Aparentemente la política interna de Venezuela, especialmente en los grupos de oposición a Nicolás Maduro, ha cambiado poco en los últimos días. No obstante, fuera del debate de la opinión pública las diferencias entre los grupos que respaldan a Juan Guaidó como presidente encargado han comenzado a ser más notorias y evidentes, analizó el periodista Eugenio Martínez en el más reciente informe de coyuntura de Carpe Diem comunicaciones.
En el reporte, titulado Venezuela: Política y Economía en Perspectiva, Martínez subraya que las diferencias se han profundizado tras la reciente decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el acuerdo que autoriza la creación del Fondo Especial de Litigios.
Explicó que el principal argumento de Primero Justicia para oponerse es que contradice al artículo 36 del estatuto que rige la transición a la democracia, en el que se establece que los activos de la República que hayan sido recuperados por la actuación institucional de la Asamblea Nacional y del gobierno interino no pueden ser dispuestos ni ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se haya conformado un Gobierno de Unidad Nacional.
Reveló que el desacuerdo llegó incluso a provocar que el procurador especial, José Ignacio Hernández, colocara su cargo a la orden.
Destacó que dejando el debate legal a un lado, el principal desacuerdo surge por la forma en que se pueden administrar los fondos destinados al fondo especial para litigios, especialmente por la falta de acuerdo para designar a un contralor especial.
Sin embargo, Martínez puntualizó que los partidos que defienden la decisión de la Asamblea Nacional basan su argumentación en las siguientes consideraciones:
1) El fondo ya estaba creado. La AN solo autorizó y fijó el monto máximo de gastos en 20 millones de dólares. Estos fondos solo pueden ser usados para pagar deuda y gastos legales en los litigios internacionales que tiene que afrontar el Gobierno de Guaidó, pero no pueden emplearse para pagar los gastos de funcionamiento del gobierno ni dentro, ni fuera del país.
2) Los partidos que avalan el acuerdo (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) sostienen que el uso de los fondos es fiscalizado por cuatro controles nacionales y uno internacional: los gastos deben ser aprobados por el Procurador, luego por la junta Ad-hoc de Pdvsa y, posteriormente, por una comisión Ad-hoc técnica nombrada por la AN. Finalmente, la ejecución debe recibir la aprobación de la comisión de Finanzas del Parlamento.
Adicionalmente se necesita la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al tratarse de activos congelados.
El boletín número 2 del año 2020, también desarrollado en materia política por Martínez, acota que en uno de los pocos aspectos en que se mantiene la unidad de criterio del liderazgo opositor es en la tesis de no participar en las elecciones parlamentarias. Hasta este momento el acuerdo es seguir insistiendo en la necesidad de exigir la celebración de elecciones presidenciales, refirió.
Foro de Sao Paulo contraataca
Con respecto al denominado Foro de Sao Paulo «Encuentro Mundial Contra el Imperialismo que se realizó en Caracas durante la última semana del mes de enero, Martínez apunta que, aunque pasó desapercibido y sin atención mediática, el encuentro fue muy significativo.
A diferencia de las asambleas previas del Foro de Sao Paulo en Caracas, en este caso se trató de reuniones de carácter técnico y operativo, especialmente entre las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela y el resto de los movimientos políticos de izquierda de la región, dijo.
Manifestó que el punto central de todas las reuniones celebradas en Caracas fue el diseño y coordinación de procedimientos para articular manifestaciones de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro dentro y fuera del país, en caso que escale la presión interna de la oposición y las sanciones internacionales.