La Federación de Asociaciones de Cámaras de Comercio y Producción -Fedecámaras-, entregó el pasado lunes a la Asamblea Nacional, la propuesta alternativa del empresariado nacional al “Proyecto de Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista”.
El documento, reconoce la necesidad de contar con un sistema de Seguridad Social y una mayor garantía de los pensionados. “Este es un propósito común entre gobierno nacional, trabajadores y empresarios, en lo referente a la formulación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros pensionados y jubilados”.
En las observaciones (entregadas a la Asamblea Nacional antes de que la citada Ley fuese aprobada por la instancia legislativa y promulgada por Nicolás Maduro este miércoles), se recomendó:
- La alícuota no debería ser superior al 6%, ya que un porcentaje superior no sería sostenible para ninguna empresa privada. El sector privado ha estado haciendo esfuerzos para preservar puestos de trabajo y mejorar la remuneración de los trabajadores.
- La Ley debería establecer un tope máximo para la base del aporte (en lugar de un mínimo), y proponemos que el importe sea el equivalente a 3 veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo Nacional.
- La base de cálculo de la contribución debe ser el salario normal correspondiente al mes anterior en que se cause el tributo, según lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Trabajo. A todo evento, podría considerarse que el monto mínimo de base cálculo sea el Ingreso Mínimo Integral definido por el Ejecutivo Nacional.
- Se debe contemplar la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional.
- Se sugiere que en aquellas empresas que mantienen un plan de jubilación, debería exonerarse la contribución, ya que estaría en riesgo la viabilidad de dichos planes de retiro.
En el texto, el gremio empresarial ratificó la voluntad del sector privado de contribuir con la Seguridad Social, como una política pública con viabilidad y proyección, recordando que este plan debe ser el resultado del intercambio de planteamientos, los cuales recojan los criterios del Ejecutivo nacional, de los trabajadores y de los empresarios, con lo cual se garantizará la sostenibilidad del sistema de protección social.
“Se trata de no distorsionar el mercado laboral con elementos contributivos que, lejos de coadyuvar a los objetivos previstos, pudieran generar inconvenientes en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, calidad de la contratación, alicientes a elevación fiscal, sobre todo, un régimen que resulte no viable perjudicando a los sectores vulnerables a los cuales está destinado la Ley recientemente discutida en el seno de la Asamblea Nacional”, según lo planteó la alta dirigencia empresarial agrupada en Fedecámaras.