El número de hogares en pobreza extrema -con ingresos insuficientes para cubrir los alimentos básicos- se redujo 14 puntos porcentuales en 2024, al pasar de 50,5% a 36,5%. En total, 3,4 millones de hogares se encontraban en esa situación el año pasado, una cifra considerada por expertos aún muy elevada. Sin embargo, en comparación con 2023, se trata de 600.000 hogares menos.
Este fue uno de los más resaltantes hallazgos de la décima Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y cuya muestra fueron 2.490 hogares en el territorio nacional.
De acuerdo con los datos del estudio, recogidos entre junio y julio del año pasado, 7 de cada 10 hogares (73,2%) dijo estar en situación de pobreza de ingresos (recursos insuficientes para satisfacer necesidades básicas), lo que representó una reducción de 9,6 puntos porcentuales con respecto a la medición de 2023.
Otro punto que resalta la Econvi es que el año pasado más de la mitad (56,5%) de los hogares venezolanos estaban en pobreza multidimensional, que combina los ingresos con otros factores como servicios, educación, vivienda y empleo. Un aspecto positivo es que hubo una reducción de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el 58,9% de 2023.
No obstante, tal y como advierte la UCAB, todas estas cifras están muy lejos de las que el país exhibía en 2014, fecha de la primera medición de Encovi. Para ese entonces, menos de la mitad de los venezolanos (48,4%) estaba en condición de pobreza, 23,6% vivía en pobreza extrema y 39,3% en pobreza multidimensional.
Así y todo -según se evidencia en la última edición de la Encovi- hubo una mejoría no solo de esos tres indicadores en 2024. También disminuyó la percepción de inseguridad alimentaria. El 78,1% de los encuestados indicó preocuparse ante la posibilidad de que los alimentos se acabaran, en comparación con el 82,7% que lo manifestó en 2023, mientras que 41,1% aseguró haberse quedado sin alimentos en su hogar en 2024 (4,1 puntos porcentuales menos respecto al 46,2% que lo indicó en 2023).
“Esto ha hecho que la percepción de seguridad alimentaria haya mejorado; sin embargo, aún quedan focos territoriales y de estratos, los cuales alcanzan aproximadamente hasta a 1/3 del país, donde la inseguridad alimentaria moderada y severa sigue estando presente”, asevera el estudio.
De hecho, según se evidencia en las ediciones anteriores de la Encovi, la mejoría de algunos indicadores sociales ha sido continua. En 2021, los resultados arrojaron que 65,2% de los hogares venezolanos eran pobres y en 2022 la estadística bajó a 50,5%.
“Regresamos a los niveles de pobreza multidimensional de 2018, producto de la recuperación económica, pero se incrementó la pobreza por razones sociales”, enfatizó en aquel momento el sociólogo Luis Pedro España, quien junto con la profesora Anitza Freitez, directora del IIES-UCAB, presentó el estudio en noviembre de 2022.
Medida por el nivel de ingresos, esa encuesta también reveló que en 2022 la pobreza afectaba a 81,5% de la población, es decir, 8 de cada 10 venezolanos no contaban con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. En 2021 ese indicador alcanzaba 90,9%. La pobreza extrema bajó de 68% en 2021 a 53,3% en 2022.
Sin embargo, para 2023, hubo un cambio en la tendencia. Aunque en 2022 la Encovi reportó, como consecuencia de la liberación ‘de facto’ de la economía, una caída en los niveles de pobreza de ingresos de 90,9% a 81,4% y de la pobreza multidimensional de 65,2% a 50,5%, los resultados del estudio de 2023 apuntaron a que esa mejoría en los indicadores se detuvo. El 82,8% de los hogares quedó en la categoría de pobres por ingreso (no contaron con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica) y 51,9% se ubicó en pobreza multidimensional, vinculada no solo a los ingresos, sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
En 2024, en cambio, hubo mejoría en varios de los indicadores. Los investigadores de la Encovi concluyeron que esos resultados se deben a que “durante el primer semestre de 2024 cae la pobreza como resultado de la estabilidad cambiaria, la reducción de la inflación y el crecimiento económico”.
Pero alertaron en el informe que “la volatilidad del segundo semestre 2024 y lo que será 2025 puede que ya esté mostrando una realidad muy distinta… La volatilidad de la economía venezolana, atada a las variaciones del ingreso petrolero, convertirán estas mejoras en ‘sal y agua’ si por la coyuntura institucional del país volvemos a tener un shock negativo de ingresos”.
Y gran parte responsable de que las mejoras se puedan hacer ‘sal y agua’ -según advierten expertos- es la revocatoria de las licencias petroleras que fueron otorgadas durante el gobierno de Joe Biden. En este segundo mandato de Donald Trump, por orden de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las empresas tienen hasta el 27 de mayo para desmontar sus operaciones en Venezuela.
Retroceso en lo social y económico por revocar las licencias
Para Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Metropolitana, la Encovi “deja muy claro, pero aparte es obvio”, que en 2024 hubo una recuperación económica y social en Venezuela. “En un país donde hay crecimiento económico, donde hubo cierta estabilidad cambiaria por lo menos hasta agosto, donde la inflación fue bastante baja también hasta agosto-septiembre, obviamente hubo una recuperación desde el punto de vista social”.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, coincide con Oliveros en ese punto. “Los números de los economistas así lo hacen ver”, señala; al tiempo que agrega que en los análisis “en el terreno hechos por organizaciones es claro que hubo una mejoría leve, pero la hubo a partir del año 2023”.
