La vicepresidente Delcy Rodríguez anunció esta semana el aumento del bono de guerra económica de 49 y 20 a 70 y 25 dólares mensuales para los jubilados de la administración pública y los pensionados del Seguro Social y la Misión Amor Mayor, respectivamente.
La funcionaria explicó que la administración de Nicolás Maduro había realizado un gran esfuerzo para obtener esos recursos, debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela.
Precisó que el pago de la pensión a 5,5 millones de adultos mayores lo realiza totalmente el gobierno.
Sin embargo, fuentes laborales y sindicales aseguraron que los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro han impedido con sus malas políticas la institución en el país de una seguridad social autónoma y sustentable financieramente en el tiempo.
Esta posición oficialista, advirtieron las fuentes, ocasionó que el gobierno se abrogase el pago de las pensiones -y su manejo político partidista- a través del presupuesto nacional.
Destacaron que en países con una seguridad social independiente y que funciona los trabajadores activos y jubilados tienen garantizados un sistema de salud de calidad y pensiones dignas y suficientes producto de las cotizaciones obrero patronales a los distintos fondos del sistema de seguridad social.
Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, sostuvo que el gobierno pretende victimizarse ante los pensionados cuando es el único responsable de no haber puesto en práctica un sistema de seguridad social autofinanciado con las cotizaciones al Seguro Social de empleadores y trabajadores durante el tiempo de las relaciones laborales.
Seguro Social debilitado
El representante de Fadess refirió que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es el gran ausente en el sistema de seguridad social, pese a que por Ley es el encargado de llevar el registro de cotizantes (patronos del sector público y privado y los trabajadores) y recaudar las cotizaciones destinadas a las pensiones, paro forzoso y salud.
Sobre esta última, el sindicalista recordó que -por decisión guberbamental- los centros de atención médica y hospitales del Seguro Social fueron absorbidos por la red sanitaria del Ministerio de Salud, la cual actualmente está inmersa en la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela.
Guanique advirtió que el Seguro Social tambien está sumamente debilitado como consecuencia de la baja población laboral que cotiza.
Y es que 3,5 millones de trabajadores del sector formal de economía estaría inscrito en el IVSS de una población económicamente activa o fuerza de trabajo de 12 millones de trabajadores.
A esto se suma, indicó, la caída del empleo productivo en los últimos veinte años como consecuencia del cierre de numerosas empresas afectadas por la crisis económica.
Bonificación “perniciosa”
Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, advirtió que la intención del gobierno de Maduro es desaparecer el salario y las pensiones sustituyéndolos por bonos otorgados de forma discrecional, unilateral y discriminatoria.
Precisó que los gobiernos chavista-madurista anclaron las pensiones al salario mínimo, impidiendo su pago justo de acuerdo con los años de servicio y sectores productivos donde se desempeñó el trabajador como ocurre en la seguridad social de muchos países.
En Venezuela, el monto de la pensión de los adultos mayores es igual al sueldo mínimo – actualmente se ubica en 3,6 dólares mensuales- además de que el gobierno lo mantiene congelado desde febrero de 2022.
Silva resaltó que el bajo monto de las pensión es «una condena a muerte» de los adultos mayores, quienes -aún con el bono de guerra económica- no pueden cubrir sus gastos más esenciales de alimentación, medicinas, salud, servicios y condominio, entre otros.
El dirigente social informó que el primero de febrero vendrá al país el relator del Área de Alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quien harán llegar un documento.
En dicho informe, reveló Silva, se describe la dramática situación de los adultos mayores con desnutrición y enfermedades producto del ingreso integral de hambre, conformado por las bajas pensiones y el bono de guerra económica.