En el momento de su mayor actividad -entre 2020 e inicios de 2023- la minería de criptomonedas absorbió mil megavatios a la demanda nacional de electricidad, aseguraron fuentes calificadas del sector energético que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Destacaron que las granjas cripto se convirtieron en un factor de perturbación adicional entre la oferta y la demanda de energía a la población venezolana dentro de un sistema eléctrico nacional (SEN) muy vulnerable.
Las fuentes revelaron que la paralización de las granjas de criptos en los últimos 18 meses representa un alivio para la demanda nacional de electricidad, la cual actualmente alcanza picos de entre 10.500 y 11.000 megavatios.
Pero ese volumen no puede ser cubierto en su totalidad, por lo que hay un déficit recurrente de la demanda de 2.000 Mw, lo cual lleva a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a implantar programas de administración de carga o racionamientos rotatorios en Caracas y el interior del país.
«El deterioro -por la falta de mantenimiento e inversión en las redes e instalaciones eléctricas- coloca al sistema en una situación de vulnerabilidad, ocasionando fallas y apagones», advirtió un consultado.
Dentro de este escenario, el experto insistió en que la criptominería resulta contraproducente porque le está quitando energía a los usuarios de los sectores prioritarios: residencial, industrial y comercial.
Pocos días después del mega apagón del 27 de agosto, las autoridades venezolanas incautaron en el estado Guárico 35 máquinas en una criptogranja. La información oficial señaló que esa acción busca optimizar y racionalizar el consumo de electricidad en el país.
Bajo esta premisa, desde abril de 2023 se han realizado operativos en otros estados como Carabobo y Aragua con la incautación de 12.304 equipos cripto.
Las fuentes recordaron que a partir de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, la cual estalló en marzo de 2023, la actividad de criptomonedas en Venezuela se vino abajo.
El escándalo mencionado ocasionó la intervención y reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
Se nombró una junta interventora para llevar a cabo el proceso, misión que fue prorrogada por seis meses más mediante el decreto 4.926 del 17 de marzo de 2024.
La Sunacrip es el ente encargado de dar los permisos a particulares para instalar criptogranjas.