El pasado jueves 20 de enero la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 sometió a primera discusión la reforma de Ley de Impuestos de las Grandes Transacciones Financieras, que busca que tanto las empresas como particulares, al hacer las transacciones en divisas, paguen un impuesto sobre los débitos y operaciones.
En propósito, según han señalado los diputados, es ”fortalecer el bolívar” como moneda de curso legal y esto lo hacen encareciendo las operaciones en otras monedas. El informe de la reforma elaborado por el Parlamento indica que los pagos en divisas o criptoactivos que haga cualquier persona natural o jurídica, a través de la mediación de una institución financiera, tendrán un impuesto entre 2% y 8%.
También establece que si la persona natural o jurídica paga con divisas en efectivo o criptomonedas sin utilizar una institución financiera el impuesto se ubicaría entre 2% y 20%. Por el momento, el impuesto a las transacciones en divisas y criptomonedas quedó con una alícuota se fijó en 2,5%
Ante esto el experto tributario Juan Carlos Catillo y los economistas Aarón Olmos y José Guerra explican por qué esta Ley afectará tanto a las empresas como a los particulares.
Juan Carlos Castillo aclaró que esta reforma no contribuirá a la preservación del bolívar como moneda de curso legal -como han señalado los diputados y funcionarios de la administración de Nicolás Maduro- al incentivar, mediante la aplicación del impuesto las grandes transacciones financieras. Aseguró que una medida de esta naturaleza lo que provocará es que se traslade esa carga impositiva entre los distintos actores del sistema económico, en particular aquellos que se vean sometidos al pago de este impuesto.
“Con esto quiero decir que si un contribuyente hace un pago en divisas a un proveedor para adquirir materia prima para su negocio o inventario para la venta y tiene que pagar el 2,5% por el pago que realizó ese monto seguramente lo va a trasladar en el precio adquiriente del bien o del servicio. De manera que este nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras provocará posiblemente un incremento en la inflación o tendrá un impacto en los precios. Solo puede explicarse esta reforma atendiendo a una vocación recaudadora por parte del Ejecutivo nacional”, agregó.
Castillo indicó que esta reforma también afectará a los particulares. “Se encarecerá el uso de las cuentas bancarias en moneda extranjera, así como los pagos que tengan que efectuar en bolívares. De manera que tanto para la gran empresa, como para el sujeto que tenga que hacer una compra en el supermercado se verá afectado”, dijo.
Aclaro que este impuesto va a generar impacto en los contribuyentes y en aquellos que estén sometidos al pago de esta alícuota adicional, porque “indudablemente” las personas no van a dejar de cumplir con sus obligaciones contractuales y no van a dejar de seguir haciendo transacciones en divisas. Sin embargo, no van a seguir operando de la misma forma que lo vienen haciendo, “porque ahora será más costoso y ese costo lo pagan los distintos eslabones de la cadena económica. Esto se va a convertir en una bola de nieve que no ayuda en las políticas de disminución de la inflación que viene llevando a cabo el gobierno”.
Por otro lado, puntualizó que dicha reforma de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que prevé una “alícuota diferencial” para los pagos en moneda extranjera o en criptoactivos “no tiene la virtualidad de revertir la dolarización de facto que vive el país”.
“Y el uso o el empleo del bolívar como moneda transaccional no depende del encarecimiento de las operaciones en divisas, sino de la confianza que tenga los agentes económicos en esta moneda. En la medida que el bolívar no represente valor y no sirva para ahorrar su uso, no se va a ver sustituido por el empleo o la imposición de este a gravable”, expresó.
Asimismo, dijo que la fortaleza del bolívar no puede “consolidarse en forma negativa”, encareciendo las operaciones en otras monedas, sino implementándose políticas económicas adecuadas para fortalecer las reservas internacionales, reducir la emisión de dinero inorgánico y la inflación, entre otras medidas de naturaleza económica.
