Grupos Ricardo Zuloaga y Orinoco: Los cortes de electricidad de los últimos 16 años han causado más de $1.000 millones en pérdidas

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El Grupo Ricardo Zuloaga y el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente decidieron pronunciarse ante la agudización de la crisis del sector eléctrico nacional que afecta a millones de venezolanos.

En una nota de prensa advirtieron que fue en el año 2006 cuando comenzaron las fallas críticas en el sector eléctrico y para el año 2008 hubo cuatro apagones nacionales (sin olvidar que en marzo de 2019 se registró el apagón general que afectó a 23 estados del país). Estos cortes de electricidad, según ambas consultoras, han causado más de 1.000 millones de dólares en pérdidas hasta el presente.

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Otras de las críticas que se realiza al actual Sistema Interconectado Nacional es que, a finales de 2009, Corpoelec comenzó a racionar el consumo de electricidad, debido al mal manejo de los embalses hidroeléctricos y a la indisponibilidad del parque térmico: «En la actualidad, la capacidad térmica disponible escasamente sobrepasa los 2.000 MW de los 18.000 MW instalados».

Los analistas del Grupo Ricardo Zuloaga y del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente aseguran también que la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní está limitada por el descenso de la demanda de Guayana y por la capacidad de la Red Troncal de Transmisión: «En Guayana existe una reserva rodante de 2,300 MW que, de no usarse localmente, debe ser descargada por los aliviaderos o se corre el riesgo de un apagón nacional en caso de fallas de generación en el sistema centro occidental».

Para justificar sus fallas el Gobierno, dice la nota de prensa, «ha utilizado múltiples excusas como: saboteo, sequía o daño causado por la fauna silvestre. Sin embargo, la crisis actual es de su exclusiva responsabilidad y las causas del deterioro son la obsolescencia de todo el equipamiento, falta de mantenimiento, personal con escasa competencia profesional, improvisación, deficiente operación y corrupción generalizada».

Los analistas denunciaron que en las dos últimas décadas se le asignó al sector eléctrico más de 105 mil millones de dólares y, con la emergencia eléctrica decretada en el 2010, se hicieron adjudicaciones directas a firmas sin experiencia y se adquirieron unidades usadas y con sobreprecio.

Por eso destacan que, en contraste, el costo total de la inversión realizada en los 40 años de democracia (1958-1998) alcanzó los 47.000 millones de dólares.

«El Sistema Interconectado Nacional tiene en la actualidad instalados unos 35.000 MW y la demanda de electricidad pasó de 18.600 MW en el año 2013 a unos 12.400 MW actualmente, de los cuales solo pueden ser atendidos unos 10.400 MW: «Este déficit es compensado con el racionamiento del servicio que afecta a millones de consumidores, ocasionando daños en hogares y equipos eléctricos por la variación del voltaje suministrado».

Los autores del pronunciamiento recalcan que urge que se entienda que Venezuela tiene una capacidad instalada hidrotérmica nominal tres veces mayor que la demanda actual. Sin embargo, la indisponibilidad es tan alta (75%) que hay racionamiento diarios en varias regiones del país (a pesar de que casi la mayoría de ellas tiene una generación instalada que, de estar disponible, las haría autosuficientes).

Por eso insisten en pedir que se rehabilite lo que se pueda de la capacidad ya instalada, para así lograr eliminar o reducir el racionamiento actual: «Definitivamente, lo que se necesita actualmente es la energía firme que no aportan ni la eólica ni la solar como se está proponiendo».

Los autores del estudio aseguran que la inversión requerida para recuperar el sistema eléctrico supera los 15.000 MM$ en un periodo de tres a cinco años: «La inversión deberá distribuirse de la siguiente manera: generación, alrededor del 35%; transmisión 25% y 40% en distribución y comercialización, siendo prioritario rehabilitar lo que sea posible».

Para concluir, los grupos Ricardo Zuloaga y Orinoco de Energía y Ambiente, agregan que dentro de los nuevos elementos de una política energética es necesario emitir una nueva Ley del Servicio Eléctrico que permita la participación de los privados en todas las actividades relacionadas con el sistema, ya que (a su entender) la del 2019 -que aún está en discusión- no es un mapa de ruta que sirva de guía y estímulo a la inversión privada.

«En el mapa de ruta contemplado en la ley se deberá definir temas como: descarbonización de la matriz energética, accesibilidad a la energía y seguridad energética, garantía del suministro; visión de los retos del futuro; tendencias sociales y de consumo del servicio; gestión de clientes; adaptación de las empresas al cambio y desafíos en recursos humanos y, en particular, el desarrollo de la industria del gas», dice el comunicado.

Añaden que la nueva Ley deberá contribuir a generar un clima de seguridad jurídica que haga viable la consecución de las inversiones privadas necesarias.

Fuente: Nota de prensa Grupo Ricardo Zuloaga y Grupo Orinoco de Energía y Ambiente


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