Afirma que es “importantísimo” que haya condiciones para que esa mejoría se dé por distintos caminos. Al final, “los recursos adicionales que puedan generarse siempre van a ir llegando en cascada a esos sectores más vulnerables para que puedan tener algunas mejoras en su situación económica. Así que, definitivamente, sí ha sido importante esa recuperación por pequeña que fuera”.
No obstante, a juicio de Oliveros, si bien hubo una mejoría “los problemas vinieron después” con un aumento de la inflación, más volatilidad cambiaria y menor crecimiento económico. “El año pasado hubo crecimiento económico para nada despreciable. El tema es que ahora estamos con el problema de las licencias y eso va a generar más inconvenientes”.
De acuerdo con el economista, la flexibilización de las sanciones, “pero sobre todo las licencias y que hayan permitido a las empresas petroleras operar no con la libertad que pudieran tener, pero con cierta libertad, genera buenas noticias en la economía. Eso tuvo un peso importante. El Estado tenía recursos para para intervención cambiaria, para mantener la inflación baja. Tenía un peso importante en el buen desempeño de la economía”.
Reyna también es de la opinión que una de las razones de esa recuperación “fue por la flexibilización y el otorgamiento de licencias, por esa facilitación para trabajar. Empresas transnacionales hicieron llegar esos recursos al Estado venezolano que después fluían hacia la población. Con todo esa contribución -y cómo lo han mencionado los economistas- cuánto de lo que circula es producto de ese comercio petrolero. Eso es realmente importante”.
De concretarse lo del 27 de mayo, es decir, el cese de operaciones de las petroleras occidentales, Oliveros destaca que “las consecuencias serían negativas. Venezuela está viendo mayor volatilidad cambiaria, mayor inflación, mayores inconvenientes. Eso le va a generar inconvenientes a Venezuela y nuevamente vamos a ver retrocesos en los indicadores sociales”.
Para Reyna, si cesan las operaciones petroleras de las transnacionales, las consecuencias para la economía venezolana “se expresarían en inflación que es un problema gravísimo; sobre todo, para las personas en situación de mayor vulnerabilidad y en esa imposibilidad de que los recursos que puedan ir generándose fluyan hacia los sectores más vulnerables”.
Asegura que, de empeorar la situación en el país, la presión para migrar se mantendría. “La migración tiene impacto severo en la vida de las personas. La somete a unas situaciones de inseguridad, de exposición a abusos, trata, tráfico, explotación. Eso es muy grave y quienes estarían en esa situación de migración forzada serían las que están en mayor situación de vulnerabilidad”.
Ante ello, recalca que se suponía que las sanciones tenían como propósito -cuando empezaron a plantearse entre las individuales, las sectoriales, las generales- “una mejora en materia de derechos sociales, que son derechos humanos, y al cese de abuso de derechos civiles y políticos. Era sentarse a la mesa de negociación y poder producir resultados”.
De modo que mantener las sanciones después de tantos años sin haber logrado esos resultados, para Reyna “claramente perdieron aquel propósito, se convirtieron en un fin en sí mismas y lo que han hecho es hacer enormes daños. Esos efectos no deseados de los que se hablan cuando se analizan sanciones, al final es lo que estamos viviendo desde ya desde hace varios años”.
Considera que es “gravísimo” que haya quienes todavía, incluso proponiendo cambios para Venezuela, estén apoyando las sanciones. “Yo me pregunto muchas veces si efectivamente hubiera cambios en un plazo mediano, corto, porque hay algún tipo de negociación política, cuál es la idea de empezar un proceso de cambio sobre un país más arruinado por sanciones. En lugar de que sea sobre unas mejoras, aunque sean paulatinas, no de gran envergadura. Tendría sentido imaginar que, si van a haber esos cambios, haya unas condiciones de vida que han mejorado para la población… Lo que ha terminado pasando es que esa vida precaria se alarga en el tiempo producto de las sanciones”.
Se ensombrece el panorama económico ante revocatoria de las licencias
La revocatoria de las licencias petroleras a las empresas occidentales, así como otras medidas de Donald Trump contra Venezuela, como la imposición de 25% de aranceles a los países y empresas que compren petróleo y gas venezolanos, no han pasado por debajo de la mesa. Organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y firmas privadas han ajustado a la baja sus previsiones con respecto a la economía y la industria petrolera de Venezuela.
Parte importante del deterioro de las expectativas obedece a la reimplantación de sanciones, por parte de Estados Unidos, contra el sector hidrocarburos de Venezuela, cuya consecuencia más relevante es la salida forzada de empresas internacionales que operaban en el país con las autorizaciones otorgadas por el Departamento del Tesoro.
El FMI, en su más reciente informe proyecta una caída del 4% para finales de este año de la economía venezolana y 5,5% para 2026. Frente al reporte anterior, esto datos significan un severo retroceso. En enero, el ente multilateral estimó un crecimiento de 3% para la economía venezolana en 2025.
Por su parte, la firma Ecoanalítica estima una baja de las exportaciones de un promedio sobre los 750.000 barriles a cerca de 575.000 barriles por día y uno ingresos petroleros por 10.200 millones de dólares este año, que indican una baja de 33% con respecto a 2024.
A esto se le suma que el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó recientemente que la actividad económica de Venezuela registró una caída de 2,7% durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, producto de una contracción de 5% en el sector no petrolero, que no pudo ser compensada por el crecimiento de 7,4% en la actividad petrolera venezolana.
