El gobierno de Nicolás Maduro rechazó «categóricamente» el dictamen de la Corte Estatal de Washington, del juez de distrito Carl Nichols, quien el pasado viernes emitió una orden a favor de la energética norteamericana ConocoPhillips para hacer cumplir un laudo arbitral que ganó en 2019 y le ordena a Venezuela pagar alrededor de 8.700 millones de dólares, como compensación por apoderarse de los intereses de la compañía energética en proyectos petroleros.
Para Maduro el fallo es «en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos» y se trata de una decisión «injusta» que ha sido «fraguada violándosele a (…) Venezuela su derecho a la defensa, y en complicidad con extremistas venezolanos, entre los que se encuentran (los opositores) Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso».
El Ejecutivo considera que, con esta «írrita e ilegal» decisión «se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales donde se impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses» del país.
A través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno hizo un llamado a la comunidad internacional ante las «evidentes maniobras con las que se pretende justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana», pues, con esta medida, Estados Unidos «no solo viola el Derecho Internacional, (sino que) además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia» para cualquier país.
Venezuela, indica el comunicado, «jamás renunciará a la defensa legítima de sus derechos» y «continuará activamente con las acciones legales contra los apátridas que participaron en este fraude, con el firme compromiso de preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo».
Como se recordará, en el año 2007, por orden del fallecido presidente Hugo Chávez, hubo una expropiación de activos petroleros de esta compañía, lo que ocasionó que el gobierno fuera llevado a los tribunales, que dictaminaron en 2013, que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia se sumó en 2019 el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que falló que Venezuela debía pagar 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en 2007.
Ahora el fallo del juez estadounidense Nichols le recuerda a Venezuela que debe cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente de pago.
Fuente: El Nacional