Alícuota de 2,5% “intenta desincentivar las operaciones en moneda extranjera”
El economista Aarón Olmos manifestó que en Venezuela a nivel de menudeo, tanto en físico como en operaciones digitales, una gran proporción se realiza en moneda extranjera. “Si toda operación en moneda extranjera como base va a tener un 2,5% de impuesto, evidentemente eso intenta desincentivar las operaciones en moneda extranjera por parte de las personas naturales. Es decir, al venezolano de a pie y a las personas jurídicas les afectará este impuesto en principio”, sostuvo.
Olmos comentó que “para nadie es un secreto” que la economía venezolana se mueve principalmente porque gira entorno a divisas y que, además, no hay confianza en el bolívar. “La política monetaria del Banco Central de Venezuela, en lo que respecta a encaje legal, ha hecho complicado que cualquier persona natural o jurídica pueda tener acceso a créditos en moneda nacional y, básicamente, la economía se mantiene sobre el desarrollo de actividades en moneda extranjera”.
Indicó que se está intentando mediante la reforma de la Ley desincentivar el uso de la moneda extranjera a favor de una mayor incorporación del bolívar. Sin embargo, advirtió que “el bolívar sigue sin gozar de la confianza suficiente de las personas en el mercado interno, porque no estamos viendo política económica que vaya apuntalada al hecho de crearle valor interno en la economía”.
Asimismo, dijo que si se habla de una economía que “entre comillas y subrayado se ha comenzado a recuperar” en términos de la circulación y en la actividad comercial por el mayor uso de moneda extranjera, “el hecho de que ahora se le quiera colocar un impuesto a esas operaciones, lo que va a encarecer el consumo en moneda extranjera, una situación que ha hecho que más bien la economía se recupere, va a hacer que muchas personas traten en lo posible de irse más por el bolívar, que pierde sentido en una economía que a la fuerza se está tratando de regular por las intervenciones cambiarias del Banco Central”.
No obstante, enfatizó que dicha Ley no “desestimaría el uso del dólar en el país”, porque al final todo venezolano que “incorporo a su dinámica financiera personal o empresarial el mayor uso de divisas está consciente de los beneficios. Las empresas han tenido que considerar una economía multimoneda, en distintos lugares como en los supermercado se ven diferentes métodos de pagos y no se van a dejar de usar”, agregó.
Tampoco cree que se vaya a desestimular, “porque los venezolanos han conseguido resguardar el valor de su trabajo en una moneda que está demostrando que tiene fortalezas en el mercado interno”.
El experto sugirió la revisión de esta propuesta o reforma al igual que es el caso de la Ley de Registros y Notarías.
“En contra de la misma dolarización que impuso el mismo gobierno”
José Guerra destacó que esta Ley de Impuestos de las Grandes Transacciones Financieras “afecta a las personas naturales, tal cual dice lo dice el numeral 5 y 6 del informe, siempre que hagan transacciones en monedas distintas al bolívar. Y, obviamente, los particulares pagan en el momento que se haga la transacción”.
El integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) comentó que con una alícuota que va de 2% a 20%, “claramente esto va encontra de la dolarización transaccional que ha impulsado el mismo gobierno. Mientras más impuestos les ponga a las transacciones, menores van a ser las transacciones y aunque van a tratar de recaudar más, van a haber menos transacciones. Al final lo que va a ocurrir es recauden menos con esas tasas tan elevadas”.
Es de la opinión que con un impuesto no se estimula el uso de la moneda local, “se estimula con una política que haga que baje la inflación, que haga que e Fisco se financie de manera sana sin recurrir al Banco Central y eso no lo resuelve una Ley de Transacciones financieras, porque sino la preferencia por una moneda se resolvería con una ley de impuesto y eso no es el caso”, enfatizó el economista.
Por otra parte, dijo que en la informe señala que las “contribuciones de las grandes transacciones contribuyen con algo así del 14% o 15% de la regulación total, pero esa cifra no sé de donde la sacan porque no hay cifras fiscales publicadas por lo menos en seis o siete años. Entonces, uno no sabe cuál es la composición de los ingresos fiscales de Venezuela. Yo diría que esta es una ley que atenta en contra de la misma dolarización que impuso el mismo gobierno”, puntualizó.