Cuatro expertos cuestionaron, en el evento “Venezuela at a Crossroads: Reassessing Sanctions–The Best Way Forward?”, el impacto que las sanciones económicas de Estados Unidos han tenido sobre Venezuela, y coincidieron en que la imposición de estas medidas, más que propiciar un cambio de gobierno -que era su objetivo primordial- han incrementado “el sufrimiento” de los ciudadanos.
En el webinar, organizado por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas y cuya moderadora fue Gabriela Hoberman, investigadora sobre América Latina y el Caribe, Brian Fonseca, Christopher Sabatini, Asdrúbal Oliveros y Feliciano Reyna ofrecieron una descripción general sobre el efecto que las sanciones han tenido en la economía de Venezuela y en el panorama político.
Sabatini, senior fellow para América Latina en Chatham House y ex profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, fue el primero en tomar la palabra para aclarar que: “En cuanto a las sanciones contra Venezuela, no debemos combinar las políticas disfuncionales que las administraciones de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro implementaron con los efectos de las sanciones. Implementaron una serie de medidas que colapsaron la economía”.
Resaltó el impacto que han tenido las sanciones en los venezolanos y que han llevado a una migración masiva que ha afectado incluso a la región. “Necesitamos separar las sanciones con buenas intenciones de las consecuencias no deseadas. Estados Unidos no toma en consideración las consecuencias no deseadas de las sanciones como la migración, el colapso humanitario, el sufrimiento en general”.
Sabatini recordó que las sanciones contra Venezuela tenían el propósito de provocar un inmediato cambio de gobierno, “lo cual no ocurrió. Con el tiempo lo que hicieron fue prolongar el sufrimiento de los venezolanos, sin producir el efecto deseado”.
En este punto, Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, coincidió con Sabatini en que el objetivo de las sanciones era provocar o crear las condiciones para lograr un cambio de gobierno y eso no ha pasado. “Las sanciones, claramente, no han sido efectivas para lo que habían sido diseñadas”.
A su juicio, las sanciones, que también “socavan la política e intereses de Estados Unidos”, han exacerbado la crisis humanitaria, disuadido las inversiones de Occidente, incluyendo a las empresas estadounidenses, y acercado a Venezuela a Rusia y China, que son “nuestros competidores estratégicos en el paisaje geopolítico”, y a Irán y Turquía.
Cuando se le preguntó si las sanciones han presionado al gobierno de Venezuela hacia reformas democráticas, respondió: “Han ejercido una presión considerable, pero no en la dirección que esperaba Estados Unidos. No han presionado al gobierno para restaurar la democracia en Venezuela, sino para atrincherarse y para conseguir aliados que le permitan evitar las medidas que Estados Unidos está aplicando para forzarlos a tomar otro camino”.
Ante esa realidad, según comentó el también profesor adjunto en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Steven J. Green de FIU, Estados Unidos debe revaluar las sanciones contra Venezuela. “No hay que perder de vista que las sanciones por sí solas son un horrible instrumento de poder”.
A su criterio, las sanciones han sido “igual de malas para la política de Estados Unidos, porque estamos forzando a un país increíblemente cercano geográfica y culturalmente hacia rivales geopolíticos… Estados Unidos tiene que pensar cómo aliviar la crisis humanitaria, recuperar influencia sobre el terreno, presionar a los rivales y ayudar a restaurar la democracia en Venezuela”.
Ciudadanos y empresas, los más afectados por las sanciones
Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, durante su intervención sostuvo que “a veces, cuando asumimos el tema de las sanciones, pensamos que el gobierno no va a actuar, pero hemos tenido un gobierno bastante dinámico en su respuesta a las sanciones”, creando “mecanismos alternativos para enfrentarlas” que “lo hacen más fuerte”.
De acuerdo con Oliveros, Venezuela está exportando cerca de unos 880.00 barriles de petróleo. De esos, alrededor de 300.000 barriles están bajo licencias de las multinacionales, que se venden principalmente en el mercado de Estados Unidos.
“Los ingresos de esos barriles no entran directamente en el control del gobierno de Nicolás Maduro. Una parte va para pagar la deuda con estas empresas, otra parte va para inversiones, para que los campos sigan produciendo, y la otra parte va al mercado cambiario para abastecer a las empresas venezolanas, sobre todo las que compran alimentos y medicinas”, indicó.
Consideró que si Estados Unidos decide revocar las licencias, el gobierno venezolano va a vender el petróleo, principalmente, en China, «bajo mecanismos de mercado negro, sin ningún tipo de control. El ingreso quedaría bajo el control de Maduro y de los grupos de poder que lo sostienen. Cuando se eliminan las licencias, pongo más petróleo en control de Maduro. Por eso hay que evaluar muy bien el impacto de estas medidas. En muchos casos las sanciones lo que han favorecido es la economía ilícita y flujos poco transparentes”, expresó.
A su criterio, los efectos de las sanciones se trasladan principalmente a la población y a las empresas, que son las “que sufren un poco más los efectos punitivos del alistamiento, del overcompliance y otros elementos”; al tiempo que recordó que “más allá de esta discusión de las sanciones no podemos olvidar que la economía venezolana perdió 80% de su tamaño”.
Para Oliveros, muchas veces, sobre todo fuera de Venezuela, no hay una comprensión clara del efecto de las sanciones sobre el sector privado. “Venezuela prácticamente está excluida del sistema SWIFT, por lo que realizar transferencias entre venezolanos y el exterior está bastante limitado”.
Explicó que si bien las sanciones están dirigidas al gobierno y entes oficiales, terminan teniendo “un efecto colateral” sobre actores privados y particulares como cierre de cuentas bancarias y proveedores que no quieren trabajar con Venezuela. Eso está generando una presión en los costos de los bienes de las empresas. Por eso en Venezuela el costo de la vida es elevado. Las sanciones no son el único factor, pero al estar el país sancionado esto genera un aumento en nuestro costo de vida. Por lo tanto, los efectos más fuertes de las sanciones los sufren los ciudadanos, que pagan productos más caros, y el sector privado”.
Ante ello, sugirió “recalibrar y repensar este esquema”, diseñando mecanismos que “apunten más hacia la economía ilícita, hacia los flujos alternativos que hacia las actividades medulares que sostienen al Estado venezolano, como es la actividad petrolera, que es de donde salen los recursos para sostener la economía y a la población vulnerable que sigue teniendo una dependencia muy marcada con el Estado venezolano”.
Sanciones para negociar, no para entregar las llaves a “rivales geopolíticos”
Feliciano Reyna, fundador presidente de Acción Solidaria y activista por los derechos humanos, inició su intervención asegurando que las sanciones no se deben ver como un paquete que puedes “cambiar de lugar”.
Al igual que el resto de los ponentes, aseguró el impacto de las sanciones en las personas “ha sido enorme. Muchos de nosotros pensamos que el propósito de las sanciones era facilitar un proceso de conversación, de negociación para buscar salidas al conflicto político. Pero, desafortunadamente, cuando la idea fue remover el gobierno estaba claro que iba a reaccionar y tiene los medios para reaccionar y mantenerse en el poder, usando también la coerción unilateral”.
Y como última reflexión está la de Christopher Sabatini sobre los “escenarios potenciales” si se reanudan las sanciones contra Venezuela: “Le entregarás las llaves a Rusia, China, Irán y Turquía. Estas no son las sanciones de Cuba… A largo plazo entregarás las llaves a países que no están interesados en la democracia en Venezuela y ese es un gran riesgo”.