El Foro Penal Venezolano aseguró que, tras conmemorarse 21 años de los sucesos del 11 de abril de 2002, la impunidad es la «característica fundamental» en las muertes que ocurrieron en el contexto de estas manifestaciones pacíficas.
El abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, aseguró en un video que «al día de hoy los venezolanos no conocemos la justicia en relación a lo sucedido el 11 de abril de 2002».
Detalló que se abrieron 79 investigaciones penales, como lo reconoció el Estado en su momento, pero «ninguna llegó verdaderamente a nada. No se alcanzó la justicia, ninguna llegó a la verdad de los hechos».
De esas 79 investigaciones, solo tres concluyeron en sentencia definitiva: una absolutoria y dos condenas «dudosas y sin evidencias (…) Las demás fueron archivadas o sobreseídas».
Por su parte, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que esa impunidad también se arrastra en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la denuncia el 21 de octubre de 2006 sobre los sucesos del 11 de abril.
Después de la última actuación en esa instancia, en julio de 2007, sólo quedaba esperar la decisión, que no se ha concretado. El presidente del Foro Penal recordó la muerte de Jesús Espinoza, de 18 años, a quien asesinaron de un disparo en la cabeza en la avenida Baralt, y cuyo caso fue incluido dentro de esa solicitud en la CIDH.
«¿Qué pasó con el asesinato de esas otras 17 personas?, incluyendo este muchacho de 18 años que les comenté, quedó archivado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que habiendo admitido esa denuncia y habiéndose concluido todo el procedimiento relacionado con la misma, al día de hoy no se ha pronunciando para remitir ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», señaló Romero.
Además, aseguró que ese año marcó el inicio de la represión política en Venezuela, que actualmente se mantiene bajo investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). «No es el 11 de abril de 2002 lo que investiga (la CPI), pero sí lo que ocurrió posteriormente».
Las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y los movimientos de un sector de la oposición y el empresariado venezolano derivaron en un intento de golpe de Estado, la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez y la instalación de un gobierno transitorio encabezado por Pedro Carmona Estanga. Chávez fue restituido en el poder dos días más tarde, tras permanecer en la isla de La Orchila.
Por los sucesos del 11 de abril, nueve efectivos de la Policía Metropolitana fueron condenados por dos de las 19 muertes ocurridas en esa fecha. Por los asesinatos restantes nunca se ubicaron responsables.
En prisión permanecen Héctor Rovain, Erasmo Bolívar y Luis Molina, a quienes se les condenó a 30 años de cárcel pese a que las experticias presentadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) durante el juicio los exoneraron de responsabilidades.
Sus familiares han pedido que se les otorguen beneficios procesales para cumplir el resto de la condena en libertad, pero la jueza Ada Marina Armas ha negado cada una de las solicitudes.
Los tres funcionarios pagaron la mayor parte de su condena en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Desde el 22 de octubre de 2021 fueron trasladados al Centro Penitenciario Fénix, en Barquisimeto, donde difícilmente tienen acceso a los alimentos que les envían sus familiares.
Mientras que los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero pagan condena a través de medidas humanitarias de casa por cárcel por las graves enfermedades que padecen. Lo mismo sucede con el sargento Julio Rodríguez.
El comisario Iván Simonovis estuvo bajo medida de casa por cárcel, hasta que el gobierno interino presidido por Juan Guaidó lo indultó. Escapó del país en 2019 hacia Estados Unidos.
Hasta la fecha, el único liberado por estos sucesos es el comisario Marco Hurtado, cuya boleta de excarcelación se emitió en enero de 2020 a pesar de que debió haber salido en libertad en diciembre de 2019.
Al comisario se le condenó a 16 años y 8 meses de prisión por las muertes de Ruby Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos simpatizantes del oficialismo.
Fuente: Tal Cual