Ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, Reino de los Países Bajos, el Senador Iván Duque presentó un documento de denuncia en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la presunta comisión de crímenes de derecho internacional
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Esta actuación, respaldada por un importante número de legisladores colombianos y chilenos, busca que la Fiscalía de la CPI conozca hechos y situaciones que podrían configurar delitos de competencia de ese tribunal internacional. Duque expresó su gratitud por el liderazgo del diputado chileno Felipe Kast, quién motivó la recolección de firmas de los legisladores de ese país, constituyéndose este hecho como una labor coordinada en defensa de los derechos y libertades del pueblo venezolano.
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El documento, de más de 56 páginas, y que contó con la asesoría del abogado internacionalista Andrés Barreto González, expone en sus apartados que Nicolás Maduro habría incurrido en delitos contenidos en el Estatuto de Roma. Entre ellos se configurarían las conductas de asesinato, deportación o traslados forzosos, encarcelamientos y privaciones injustas de la libertad, tortura, persecución de un grupo o colectividad específica, y desaparición forzada de personas.
Dentro de los argumentos expuestos en el documento para poner en conocimiento de la Fiscalía de la CPI estos hechos, se encuentra la imposibilidad e incapacidad de acción del poder judicial venezolano, al estar cooptado por el poder ejecutivo, al igual que el interés de ese régimen de eludir su responsabilidad internacional por las graves violaciones de los derechos humanos, como quedó evidenciado en septiembre de 2013, cuándo el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, desconociendo la competencia de la Corte Interamericana.
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Al finalizar la reunión en la sede de la organización internacional, Duque expresó en nombre de los firmantes su llamado para que la Fiscalía de la CPI profundice en las denuncias presentadas, y considere la posibilidad de abrir una investigación formal por las sistemáticas violaciones al derecho internacional, de las que son víctimas los venezolanos.