Más de 7.000 familias venezolanas continúan a la espera de que se haga justicia contra el concesionario La Venezolana, luego de que en 2014 hiciera pública su oferta de venta de vehículos chinos y nunca fueran entregados a sus compradores.
Después de 9 años a la deriva de la denuncia que interpuso Anauco por los intereses colectivos y difusos de las víctimas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó para este 25 de abril la primera audiencia oral del juicio, pero extrañamente fue diferida sin explicar los motivos.
«Desconocemos la causa de la suspensión y ahora debemos esperar una nueva fijación de audiencia», dijo el abogado y presidente de Anauco, Roberto León Parilli.
En declaraciones para HispanoPost, el abogado recordó que el caso del concesionario La Venezolana quedó en el aire desde 2014, pese a la participación y responsabilidad que asumió en ese entonces el Ejecutivo nacional para resolver este problema.
«Aun cuando la audiencia es la primera vez que se difiere, porque nunca había sido fijada la fecha, es muy impactante para todos nosotros porque hemos esperado por muchos años por este proceso judicial, que verdaderamente lo hemos atendido con mucha puntualidad y diligencia. Siempre hemos estado insistiendo, tratando que se tomen las decisiones y cuando finalmente se logra, la audiencia ha sido diferida», expresó el abogado.
¿Qué fue lo que ocurrió?
El caso del concesionario La Venezolana inició en 2014 tras la oferta de venta de vehículos de origen chinos a precios «muy atractivos» para los compradores, quienes nunca pensaron que se toparían con un calvario.
«Lo particular es que eran ofrecidos desde organismos públicos. Los puntos de ventas y captación de clientes estaban ubicados en Caracas, en lugares como el IFA, Fuerte Tiuna, Universidad Bolivariana de Venezuela, entre otros. Esto hizo ver que formaban parte del acuerdo legal entre Venezuela y China en materia carros, lo que generó una gran confianza en los compradores que se presentaron en todas partes del país», comentó León Parilli.
El abogado aseguró que los clientes que optaron por comprar los vehículos hicieron pagos tanto de inicial como de cuotas mensuales para, supuestamente, adquirir los carros chinos.
«Muchos de ellos pagaron la totalidad de los vehículos, otros pagaron porcentajes elevados (entre 70 y 80% del pago cancelado), llegando alrededor de 7.000 familias que se vieron afectadas por este caso», argumentó el presidente de Anauco.
León Parilli explicó que, en vista de la falta de respuesta del concesionario La Venezolana, los afectados se organizaron y presentaron la demanda ante el TSJ.
«La denuncia fue admitida, pero durmió por varios años el expediente sin ningún tipo de actuación hasta ahora. Después que se realizó la designación de la nueva presidenta de la Sala Constitucional del TSJ (magistrada Gladys Gutiérrez), fue cuando nuevamente fue reactivado y se nos convoca a esta nueva audiencia», puntualizó el abogado.
El Ejecutivo toma el control del concesionario La Venezolana
Algunos meses después de que los afectados hicieran público el problema, el Ejecutivo notificó públicamente en 2014 que estos carros chinos «no tenían permiso, que no existían tales vehículos y que no iban a ingresar al país», según detalló León Parilli.
A raíz de esto, en el mismo año se inició todo el proceso penal y, al mismo tiempo, la administración de Nicolás Maduro decretó la ocupación del concesionario La Venezolana por orden de la Vicepresidencia de la República y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
En ese sentido, se designó una junta interventora o junta administradora ad hoc a la que se le otorgó «plenamente facultades para continuar con el giro del negocio. Es decir, para que no cerrara el concesionario, sino que siguiera con sus operaciones hasta que pudiera entregar los vehículos a todos estos compradores», dijo.
Dentro de las facultades que se le otorgaron a esta junta ad hoc, según el presidente de Anauco están: «Administrar todos los activos del concesionario y, en tal sentido, se les entregaron una flota de vehículos de lujos y blindados, que eran utilizados por los directivos de la empresa, además de varios inmuebles como un apartamento, un restaurante, un fondo de comercios y cuentas bancarias nacionales e internacionales, que eran muy cuantiosas», afirmó el abogado.
Adicionalmente, se le ordenó a la junta ad hoc hacer todas las gestiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para tomar el control de cada uno de los activos del concesionario La Venezolana en el extranjero, incluido los pagos que se le realizaron a las empresas chinas para el ensamblaje de los vehículos.
«Hay elementos de pruebas que demuestran que hubo transferencias y pagos a las empresas chinas y, sencillamente, esos pagos se quedaron en China porque no enviaron los vehículos y esta junta tenía el deber y la obligación de exigir la entrega de los vehículos y seguir adelante con el proceso de entrega a los compradores», señaló León Parilli.
¿Qué hizo la junta ad hoc con todos los activos del concesionario La Venezolana?
A 9 años del caso del concesionario La Venezolana, de acuerdo al presidente Anauco, no se sabe que ha hecho la junta ad hoc con los activos que recibieron.
«No se sabe que han hecho con las cuentas bancarias, cómo se administró ese dinero, dónde están los vehículos que fueron incautados -propiedad de la empresa-, ni de los inmuebles. No se sabe nada de lo que hicieron, mucho menos qué diligencias realizaron ante la República de China para exigir la devolución del dinero o la entrega de los vehículos», expresóó el abogado.
La solución está en manos del TSJ
Roberto León Parilli dejó claro que la solución de este caso está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que «tiene todas las facultades para ordenar las diligencias necesarias para rendir cuentas de los activos que estaban a cargo de la junta administradora», así como «recuperar el dinero entregado a las empresas chinas, incluso a través del cuerpo diplomático de China en Venezuela».
Enfatizó que ya todo estaba planteado para la audiencia oral pautada para hoy y que fue suspendida por el propio TSJ.
«Lo que esperamos es que se ordene toda la diligencia necesaria para que el Ejecutivo nacional reponga el orden infringido, porque cuando el Ejecutivo nacional ordenó la ocupación del concesionario La Venezolana, el Estado asumió el carácter de deudor de todas estas personas, porque absorbió todos los activos de esta empresa, así como sus operaciones y todos sus derechos que tenía sobre los activos y pagos hechos en China», precisó León Parilli.
En esa misma línea, ratificó que la administración de Nicolás Maduro «tiene que responder a todas estas familias y esperamos que el Tribunal Supremo así lo acuerde».
«Creemos que la solución está sobre la mesa, no es difícil de entender. Es una cosa conforme a la justicia y es muy fácil de decidir y que cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le toca», concluyó el abogado.