Para este miércoles está fijada la audiencia preliminar contra seis funcionarios de las FAES de Miranda: Alexander Efrain Uzcategui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martinez Sanchez, Richard Alfredo Sanchez Perez, Meyfer Jose Dias Lopez y Francisco Jesús Paredes Peña.
Los funcionarios están siendo imputados por la comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía, por motivos fútiles, agavillamiento, simulación de hecho punible, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro en perjuicio de los funcionarios de Polichacao, Eligio Duarte y Fernando Lira, quienes presuntamente fueron ejecutados extrajudicialemente por dichos funcionarios el dia 06 de Marzo del año en curso en la avenida intercomunal de Guarenas, a la altura de la Villa Panamericana.
Las víctimas habrían sido citadas en la estación de servicio de Trapichito para la entrega de 500 dólares americanos que compró Lira a un conocido tres días antes. Al llegar al sitio, y luego de encontrarse con el vendedor de los dólares, fueron emboscados en dos vehículos particulares tripulados por funcionarios de las FAES, quienes sin mediar palabras, abrieron fuego de inmediato en contra de las víctimas. Esto originó una breve persecución donde Duarte y Lira son interceptados, sometidos y arrodillados para luego efectuarle múltiples disparos hasta ocasionarles la muerte.
Se determinó a través de investigaciones de que se trataba de una red de estafadores, quienes estaban en complicidad con los funcionarios de las FAES.
Una vez sea celebrada la audiencia el juzgado decidirá su pase a juicio, y de esa forma, continuar con el proceso penal. La defensa habría solicitado la nulidad de la acusación fiscal y el sobreseimiento de la causa a los imputados. No obstante, se espera que en vista de la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público, y por la desmedida e injusta actuación policial, sea admitida la acusación en todas sus partes y se decrete el pase a juicio.
Actualmente los funcionarios se encuentran detenidos en la sede del FAES del estado Miranda donde gozan de privilegios. Esto a pesar que una jueza dictó y ordenó que el centro de reclusión, mientras se realiza el juicio, sea Yare III.