En los últimos 15 años al menos 1.300 dirigentes políticos han sido inhabilitados por la Contraloría General de la República (CGR) para ejercer cargos públicos. La mayoría tiene en común que ha ostentado mayores posibilidades electorales que los candidatos del chavismo. El más reciente es el presidente del Parlamento y encargado del Poder Ejecutivo, Juan Guaidó.
Para las elecciones legislativas del año 2005, la CGR presentó ante el Consejo Nacional Electoral una lista con 81 personas inhabilitadas. En enero 2008 la lista ascendió a 371 nombres, pero se redujo a 272 debido a que muchos de ellos habían cumplido con su sanción. La gran mayoría de las personas que permanecen inhabilitadas no aspiran a cargos de elección popular, afirmó en 2008 el entonces contralor Clodosbaldo Russián, desde la Unión Europea.
En 2010, apenas dos años después, la CGR dictó medidas contra 125 cargos públicos, entre ellos alcaldes o concejales regionales, una gran parte opositores. En la mayoría de los casos señalaron como razón de las inhabilitaciones el incumplimiento de responsabilidades administrativas inherentes a los cargos ocupados, como la no presentación de la declaración jurada de bienes.
Adelina González, contralora general (E) informó el 18 de octubre de 2011 que su despacho había inhabilitado alrededor de 1.300 funcionarios públicos por supuestos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus cargos. Una vez que han cumplido estos funcionarios su sanción para desempeñar cargos públicos, pueden volver a postularse a la administración, indicó.
Disidentes también
La Contraloría General de la República no solo ha inhabilitado a dirigentes de oposición. Líderes regionales y locales que disienten de la línea del partido de gobierno también han sufrido sanciones administrativas que les imposibilitan presentarse nuevamente como candidatos a contiendas electorales.
Ramón Martínez, quien resultó electo gobernador del estado Sucre por una alianza de partidos de izquierda que apoyaba al chavismo en el año 2000, fue impedido en 2008 de presentarse nuevamente como aspirante luego de que manifestara públicamente su ruptura con la coalición gobernante. El general Manuel Rosendo, ex jefe del Cufan y amigo del expresidente Hugo Chávez, también fue inhabilitado luego de salir de las filas del chavismo.
Contralores de la Revolución
Cuatro personas han dirigido la Contraloría General de la República en los últimos 19 años: Clodosbaldo Russian entre 2000 y 2011; Adelina González entre 2011 y 2014; Manuel Galindo Ballesteros entre 2014 y 2018; y Elvis Amoroso, designado contralor por la Asamblea Nacional Constituyente en 2018.
El período de Russian fue uno de los más polémicos. El funcionario aumentó el lapso de inhabilitación hasta 18 años y sancionó a figuras clave de la oposición venezolana, como Leopoldo López, quien ha permanecido inhabilitado desde 2004. Adelina González aseguró en 2011 que López no se encontraba impedido de postularse a cargos públicos sino para ejercerlos. Que pueda inscribirse no significa que pueda desempeñarlo, sentenció en octubre de ese año.
En 2017 Manuel Galindo Ballesteros inhabilitó durante 15 años a Henrique Capriles, el dirigente opositor con mayor oportunidad de llegar a la presidencia de la República. Dos años antes y antes de las elecciones legislativas de 2015, sancionó de la misma manera a María Corina Machado, quien fue la diputada más votada en los comicios parlamentarios anteriores.
En 2019, luego de que la oposición venezolana se reagrupó nuevamente tras las protestas ciudadanas que dejaron 143 muertos un par de años antes, Elvis Amoroso, designado contralor por la Asamblea Nacional Constituyente, inhabilitó a Juan Guaidó, presidente del Parlamento y encargado del Poder Ejecutivo.
El abogado y dirigente político Juan Carlos Caldera aseguró en entrevista para HispanoPost que la Ley de Contraloría que le otorga facultades administrativas al contralor general de la República es inconstitucional. Hay violaciones graves al principio de presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, indicó.
Para Caldera, la reciente sanción contra Guaidó responde a la coyuntura política que atraviesa el país. La mayoría de esas inhabilitaciones desde la época de Clodosvaldo Russian tienen motivaciones políticas. Cuando el adversario tiene una oportunidad electoral importante por encima del candidato del chavismo, en seguida lo inhabilitan. Esto es parte de un libreto desgastado, no es la primera vez que echan mano de esa figura para sacar del camino al adversario, apuntó.
La inhabilitación del dirigente opositor es jurídicamente inexistente, sentenció José Ignacio Hernández, procurador especial de la República. La Constitución es clara al señalar que solo mediante sentencia del juez, previo proceso en garantía del derecho a la defensa, puede inhabilitarse a personas para ocupar cargos de elección popular. El señor Amoroso no es contralor general de la República porque fue designado por un decreto constituyente de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, expresó.