El tortuoso camino de los venezolanos que intentan regresar al país

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“En las farmacias de la zona no hay ni alcohol, lo que tenemos es un tapabocas que logramos comprar el día que llegamos. No nos ayudan por ser venezolanos. Hacemos una sola comida al día”, cuenta Karla Ramírez, de 39 años de edad, quien junto a su esposo hace más de un año decidió migrar a Perú en busca de nuevas oportunidades; pero solo encontró xenofobia, maltratos y decepción, por lo que decidieron volver.

 “Trabajábamos manejando una coaster. El dueño, por ser venezolano, nos cobraba más caro el alquiler. Sin embargo, logramos reunir el dinero necesario para comprar el pasaje de regreso a Venezuela por tierra, así como nos vinimos a Perú”, continúa narrando Ramírez desde el pequeño cuarto que logró arrendar junto a su esposo y otro amigo venezolano, ubicado entre Zarumilla y Aguas Verdes, un sector de la ciudad de Tumbes al noreste de Perú, frontera con Ecuador.

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La noche del viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó “estado de alarma” ante la aparición de los dos primeros casos de coronavirus COVID-19 en Venezuela. “El lunes (16 de marzo) en la mañana mi esposo fue a la agencia Las Flores y le dijeron que no había problemas para pasar, por lo que no le quisieron reprogramar el viaje; mucho menos devolverle el dinero”, recordó.

Karla y su esposo decidieron continuar con sus planes y el lunes emprendieron el retorno, en el camino vieron más alcabalas de las que recordaban y sintieron que el viaje se les hacía aún más largo y tardío. Mientras que en Venezuela, conforme se confirmaron nuevos contagios, las medidas de prevención se radicalizaron. A partir de las 5 de la mañana del martes 17 de marzo, los 23 estados del país entraron en “cuarentena total y colectiva”, incluyendo las fronteras.

“Cuando llegamos a Tumbes el martes, a las 7:00 am, nos dijeron que no podíamos pasar. No conseguimos carros. Nos tuvimos que movilizar a otra zona y en el recorrido perdimos una maleta. Todos los venezolanos que veníamos en el autobús estábamos en el limbo. Para poder cruzar a Ecuador había que pagarle en dólares a los trocheros, más los gastos que se generarán en el resto del camino. Mi esposo y yo no teníamos suficiente para hacer ese gasto”, continuó.

En medio del calvario que ha sido regresar a su patria, Ramírez lamenta no recibir ayuda ni de parte de las autoridades ni de los peruanos que conviven con ellos en el humilde sector fronterizo. “El alquiler lo pagamos de 15 en 15 días, con la esperanza de que esto acabe pronto. Aquí todo es más caro, el dólar está en 3,50 soles y aquí los reciben en 3. Escuchamos rumores sobre una familia que intentó cruzar a buscar comida, por la desesperación, y les dispararon”, dijo mientras respiraba hondo y sollozaba.

Diáspora vulnerada e indefensa

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), recordó que “buena parte de la población venezolana que está en el extranjero son migrantes refugiados o forzados”, que en el marco de la pandemia “se han visto en la necesidad de retornar a Venezuela por la falta de derechos humanos”.

Le causa temor la capacidad de respuesta del Estado para atender y recibir a estos migrantes que quieren volver a ese lugar que alguna vez fue su hogar. Considera que no hay la posibilidad de cumplir con las normas de prevención establecidas para responder a alto flujo migratorio en las fronteras y, mucho menos, para realizar el test de despistaje a quienes logren ingresar al país.

“Estas personas deben contar con un sitio donde puedan realizar su cuarentena debidamente y este espacio debe contar con los servicios mínimos para ello”, dijo. “Como están cerrados los pasos fronterizos en Colombia y Brasil, los migrantes son susceptibles a ser víctimas de la esclavitud moderna, como la trata de personas especialmente de mujeres”, añadió.

Trujillo explicó que ante las restricciones que implican salir de casa, salvo que sea para algo necesario, muchos venezolanos deben confiar en las noticias que difunden a través de las redes sociales. “He visto un video de personas que están durmiendo en terminal de San Antonio de Táchira y en Ureña, esto no es un sitio decoroso”.

“Ni el Estado ni la gobernación estaban preparados para este retorno masivo”, aseguró Sobre las políticas públicas que deben ser aplicadas, agregó: “Claramente debería desplegarse un plan especial para atenderles y hacerles el test de despistaje. Otorgarles un refugio temporal, organizar los traslados hasta sus hogares y que las personas que resulten positivas, esto no signifique una restricción a su libertad más allá de cumplir con la debida cuarentena”.

Atrapados en precarias condiciones

El Observatorio Venezolano de Migración, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), señala que al menos 4.810.443 venezolanos residen en el exterior, de los cuales 1.630.903 viven en Colombia. Se calcula que en Perú actualmente residan unos 861.665 venezolanos.

El delegado de Juan Guiadó ante el gobierno de Colombia, el diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa denunció que “Maduro ha instalado campos de concentración en San Antonio y en Tienditas”, dos de los principales pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, donde los migrantes conviven hacinados, durmiendo en el piso y “sin ningún tipo de medida sanitaria, todo para montar un show político y así alimentar la propaganda oficial”.

En un comunicado de Migración Colombia, informaron que el domingo 5 de abril unos 600 venezolanos, dispuestos en más de 20 autobuses, retornaron por el Puente Internacional Simón Bolívar de Cúcuta. Según la agencia, su salud fue verificada antes de cruzar la frontera.

A través de su cuenta en Twitter, Gustavo Azócar, consultor político residenciado en el estado Táchira, denunció “caos” en el terminal de San Antonio. “#9Abr #Tachira 6.39pm San Antonio del Táchira: cientos de venezolanos retornados de Ecuador y Colombia siguen llegando al terminal de pasajeros sobrepasando la capacidad de respuesta de las autoridades. El caos es total”.

Por su parte, el gobernador oficialista de Carabobo, Rafael Lacava, anunció que había habilitado la Villa Olímpica para albergar a 400 venezolanos que retornaron al país. Donde cumplirán la cuarentena de 14 días, antes de volver a sus casas, mientras se descarta que sean portadores de COVID-19. La villa, supuestamente, cuenta con servicios médicos, alimentos y demás elementos necesarios para la atención de estas personas. Los aislados compartirán habitación con otras 5 personas, donde hay dispuestas literas, baño y televisión; y no podrán recibir visitas de ningún tipo durante su permanencia. 

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