Hay dos mensajes fundamentales en el discurso económico de Nicolás Maduro ayer:
1) Comenzó la campaña presidencial y este será un año donde el gobierno relajará su política monetaria restrictiva e incrementará el gasto público de manera significativa, arrancando por los gastos laborales, cuyos aumentos comienzan en este momento, pero seguirán produciendo decisiones futuras desde aquí hasta la elección, que estimamos ocurrirá en el último trimestre del año.
La decisión de aumentar ingresos y no salarios está fundamentada en evitar el colapso de las finanzas públicas y privadas, lo que sería inevitable como producto de aumentos salariales con costos retroactivos, para los que no estaría preparada la economía venezolana, luego de un proceso hiperinflacionario.
Dado que no hay condiciones (ni conveniencia electoral) para discutir una solución de fondo frente a una legislación laboral, desfasada e inútil para procesos inflacionarios desbordados, los mecanismos de compensación de ingresos que probablemente seguiremos viendo serán mayoritariamente a través de bonificaciones y no incrementos salariales formales.
El impacto de los mismos sobre la capacidad de compra de los consumidores a corto plazo, si se mantienen atados a la moneda extranjera, cumplirán una función de mejora en el consumo y en las percepciones sobre la economía del país, búsqueda central de la campaña electoral, aunque no resuelvan el problema estructural de ingresos de los trabajadores
2) El gobierno muestra su interés especial en garantizar la estabilidad de las licencias petroleras, como vía de garantizar los ingresos futuros en divisas y poder financiar el gasto de una manera más estable y sin impactos inflacionarios severos.
Pero no está dispuesto a hacerlo como producto de una presión sobre las condiciones politico electorales. No va a canjear su estabilidad política por plata. Ese es un planeamiento absurdo en cualquier análisis de teoría de negociación.
El discurso de Maduro deja claro que si Estados Unidos decide retroceder en la flexibilización petrolera, la respuesta más probable será el retraso condicionado de la elección presidencial, lo que por cierto no cambiaría su estrategia de aumentar el gasto, pues necesitará calmar a la población económicamente para evitar conflictividad.
Lo que si cambiaría dramáticamente es el impacto inflacionario y devaluacionista de esa estrategia sin respaldo en divisas, que terminaría afectando más a la propia población en el mediano plazo, aunque cumpla su función populista electoral.