La celeridad con la que el gobierno de Nicolás Maduro le ordenó a la Asamblea Nacional aprobar la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista generó choque entre representantes de las tres principales organizaciones gremiales que agrupan a los empresarios venezolanos: Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, señala el semanario Exclusivas Económicas.
Por un lado, Fedecámaras sugirió de entrada una alícuota entre 6% y 8% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial, porcentajes que a criterio de algunos en este gremio “lucen razonables” si se toma en cuenta que el tope es de 15%.
En Consecomercio se consideran elevadas las tasas sobre todo para pequeños y medianos establecimientos; mientras que en Conindustria se intenta mantener un diálogo permanente con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien además funge como ministra de Finanzas.
La Ley aprobada intenta resolver los problemas financieros que tiene el gobierno de Maduro para cubrir el déficit que afronta el Seguro Social en el pago de pensiones.