En los meses de abril y mayo de 2023 la ONG Control Ciudadano contabilizó 105 personas “abatidas”, en manos de órganos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en operaciones que se desarrollaron en 17 entidades federales del país.
El registro es el resultado del monitoreo mensual de casos de “abatidos”, reseñados en los medios de comunicación de alcance nacional y regional, así como de los casos referidos por funcionarios u órganos de seguridad del Estado.
Cifras de abatidos en aumento en 2023
La ONG muestra un aumento en la cifra de personas “abatidas” por cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional, en el período abril-mayo 2023, respecto del mismo período en el año 2022.
Los órganos de seguridad del Estado más letales
En el registro efectuado por Control Ciudadano en el mes de abril, aparecen como responsables involucrados, con el mayor número de ejecuciones realizadas bajo la categoría de “abatidos”, en presuntos enfrentamientos con delincuentes: el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), seguido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En el mes de mayo, repiten la PNB, la GNB y el CICPC en ese orden, como los órganos más letales en la práctica de ejecutar presuntos delincuentes.
En el resultado de los datos recolectados, también aparecen las policías estadales y las policías municipales, como órganos responsables de esta práctica, que parece ser una política de Estado por la alta incidencia reportada.
En las estadísticas de abril de 2023, al menos tres mujeres fueron documentadas por Control Ciudadano, como abatidas por cuerpos de seguridad del Estado.
Dato: En las estadísticas de abril de 2023, al menos tres mujeres fueron documentadas por Control Ciudadano, como abatidas por cuerpos de seguridad del Estado.
Llamado al Ministerio Público
En la mayoría de los casos registrados por Control Ciudadano, no se conoce si las “muertes por enfrentamiento” fueron remitidas al Ministerio Público. Ese es un paso necesario para que se inicien las investigaciones y determinar la legalidad del uso de la fuerza mortal por parte de los órganos de seguridad del Estado.
La falta de información sobre las remisión de los casos ante el despacho del Fiscal General de la República, contribuye a que persista la percepción ciudadana de que los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados, a pesar de que la mayoría de los casos de “abatidos” tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales. Esa situación estimula un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país.
La organización hizo nuevamente un llamado al Ministerio Público, para que en todos los casos de “abatidos” en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se adelanten las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades (de ser el caso) y se publiquen estadísticas.