Las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas correspondientes al primer trimestre de este año muestran que la actividad económica tuvo un crecimiento “moderado” de 2% en comparación con el mismo período de 2023. “Este comportamiento estuvo influido de manera determinante por la expansión de la producción petrolera en 20%, la cual obedeció al aumento de la extracción de hidrocarburos”, advirtió.
Eso, a su vez, ha sido posible en gran medida por las licencias que Estados Unidos ha otorgado a la industria petrolera venezolana y que han permitido que empresas norteamericanas y europeas puedan operar en el país.
En ese sentido, expertos han alertado reiteradamente que endurecer la política de sanciones económicas mediante la eliminación de las licencias, incluyendo las individuales que autoriza ahora la Licencia General 44A -vigente hasta el 31 de mayo y la cual sustituyó a la Licencia General 44- tendría un efecto negativo en la actividad petrolera y, por ende, en la economía venezolana.
También han señalado que la mayoría de los ingresos que percibe el país provienen, precisamente, de la venta de petróleo y afectar ese flujo tendría un impacto en la estabilidad cambiaria con todas las consecuencias que eso conlleva. Y, nuevamente, serían los ciudadanos los más afectados.
José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, advirtió que «la estabilidad cambiaria tiene que ver mucho con las licencias» que pueda otorgar Estados Unidos para que empresas internacionales puedan operar en la industria petrolera y gasífera del país.
«Para estabilizar el tipo de cambio se requieren dólares y los dólares principalmente están viniendo al mercado a través de las exportaciones” de empresas extranjeras y “la cuota aparte que estas empresas les entregan al gobierno por la participación en la explotación conjunta de unos pozos petroleros», explicó.
Para Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, “más que hablar de que la estabilidad cambiaria depende de las licencias petroleras, esto es mucho más amplio. La estabilidad cambiaria depende del flujo de ingresos de divisas que tiene el Estado venezolano”.
Indicó que “ese flujo de ingresos está atado principalmente a la venta de petróleo que, prácticamente, es el 90% de los ingresos del Estado. Si tenemos licencias que permitan que Venezuela pueda seguir vendiendo el crudo y que, además, no tenga que venderlo con descuentos, la caída en el flujo de ingresos es menor”.
Agregó que la eliminación, el pasado 17 de abril, de la Licencia 44 provoca, según cálculos de Ecoanalítica una caída de alrededor de 3.000 millones de dólares en el flujo de los ingresos petroleros proyectados hasta diciembre.
“¿Eso significa que el gobierno no tiene capacidad para intervenir en el mercado cambiario?”, se pregunta Oliveros, a lo que responde: “No necesariamente, solo que le cuesta más porque al tener menos ingresos obviamente tiene que destinar una mayor proporción de lo que está recibiendo para estabilizar el tipo de cambio y son recursos que no se están destinando a otras áreas medulares que tiene el Estado venezolano”.
Por su parte, el economista Luis Oliveros enfatizó que «de las licencias dependen buena parte del flujo de divisas de Venezuela. Si Venezuela no puede vender petróleo, tiene más inconvenientes para tener un flujo de caja en dólares que le permita estabilizar la moneda».
Sin embargo, a su juicio, ese no es el escenario actual que se vislumbra para Venezuela: «Estamos viendo que hay licencias individuales y eso es una buena noticia. Por ejemplo, la de la petrolera francesa Maurel & Promes es por dos años. Pero, sin lugar a dudas, tiene impacto en el flujo de caja de divisas».
Al respecto, Asdrúbal Oliveros aseveró que las licencias a las compañías petroleras, entre ellas Repsol, Eni y Maurel & Prom, permiten que una porción importante de sus divisas se venda también en el mercado cambiario y ayuden a la estabilidad del tipo de cambio. “En la medida que Venezuela tenga mejoras en el flujo de ingresos petroleros, tendrá más capacidad para sostener el tipo de cambio”.
De acuerdo con Luis Oliveros, el hecho de que el Estado tenga un mayor movimiento de divisas en el mercado y capacidad de gasto, de alguna u otra manera beneficia a los cuidados. «Ha ayudado que haya un mayor flujo de divisas, ha ayudado al gobierno con la lucha antiinflacionaria y la lucha con la estabilidad cambiaria».
Asdrúbal Oliveros añadió que en un escenario donde haya mayores restricciones para las operaciones de las transnacionales o de la petrolera, “eso sí puede repercutir en esperar una mayor devaluación. Sin embargo, “ese no es el escenario que estamos viendo, porque la Licencia 44A está permitiendo que estas operaciones se mantengan y nosotros estimamos que el gobierno va a tener un flujo de ingresos que le va a permitir intervenir en el mercado cambiario”.
Dijo que desde Ecoanalítica calculan que los ingresos del Estado este año estarán por el orden de los 15.000 millones de dólares y lo que el gobierno puede destinar para intervenir en el mercado cambiario estaría por el orden de unos 4.500 millones de dólares, “que es casi un tercio de lo que ellos van a recibir. Así que creemos que tienen capacidad para hacerlo”.
