Empresario detenido por narcotráfico es el presunto responsable de las irregularidades con el concierto de Romeo Santos

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El fiscal general Tarek William Saab anunció la noche del lunes 11 de diciembre que fue designada la Fiscalía 24 con competencia nacional para investigar y sancionar a las empresas Panteras Entertainment y Global Boletos Venezuela por las irregularidades registradas en el concierto de Romeo Santos, el pasado domingo 10 de diciembre, en La Carlota.

De acuerdo con Saab, ambas empresas “con medios capaces para delinquir: agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos”, quien se presentó en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota a las 4:00 am. del día lunes 11 de diciembre, cuando se tenía previsto que su concierto iniciaría a las 9:00 p.m. del domingo.

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“Las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaina en el 2015 en República Dominicana: dicho hampón fungió también en su momento como dueño  y presidente de la empresa de eventos Solid Chow usada para legitimar capitales del narcotráfico”, escribió Saab en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Aseguró que Araujo Durán “estando preso y con la complicidad interna de su lugar de reclusión también habría estafado a los organizadores del concierto de Anuel, celebrado el pasado mes de marzo a través de la empresa LIVE VIP.

El fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente añadió que el grupo de delincuencia organizada con el que Durán operaba para estafar incluye al director del centro de reclusión en el que se encuentra detenido, Argenis Guerra, quien está privado de libertad por hechos de corrupción.

“Los fiscales encargados de la investigación le sumaran esta pluralidad de delitos para aumentar su condena”, indicó Saab en referencia a Guerra.

También informó que el Ministerio Público, como medida preventiva, solicitará de forma inmediata la prohibición de enajenar y gravar, así como la inmovilización de todos los activos de las empresas investigadas por estos delictivos hechos.

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