Al menos cuatro estudiantes fueron detenidos y dos policías resultaron heridos en ciudad de Panamá, durante una protesta de universitarios que exigen la derogación de un polémico decreto sobre actualización de información catastral.
Una fuente de la Policía Nacional de Panamá dijo que este es el saldo extraoficial de la manifestación violenta, que continúa luego de que los estudiantes fueron replegados con gases lacrimógenos hacia el interior de la Universidad de Panamá (UP) tras haber cerrado la vía Transístimica, frente al campus.
Durante los enfrentamientos, dos policías resultaron heridos con piedras, indicó la fuente.
La UP, por su parte, anunció en su cuenta de Twitter que «para salvaguardar la seguridad de los universitarios, se suspenden las clases en el Campus Octavio Méndez Pereira por el día de hoy».
Estudiantes del Centro Regional de la UP en la ciudad caribeña de Colón, 80 kilómetros al Norte de la capital, se manifestaron también exigiendo la derogación del Decreto 130, que publicó el Ejecutivo el pasado 7 de junio y establece la actualización de la información catastral entre entidades estatales.
La suspensión temporal del decreto fue anunciada ayer por el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, tras otra manifestación que acabó en enfrentamientos el sábado en ciudad de Panamá.
Algunos sectores de la sociedad panameña interpretan que el decreto tiene intenciones distintas a las anunciadas por el Gobierno.
La diputada opositora Zulay Rodríguez, una de las voces más visibles en contra del texto, considera que lo único que busca el decreto es «sacar plata» y «quitar casas», porque actualizar la información catastral es sinónimo de revaluar propiedades, y por ende aumentar sus precios y compromisos fiscales.
El Decreto 130, dijo el ministro en rueda de prensa, no crea nuevos impuestos ni revalúa propiedades, sino que busca «mejorar la coordinación entre las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar los bienes inmuebles en Panamá».
El texto establece mecanismos para el intercambio de información catastral entre los municipios, la Dirección General de Ingresos (DGI), el Registro Público y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
«Reconozco que, producto de las mentiras políticas, se ha generado una genuina preocupación en muchos ciudadanos (…). Lo que corresponde como un Gobierno responsable es suspender la entrada en vigencia, hacer las explicaciones correspondientes y consultar el decreto con los gremios de la sociedad civil», indicó De La Guardia el domingo.
