La propuesta de un Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una iniciativa ciudadana que promueve un ambiente de tolerancia, no violencia y coexistencia política. El objetivo principal es evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y descalificaciones y, más bien, predomine un debate propositivo y constructivo. La idea surge de una amplia consulta a importantes e influyentes voces de la sociedad civil que trabaja activamente por vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en la institución del voto, mantener la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales, alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder. Sobre estos temas se basó la consulta.
Con el Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia se procura contribuir a superar el juego suma cero en el que ha quedado entrampada la lucha por el poder político en Venezuela, donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. Para lograr la convivencia pacífica ninguno de los actores políticos en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. La alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, quien esté en el gobierno no tendrá incentivos para medirse en unas elecciones competitivas que puede perder, y esto dificultará la alternabilidad en el poder. Desarrollando el objetivo central del Pacto, se trata de crear condiciones para la convivencia pacífica con base en un compromiso de no persecución política, independientemente del candidato que resulte ganador.
En la consulta realizada se planteó que el fin del conflicto político no garantiza la paz social y que ésta solo se logrará si se erradican las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social. Aunque este no es el objetivo central del Pacto, las voces consultadas, venezolanas y venezolanos de buena fe, activistas comprometidos con una solución democrática, electoral y pacífica de la crisis nacional, como una forma de solidarizarse y contribuir a crear un ambiente favorable a la reparación de daños a las víctimas-, hicieron propuestas sobre la problemática de DDHH que fueron bien recibidas y recogidas en el tercer punto del Pacto en el que se plantea a los candidatos: “crear una Comisión de la Verdad dedicada a compilar y analizar las denuncias, declaraciones e informaciones relacionadas con la violencia política y violaciones a derechos humanos como consecuencia de la confrontación política entre febrero de 2014 y febrero de 2024 con el objetivo de poner en primer plano a las víctimas del conflicto, que deben ser reconocidas y reparadas a través de un proceso de obtención de verdad y justicia”.
Incluso, en el cuarto punto del Pacto se acompaña y respalda la necesidad de “reactivar y mantener la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de contribuir a recabar información sobre violaciones de derechos humanos, y extender el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.”
La amnistía es un tema muy sensible que suele ser desvirtuado cuando se confunde la inmunidad por delitos políticos que se propone, con la impunidad por violaciones a derechos humanos. Para evitar manipulaciones malintencionadas que intentan tergiversar y enlodar el espíritu del Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos, con base en el artículo 29 de la Constitución en el que se establece que: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades”, en el punto sexto del Pacto se plantea claramente que “quedan exceptuados de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, tal como se establece en el Estatuto de Roma. Estos casos sólo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria”.
Dejando esto claro, cualquier intento por desvirtuar la iniciativa del Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia, tergiversando la amnistía que se propone como un pacto de impunidad, solo puede responder a la mezquindad y mala fe que se expresa en una crítica destructiva, nada propositiva, que solo siembra dudas y discordias, y no contribuye al espíritu de reencuentro, perdón y reconciliación que Venezuela necesita.
Una solución digna para las víctimas del conflicto venezolano debe ocupar un lugar prioritario en un Pacto de Convivencia Pacífica y por eso se propone a los candidatos acordar un conjunto básico medidas para la reparación de daños a las víctimas, entre las que se incluyen presos y exiliados políticos; torturados, heridos y familiares de manifestantes muertos en las protestas, migrantes y sus familiares.
El costo social del conflicto venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los casi 8 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida debido a la contracción de la economía, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas. Los migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes luego se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva.
La mayoría de los migrantes venezolanos está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia por la competencia que representan para los trabajadores locales, y por la presión que ejercen sobre los servicios públicos y sociales. La reparación de daños a los migrantes es clave para el reencuentro y la reconciliación nacional.
Los migrantes venezolanos tienen diferente calificación técnica y profesional, pero la mayoría apenas sobrevive desempeñando otros oficios. Y el país los necesita para su reconstrucción. Muchos de ellos estarían dispuestos a regresar si encuentran incentivos para trabajar, reconstruir sus condiciones de vida y sostener sus familias.
El Pacto de Convivencia Pacífica contempla un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales que se puede llevar a cabo a través de una acción conjunta entre el gobierno saliente y el gobierno entrante en el lapso que va desde la fecha de las elecciones presidenciales hasta la toma de posesión. De esta forma, el nuevo gobierno -en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social-, ganará tiempo al recibir una economía desbloqueada que empieza a ser saneada, un Estado que inicia su reinstitucionalización y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla antes de la toma de posesión y comienza por levantar todas las sanciones económicas, recuperar los activos de la República bloqueados en el exterior, tener acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI, recuperar las reservas del BCV que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra, gestionar la reestructuración y rebaja de la deuda externa, lograr la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales, así como la promoción y búsqueda de inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo.
En 2022 Citgo, filial de Pdvsa en EEUU, generó ganancias por $ 2.800 millones y en 2023 reportó $ 2.000 millones de ganancias netas, con una liquidez que supera los $ 4.000 millones. Sin embargo, ni un solo dólar de las ganancias generadas por esa empresa que es de todos los venezolanos se ha destinado a pagar la deuda social. Pero Citgo está en peligro de ser rematada en EEUU y los candidatos a la Presidencia están llamados a gestionar ante la Administración Biden la protección de la compañía más importante que Venezuela tiene en el exterior, la cual se necesitará para la reconstrucción nacional.
Por esta razón, en el punto décimo cuarto del Pacto se plantea que -con base en el levantamiento de las sanciones económicas y la recuperación de los fondos de la República bloqueados en el exterior-, se impulsará la creación de un Fondo de reparación de daños a las víctimas del conflicto cuyas compensaciones podrán ser cubiertas con los rendimientos del Fondo. La gestión del Fondo se hará con la activa participación y supervisión de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de las víctimas del conflicto.
Independientemente de quien resulte ganador en las Presidenciales del 28J, la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral en Venezuela emplaza a los candidatos a la Presidencia a gestionar ante la Administración Biden la extensión de la licencia que impide el remate de Citgo, a cambio de destinar parte de sus ganancias a financiar la repatriación voluntaria de los migrantes venezolanos que estén dispuestos a reconstruir su vida en Venezuela, financiando los siguientes incentivos:
- Asignación de 500 $/mensual (costo de la canasta alimentaria) durante un año para repatriar 50.000 familias (50 x 12 x 50.000 = $ 300 millones)
- Créditos en condiciones preferenciales de montos, tasas de interés, plazos y garantías para la adquisición de taxis y otros emprendimientos productivos.
- Préstamos hipotecarios en condiciones preferenciales para la adquisición de vivienda y subvenciones para equipamiento del hogar.
- Becas para hijos de migrantes en educación primaria, media y superior.
- Seguro de hospitalización, cirugía y maternidad.
- Exoneración de impuestos sobre la renta por tres años.
Aunque no es el objetivo central del Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia –objetivo que ya fue explicado en detalle al comienzo de este artículo-, la iniciativa es muy sensible a la problemática de los DDHH y los daños a las víctimas del largo conflicto político venezolano que deben ser reconocidas y reparadas a través de un proceso de obtención de verdad y justicia, y de la creación de un Fondo de Reparación de Daños. Escuche la propuesta completa en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoralhttps://t1p.de/jkbqe