre de marzo a esta fecha es que sencillamente las adopciones están paralizadas. La única señal del sistema de protección la ha dado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerrando los tribunales y posibilitando los casos en curso o emergencias, pero las medidas judiciales de protección general no se están dictando, y lo duro es que durante el confinamiento se han incrementado y acumulado los casos, indica el director general de Proadopción, José Gregorio Fernández.
En consecuencia, son más los niños que ingresan a las casas hogares que los que salen de ellas. A todas llegan por las mismas causas y la mayoría de estas instituciones están como el resto del país, sobreviviendo. Y con la atención, la dedicación y el tiempo centrados en la necesidad básica de alimentación y salud, sin tener prácticamente capacidades ni recursos humanos para hacer el seguimiento e impulso socio-legal del caso de cada niño y niña, la evolución de la relación con su familia de origen, sus informes a tribunales, la localización familiar, entre otras actividades claves para que el niño recupere su derecho a vivir en familia, añade el sociólogo.
La principal razón de abandono en cuarentena ha sido la violencia y el maltrato en sus casas, según información de Proadopción, causa distinta a la que vivía el país en febrero, cuando los padres decidían entregar a sus hijos a los hogares de acogida por falta recursos para su cuidado.
Ahora ingresan no tanto por la voluntad manifiesta de sus progenitores de protegerlos, para que allí les brinden la alimentación y cubran sus necesidades, sino por el incremento de la violencia doméstica, maltratos, abusos, agresiones y lesiones graves, además de bebés no deseados que iban a ser transados por sus progenitoras y niños pequeños en situación de calle. Todo esto en medio de la precariedad económica, la crisis alimentaria, ahora complicada por el confinamiento, flexible o radical, que nos trajo esta pandemia, explica Fernández.
La realidad de las organizaciones sociales que velan por el cumplimiento de los derechos de los menores de edad no es muy distinta a la de los centros de protección infantil. Si bien no hemos parado, este contexto económico, sociopolítico y sanitario nos obliga a reinventarnos, a trabajar con nuevos procedimientos y con protocolos de bioseguridad, pero el financiamiento ha mermado muchísimo.
Mientras las ONG y las instituciones de acogida viven las consecuencias de una pandemia en un país con crisis humanitaria, los niños que ingresan a las entidades de atención son cada día más, pero el director general de Proadopción enfatiza que son muy pocos los que regresan. Han sido desvinculados de su familia y pasan a engrosar las filas de los niños institucionalizados, puntualiza.