Venezuela avanza hacia una apertura más amplia del sector petrolero con el objetivo de recuperar su capacidad de producción y atraer capital internacional. Bajo esa premisa, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la inversión en el sector podría aumentar 55% en 2026, impulsada por una mayor participación de empresas privadas y por la reforma de la Ley de Hidrocarburos para ofrecer un marco más flexible a los inversionistas.
Durante la consulta pública de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, en el que también participaron representantes del sector energético, Rodríguez sostuvo que el país debe transformar su condición de poseedor de las mayores reservas de crudo del mundo en una capacidad productiva acorde.
Según sus cifras, la inversión petrolera alcanzó 900 millones de dólares en 2025 y se proyecta en 1.400 millones para este año a través también de los modelos de Contrato de Participación Productiva (CPP), en un contexto de acercamiento con Estados Unidos tras los hechos del 3 de enero.
Puntos relevantes del encuentro:
Consulta pública y nuevo modelo de inversión
-Apertura al capital privado: La reforma busca que el sector privado asuma el riesgo financiero y la inversión directa, liberando al Estado de comprometer recursos públicos en los proyectos.
-Soberanía del yacimiento: Se procesan más de 80 propuestas gremiales bajo la premisa de que la propiedad del recurso sigue siendo exclusivamente de los venezolanos (no hay privatización de reservas).
-Competitividad global: Se debaten esquemas de flexibilidad en regalías y condiciones especiales para zonas con déficit de infraestructura para atraer inversores extranjeros.
Control anticorrupción «draconiano»
-Cero tolerancia: El Poder Legislativo anuncia un control implacable y «draconiano» para proteger los activos petroleros de mafias y prácticas corruptas.
-Transparencia total: Se propone un modelo de rendición de cuentas permanente donde la ciudadanía pueda rastrear el flujo de ingresos «dólar a dólar».
-Impacto social: El objetivo es blindar la administración para que la renta petrolera se refleje directamente en la economía real y no en sectores privilegiados.
Modernización terminológica y estructural
-Salto cualitativo: La ley sustituye términos restrictivos por el concepto integral de «hidrocarburos» para permitir el aprovechamiento científico de todos los derivados y no solo petróleo o gas.
-Adiós a la rigidez: El Parlamento llama a romper con la burocracia normativa para adaptar la industria a la realidad geopolítica y científica actual.
-Transformación de reservas en bienestar social
Riqueza activa vs. estéril: Con 360 mil millones de barriles en reserva, el objetivo es acelerar la extracción para financiar hospitales, escuelas y salarios dignos antes de que el mercado global cambie.
-Subexplotación histórica: Se destaca que, tras un siglo, Venezuela solo ha extraído el 2,2% de sus reservas, lo que urge a una explotación soberana pero dinámica.
Posicionamiento estratégico ante el declive mundial
-Ventaja competitiva: Mientras el 80% de los yacimientos mundiales están en declive, Venezuela ofrece «campos verdes» (vírgenes) para cubrir el déficit energético global hacia el 2050.
-Meta de inversión: Se proyecta la necesidad de captar flujos de capital por el orden de los 18 trillones de dólares a través del Consejo Nacional de Economía.
-Mano de obra local: El modelo apuesta por una coordinación donde el capital extranjero conviva con un empresariado nacional que ya aporta el 99% de la fuerza laboral.
Plan energético nacional y soberanía
-Independencia financiera: El plan se presenta como el blindaje definitivo contra presiones externas y bloqueos, convirtiendo el potencial del subsuelo en un motor de estabilidad económica.
-El «Milagro Venezolano»: Tras 108 años de explotación, el país reporta su pico más alto de reservas probadas, posicionándose como un actor táctico indispensable en el mercado energético internacional.
Con información de Prensa Presidencial
