El segundo encuentro que se dio entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2023, tuvo un punto clave para avanzar en el crecimiento del comercio y la cooperación económica: la firma de un acuerdo de promoción y protección de inversiones entre ambos países, tomando en cuenta que Venezuela quedó fuera de las disposiciones que sobre esta materia consagra la Comunidad Andina de Naciones, señala el semanario Exclusivas Económicas.
“Es importante que haya un instrumento jurídico que permita dar seguridad a la inversión extranjera directa de Colombia en Venezuela”, comenta Luis Alberto Russian, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol). “Desde que nos salimos de la Comunidad Andina de Naciones y del Grupo de los Tres no se cuenta con un marco legal respecto a las inversiones”, acota.
Un punto medular de estos acuerdos -según el semanario- es el mecanismo de resolución de controversias y, al respecto, los gremios empresariales colombianos les han recordado a los funcionarios de Petro el historial de expropiaciones sin compensación que tiene Venezuela; sobre todo, en los años de gobierno de Hugo Chávez y que ensombrecen la intención de Maduro de captar inversiones.
A lo anterior se suma, indica Exclusivas Económicas, la negativa que predomina aún en el equipo de Maduro de incluir la figura de los arbitrajes internacionales en organismos como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o a la firma de acuerdos bilaterales de inversión que incluyan a esta institución como mecanismo de arbitraje entre las partes.
“Los acuerdos de promoción y protección de inversiones más recientes suscritos por Venezuela han sido con Bielorrusia y Vietnam, que ofrecen garantías mínimas a los inversionistas”, indica Eduardo Porcarelli, exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción y Protección de Inversiones (Conapri).
“En esos acuerdos se establece como primera opción para atender las controversias acudir a los tribunales de cada país, pero incluyen como segunda norma acudir al arbitraje de Naciones Unidas y, en tercer lugar, la constitución de un tribunal arbitral ad hoc entre las partes”, añade.
Justamente este aspecto, advierte el semanario, es el que ha generado diferencias en los equipos negociadores que, por el lado venezolano, ha tenido a los abogados de la Procuraduría General de la República junto a la propia Vicepresidencia Ejecutiva y el Centro Internacional de Inversión Productiva; y por el colombiano al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto al equipo técnico de Procolombia.
Las autoridades colombianas han recogido el temor de las expropiaciones sin compensación y la ilegalidad a las inversiones que predomina en los años de Chávez y por ello han insistido que debe establecerse un mecanismo de arbitraje entre las partes, pero nunca recurrir a instancias judiciales de ambos países para resolver controversias, agrega Exclusivas Económicas.
También los colombianos han negado de plano que el marco jurídico para una inversión colombiana en Venezuela sea la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional por haber sido aprobado por una instancia que no representaba al Poder Legislativo en Venezuela como fue la extinta Asamblea Nacional Constituyente y por tener un artículo que privilegia la opacidad y el secretismo sobre la transparencia, puntualiza Exclusivas Económicas.
