La realización de más de 200 protestas laborales en lo que va de enero ha recrudecido el acoso contra los empleados de la administración pública, aseguraron funcionarios que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Alertaron que además de las listas para chequear la asistencia obligatoria de los trabajadores a las marchas convocadas por la administración de Nicolás Maduro, con el fin de frenar la ola espontánea de protestas laborales, dentro de los organismos el personal es objeto de espionaje y persecución por parte del oficialismo.
«Si ven que conversas con uno o más compañeros en la oficina y los pasillos o tomando café se presenta un militante, jefe o director para recordarte el lema: amenaza de leales siempre, traidores nunca», contó un consultado.
Una funcionaria refirió que antes y después de las marchas pro gobierno, los organizadores pasan lista de asistencia.
«Actualmente, la militancia del PSUV tiene mucha presión, pues debe garantizar el número de asistentes asignados a cada ministerio, empresa o instituto del Estado. De no ser así, se exponen a una sanción disciplinaria dentro del partido», señaló otro consultado.
Las represalias a los trabajadores que deserten de ir a las marchas o muestren «comportamiento sospechoso» en el centro de trabajo consisten en la suspensión de la entrega de la bolsa de alimentos o del pago de bonos y primas además de amenazas de despido».
Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, alertó que desde marzo de 2022 al presente, el salario mínimo y las pensiones de 130 bolívares mensuales registran una pérdida de 80% en el poder adquisitivo.
El representante de la Unete advirtió que el acoso laboral a los empleados públicos se ha recrudecido en enero producto de la ola de protestas laborales espontáneas exigiendo salarios y pensiones suficientes.
«El Gobierno no quiere aceptar que las protestas -sin color partidista- reclaman el respeto a los derechos laborales que, además del salario, incluyen el cese de la judicialización de dirigentes y trabajadores y el respeto a la libertad sindical», dijo.
En ese sentido, destacó que el expediente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre irrespetos laborales por parte del chavismo-madurismo contiene 793 casos emblemáticos -bien sustentados con nombres y apellidos- relativos al la judicialización y negativa a ordenes de reenganche de trabajadores y dirigentes sindicales despedidos injustificadamente por reclamar sus derechos laborales y democráticos.
El jueves, Carbone presentó la grave situación de emergencia humanitaria laboral al alto comisionado de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, en su visita de dos días al país.
El dirigente sindical precisó que en el expediente de la OIT están 143 casos -repartidos 134 y 9 entre los sectores público y privado, respectivamente- de trabajadores presos y bajo régimen de presentación judicial por participar en protestas laborales.
También están 650 casos de sindicalistas y empleados del sector público con órdenes favorables de reenganche y pago de salarios caídos, pero que los organismos se niegan a reinsertarlos en sus puestos.
El representante de la Unete aclaró que los casos presentados a la OIT constituyen una muestra documentada de 400 sindicalistas y trabajadores judicializados y miles de despedidos injustificadamente y a quienes se les niega el reenganche y cancelación de sueldos caídos.
Carbone destacó que la reunión del diálogo social entre representantes de la OIT, centrales obreras y empresarios que se celebra en Margarita tiene especial significación debido a la actual alta conflictividad laboral del país.
