El proyecto de ley de armonización tributaria se convierte en una amenaza a las finanzas de las alcaldías

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Los alcaldes del oficialismo -y también los gobernadores- a voz baja han iniciado contactos con los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional con el fin de advertir sobre los riesgos que afrontan en su funcionamiento en caso de aprobarse el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, tal como lo presentó el Ejecutivo nacional, revela el semanario Exclusivas Económicas.

Las alcaldías cada día dependen menos del situado constitucional que reciben del Gobierno central. Se eliminaron las transferencias que había por concepto de asignaciones económicas especiales y fondo de compensación interterritorial y la alternativa que encontraron fue elevar las alícuotas por concepto de actividades económicas.

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Un punto que recuerdan los alcaldes a los parlamentarios es que el cobro de impuestos está permitiendo cubrir la remuneración que están pagando a los trabajadores a través de bonificaciones, dado que los sueldos y salarios establecidos por el Gobierno central a través de la Oficina Nacional de Presupuesto son insuficientes.

Indica la publicación que los empresarios de manera particular y las organizaciones gremiales que representan al sector privado, no obstante, han venido denunciando cómo los impuestos municipales se han convertido en una forma de voracidad fiscal y a lo anterior se agrega que varias gobernaciones y alcaldías en Venezuela carecen de una estructura tributaria y eso agrava la forma como se cobran los impuestos que competen a gobiernos regionales y locales.

De hecho, en las reuniones que ha tenido la Comisión de Finanzas se ha señalado que 139 alcaldías no cuentan con una estructura formal para el cobro de impuestos.

Por lo pronto, los alcaldes opositores pasan a tener notoriedad en su oposición al proyecto de ley de armonización tributaria, sobre todo porque se considera que la propuesta se convierte en una nueva amenaza contra el proceso de descentralización.

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