“Una economía que con sanciones le cuesta más crecer”
Expertos, entre ellos Feliciano Reyna, presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria, ven con preocupación la política de sanciones contra Venezuela, pues consideran que exacerbarán la crisis económica y social. De hecho, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado -la mayoría de manera irregular- en búsqueda de una mejor calidad de vida, en medio de la crisis económica sin precedentes que ha vivido Venezuela.
Incluso, han advertido que endurecer las sanciones económicas podría ser contraproducente para los países receptores de venezolanos, incluyendo a Estados Unidos que ha recogido a más de 750.000 connacionales en la última década, de acuerdo con los datos de la Oficina del Censo estadounidense en febrero de 2023.
«Obviamente si la situación económica empeora, vamos a ver una mayor migración», aseveró Luis Oliveros, también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana de Caracas.
Indicó que actualmente la economía venezolana es un poco distinta a la que el país enfrentó entre 2015 y 2021. «Es una economía más pequeña, una economía que con sanciones le cuesta más crecer. Tiene un techo de crecimiento bastante bajo y eso le genera problemas a la economía venezolana».
José Guerra también aseveró que «si las licencias se revocan, el impacto será muy grande» no solo para el Estado venezolano, sino también para sus ciudadanos.
Podrían regresar las “prácticas poco ortodoxas”
El hecho de que no haya sido renovada la Licencia General 44 y solo se puedan tramitar ante la OFAC autorizaciones individuales, genera una serie de limitaciones para Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Incluso, expertos no descartan que recurra nuevamente prácticas opacas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos y vender su crudo.
“Venezuela recurrió a un conjunto de artificios, como el trasiego de petróleo de barco a barco, el uso de las criptomonedas, para poder saltarse las sanciones… Eso ha perdido muchísima importancia, porque con el levantamiento parcial de las sanciones las operaciones se pueden hacer de manera totalmente legal”, comentó Guerra.
Pero si vuelven las sanciones, a su juicio, “es probable que se recurra a estas prácticas poco ortodoxas, que son prácticas muy pero muy propensas a la corrupción y que, además, significan grandes descuentos para el crudo venezolano. Tienen que transarse con unos grandes descuentos para evitar esas sanciones».
Luis Oliveros comentó que los mecanismos que usa el Estado “no están claros porque falta transparencia, porque el gobierno no ha hablado de esto. El gobierno ha tenido que hacer maniobras no muy transparentes para poder colocar el crudo en el mercado y eso va a continuar en la medida en que Pdvsa tenga inconvenientes para colocar su crudo».
Unos de esos mecanismo han sido las criptomonedas, que no solo han sido empleadas en el país como un método de protección del dinero, sobre todo en los años de hiperinflación y ante la devaluación de la moneda, sino que también han estado involucradas en casos de corrupción, principalmente dentro de la industria petrolera.
Entre las tramas de corrupción destaca el caso Pdvsa-Cripto, tras el cual han resultado detenidas 66 personas relacionadas a Petróleos de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos(Sunacrip). Entre los detenidos destacan Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, y Joselit Ramírez, presidente de la institución de criptomonedas.
En marzo de 2023, cuando se destapó el caso, el Ejecutivo aseguró que fueron más de 3.000 millones de dólares los “perdidos” bajo la gestión de El Aissami. No obstante, Reuters reveló que la empresa estatal acumuló «21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar después de recurrir a docenas de intermediarios para exportar su petróleo bajo sanciones Estados Unidos.
Y aunque este caso sigue en desarrollo, Pdvsa planea aumentar las transacciones en criptomonedas para sus exportaciones de crudo y combustible a medida que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones petroleras al país, según dijeron fuentes a Reuters a principios de abril. Sin embargo, la agencia de noticias advierte que no está claro si los pagos en moneda digital Tether por parte de la estatal venezolana serán el objetivo de Washington a partir del 1 de junio.
Sobre eso el político opositor Leopoldo López y el experto Kristofer Doucette presentaron un informe -reseñado por Reuters- que detalla las transacciones desde que Nicolás Maduro asumió el cargo. Los gobiernos democráticos deberían contrarrestar sus intentos de «explotar las criptomonedas para mover ganancias ilícitas al sistema financiero internacional», señala el informe.
«Deben crearse estructuras para combatir este tipo de lavado de dinero», dijo Doucette, líder de seguridad nacional de Chainalysis, un proveedor con sede en Nueva York de investigación y software para gobiernos, bolsas, bancos y compañías de seguros para garantizar transacciones seguras con criptomonedas.
Gerardo Álvarez Ramayo, embajador de la criptomomeda Polkadot, explicó que Bitcoin, por ejemplo, tiene dos propiedades que hacen que sea un mecanismo mediante el cual podrían evadirse las sanciones: “Primero, es descentralizado, no las emite ningún ente, ningún Banco Central y, segundo, son operaciones seudoanónimas, porque si bien tú puedes ver la transferencia de dinero que existe dentro de la red de Bitcoin, tú no sabes quién las hace… Y como las criptomonedas no pueden ser sancionadas, pues justamente por eso se usan”.
Pero también quiere dejar claro que las criptomonedas tienen su parte positiva. “Ayudan a ciudadanos de países como Venezuela, Argentina, Cuba, donde tienen un control cambiario muy fuerte, poder cobrar por ahí su trabajo, mover dinero en un activo que no se devalúa”.