El “fujimorazo” de Nicolás Maduro

El endurecimiento del Consejo Permanente de la OEA hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que muchos han juzgado, incluso, algo tardío, viene a encuadrar de forma espacial este capítulo, acaso culminante, de la crisis venezolana.

 

Para evaluar lo adelantado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en torno a las aristas del caso venezolano, siempre será necesario tener presente lo fundamental de su tesis, expresada en el famoso informe que le sirve de contexto.  Nicolás Maduro quiere adelantar una estafa institucional de alto impacto, mientras, al mismo tiempo, las consecuencias de su desastroso gobierno amenazan con convertirse en todo un epicentro de tensiones subregionales.  Almagro hizo referencia a la naturaleza fallida del estado venezolano; a la repugnante corrupción vigente en los mandos chavistas, civiles y militares; al tráfico de armas ilegales y la expansión territorial del hamponato; a la podredumbre de su poder judicial; el infierno carcelario;  la quiebra de su estructura comercial e industrial; los perturbadores reportes  de escasez de medicinas y alimentos; el estado de censura impuesto y el cerco legal a la disidencia.  Los aditamentos de una crisis que se ha venido consolidando, convirtiéndose en una dolencia crónica,  en la misma medida en aumenta el celo por imponer un modelo político que rompe con el espíritu republicano.

 

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y el resto de sus secuaces, han ido colocando durante estos meses, ladrillo a ladrillo, todo un dispositivo para crearle un marco legal al autogolpe, usando para ello el Caballo de Troya del Tribunal Supremo de Justicia.   La maniobra del chavismo, como se ha comentado en otras ocasiones, busca dejar sin efecto las implicaciones de la elección de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela, que fueron obtenidas por la Oposición, expresada en la Mesa de la Unidad Democrática, luego del aplastante triunfo electoral de Diciembre de 2015.

 

El “fujimorazo” madurista se ha ido adelantando en secuencias, con adaptabilidad y salvedades, usando algunas hojas de parra para encubrir sus impudicias más notorias. Para neutralizar a la Asamblea Nacional, los poderes públicos del chavismo se han confabulado de manera muy eficiente. El Tribunal Supremo de Justicia ha vetado hasta  30 instrumentos legales aprobados por el parlamento, que sigue impedido de legislar. Antes de que estallara el capítulo actual de la crisis, Maduro, junto a Maikel Moreno, Presidente del TSJ, ultimaba los toques para colocar en vigor una sentencia que permitiría al Máximo Tribunal comenzar a legislar, usurpando las funciones del Poder Legislativo. Maduro, cuya impopularidad toca niveles récord en las calles, asumiría poderes extraordinarios en el marco del Estado de Excepción, podría endeudar aún más a la República, sin contraloría;  y quedaría sin efecto el fuero de la inmunidad parlamentaria.

 

 Mientras esto sucede en la rama de la justicia, el comportamiento del Poder Electoral, que controla el chavismo, ha sido aún más sórdido . El Consejo Nacional Electoral, con Tibisay Lucena a la cabeza, desconoce la naturaleza consultiva de la Constitución, y el año pasado suspende indefinidamente la fecha de las elecciones de Gobernadores, con lo cual queda clausurada cualquier posibilidad de celebrar una consulta que pueda ser propuesta como una solución política ante la acumulación de tensiones. Tampoco se sabe nada de las elecciones de alcaldes.

 

 El año pasado, Lucena, junto al resto de las rectoras de la mayoría chavista del Consejo Nacional Electoral  -Tania D´Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández- decidieron desoír, boicotear, y finalmente dejar sin efecto, la multitudinaria iniciativa ciudadana del Referéndum Revocatorio, previsto en la Constitución como recurso consultivo. El cierre de las taquillas del Poder Electoral le hace un precioso juego al complot chavista adelantado para secuestrar la voluntad popular. A la fecha, no se sabe cuando habrá elecciones en Venezuela. Sobre todo porque, en esta ocasión, de celebrarse, el PSUV, Maduro, Cabello, y todo el tinglado chavista, que alguna vez fue popular. sería objeto de una derrota electoral harto probable, y poco podrían hacer para evitarlo estas rectoras de dudosa honorabilidad.

 

No es la primera vez que el chavismo activa un mecanismo fraudulento para tratar de zafarse del veredicto popular. El propio Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, está preso, acusado de conspiración, y jamás ha podido ejercer cabalmente un cargo que ya ha ganado en dos ocasiones.

 

El fujimorazo de Nicolás Maduro no comenzó la semana pasada. La opinión pública internacional vino a pillarlo en su última parte.  El escandaloso pronunciamiento de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, denunciando la ruptura del hilo constitucional, coloca al descubierto el punto culminante de una maniobra que lleva ya, al menos, un año de gestación.   Las declaraciones de Ortega Díaz, una ficha tradicional del chavismo, vienen a evidenciar las tensiones que se cuecen en el universo del gobierno, y abonan en la confusión de sus filas internas chavistas, que hoy están adormecidas. Incluso en las Fuerzas Armadas.

 

Un Nicolás Maduro con el prestigio político en el subsuelo, objeto actual de presiones externas e internas, deberá hacer frente a una nueva oleada de indignación ciudadana: la multitudinaria secuencia de protestas que recogen las agencias internacionales de noticias, de personas pidiendo elecciones, pidiendo respeto y pidiendo Constitución. Pidiendo la restauración de la Democracia en Venezuela.