“El sector comercio no está preparado cobrar el impuesto a las transacciones en dólares”

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“Después de hacer nuestras investigaciones, tanto con las cámaras sectoriales como nacionales, en torno a la aplicación y ha cómo se había desempeñado el proceso para aplicar el cobro del IGTF, hemos tenido cifras o resultados verdaderamente preocupantes del lado del sector comercio”, aseguró Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios.

Agregó, durante una rueda de prensa ofrecida hoy, que 75% de las empresas encuestadas “nos han informado que no están en capacidad de recibir pagos en divisas porque no han podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto”.

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Explicó que si bien es cierto que el gremio comercial aboga por los beneficios hacia los comerciantes, el interés mayor es el país. “Nos preocupa altamente que en la formulación y discusión de este impuesto tan conflictivo no haya habido consulta previa”, indicó.

Polesel aseveró que “solo ayer fuimos invitados a un taller, que en realidad fue una reunión en la que diferentes funcionarios de Finanzas trataron de justificar el impuesto. Explicaron que las medidas del Ejecutivo apuntan a fortalecer la producción nacional y, por ende, el incremento de la formalidad en la economía. Consideramos que las explicaciones no fueron suficientes, no cubrieron las expectativas y hoy estamos más convencidos de que no coincidimos con sus argumentos”.

Ante este escenario, Consecomercio nuevamente solicitó una prórroga de la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

“Expertos en materia tributaria han expresado que este gravamen es una toma ilícita de la renta de los factores de la producción, por lo que no puede atribuírsele el tratamiento de impuesto; además de no estar anclado en la renta. No toma en consideración la capacidad económica del contribuyente, sino un medio de pago”, sostuvo.

Advirtió que también lesiona los derechos del trabajador e incumple las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajador (OIT), específicamente el Convenio 144, “que alerta sobre la legislación que afecta el funcionamiento empresarial como fuente de empleo en el país debe ser consultada. Afecta el flujo de caja de las empresas y se ha convertido en un supuesto de múltiple imposición”.

Por otra parte, la exhortación de Polesel está sustentada en la opinión mayoritaria de los afiliados a Consecomercio, quienes a través de sus cámaras regionales y sectoriales han manifestado su preocupación ante la implantación de este tributo, sin que los afectados o los encargados de la recaudación estén preparados para asumir esta responsabilidad.

“En este taller con los funcionarios del gobierno no se refirieron a lo acelerado del proceso y esa puede ser la razón por la que algunos empresarios estén tomando decisiones precipitadas por la incertidumbre que ha generado la entrada en vigencia de este instrumento legal”, explicó.

No se cuenta con las máquinas fiscales

Polesel señaló que la primera imposibilidad para cumplir el pago del IGTF es que casi ningún comercio cuenta con las maquinas fiscales que exige el ente recaudador y quienes las tienen no han podido ajustarlas. “Se encuentran en proceso de adecuación de los firmwares de los equipos. Mientras las casas de software no validen las nuevas modificaciones, no pueden hacer cambios en sus sistemas. Varias empresas de software están esperando las actualizaciones para ir sacando nuevas versiones”.

Añadió que la maquina más barata cuesta alrededor de 600 dólares y la más costosa puede llegar a costar unos 1.500 dólares. “Existe una cadena de comercios nacional que nos informó que para realizar la adecuación y la compra de las máquinas fiscales necesita alrededor de un millón de dólares y es bastante difícil levantar ese capital”, dijo.

Otro impedimento de cobrarlo es, básicamente, por el cálculo. Depende de la forma de pago, sea total o mixta, y cuál sería la base imponible para definirlo si se cobra o no y de qué forma.

La dirigente empresarial afirmó que son muchos los comercios que han decidido no recibir divisas hasta tanto no se aclare el procedimiento a seguir. “El precio de venta al público PVP ya incluye el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Significa que ahora se agrega otro tributo.

“Lamentablemente, la situación del país es tan crítica que el contribuyente no quiere saber de otro impuesto», consideró un entrevistado, informó la presidenta de Consecomercio.

Igualmente señaló que una queja generalizada en el sector comercio es el período de su instrumentación. “No ha habido tiempo para establecerlo por exigencias estructurales, pero tampoco hubo, por parte del sector oficial, una campaña de información orientada en dos sentidos. Uno, en el procedimiento mismo del cobro y del pago, y otra, de motivación dirigida a que se encuentre una razón que satisfaga la implantación de un nuevo gravamen”, opinó un encuestado.

La presidenta del gremio comercial señaló que “es lamentable que por mantener una posición, un objetivo indeterminado y asirse de la fuerza que da la imposición de ideas y acciones, desde el mismo sector oficial se está perjudicando a la economía nacional que había dado visos de crecimiento leve, pero crecimiento. Adicionalmente, se está incentivando la informalidad, la evasión fiscal y la economía aciaga. Fundamentalmente, se está dañando al consumidor, quien al final tendrá que pagar este tributo”.

“En consecuencia, reiteramos la disposición del sector privado de contribuir en redireccionar la economía con el diseño de políticas públicas que faciliten la actividad económica y productiva. Que sean verdaderamente coherentes y con un objetivo de país enfocado al progreso y al bienestar de la población”, insistió.

El crecimiento podría verse afectado

Tiziana Polesel advirtió que la recuperación de la economía privada que cerró en 2021 en alrededor de 5%, según estimaciones realizadas por Fedecámaras, podría verse afectada con este tipo de medidas económicas e impuestos que viene aplicando el gobierno sin ningún tipo de consulta a los gremios establecidos.

“Esto podría traer consecuencias en 2022 si no se toman los correctivos necesarios. Nosotros, los comerciantes, no estamos diciendo que no queremos pagar el impuesto, nosotros cumplimos con lo establecido en la Ley siempre y cuando nos otorguen el tiempo necesario para la implementación y el pago de este tributo. Si se mantienen estas decisiones, tendrá un efecto importante en la economía privada”, dijo.

Puntualizó que las empresas y los comercios en general piden al gobierno una prórroga para poder adecuarse, porque de lo contrario “las fiscalizaciones que ya comenzaron van a terminar llevando al comerciante a la informalidad y ese sería el peor escenario para el país y para los venezolanos”.

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Juan Carlos Salas
Juan Carlos Salas
Editor Senior. Periodista de Política y Economía. Especializado en la fuente electoral. Locutor y amante de la tecnología. Más de 15 años de experiencia en medios de comunicación tanto impresos como digitales.

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