«Se prevé unas elecciones ficticias y amañadas contra los ciudadanos indígenas y contra la ley. Se elimina, además, un organismo muy importante de defensa y de derechos humanos como lo son las organizaciones indígenas», denunció el diputado indígena a la Asamblea Nacional, Romel Guzamana, refiriéndose al reglamento especial dictado por el Consejo Nacional Electoral que pone fin a la elección en primer grado para los representantes indígenas, establecida desde 1999.
El parlamentario señaló, además, que se violan los artículos 3 y 16 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), referentes a la personalización y derecho al voto nominal.
Rechazamos que sea una votación en segundo grado, en público para descalificar al oponente, la eliminación del voto uninominal y por mayoría calificada, eliminación de la postulación ante el CNE, eliminación de las organizaciones indígenas que postulan el proceso electoral, añadió Guzamana.
Indicó que todo proyecto de ley debe consultarse cuando es de ámbito espacial y territorial. «Jamás se consultó a los 44 pueblos indígenas de Venezuela, fustigó.
Hizo un llamado a los pueblos indígenas a no participar en esa farsa electoral, a que se abstengan a salir a votar y a recibir cualquier nominación del régimen. Sabemos que, a través del Ministerio de los Pueblos Indígenas del régimen, están visitando las comunidades para persuadirlas a apoyar esta farsa, que los indígenas deben rechazar en su totalidad, sostuvo.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó que pese a que el CNE modificó nuevamente el reglamento para volver al voto secreto de los indígenas no es un regalo ni concesión por el árbitro electoral, sino el derecho que políticamente tienen los indígenas.
El sistema electoral sigue siendo una vulneración a los derechos de los indígenas. No solo por mantener el voto indirecto, sino porque los voceros igualmente son elegidos a mano alzada en las asambleas comunitarias, según se lee en el manual, añadió.
Para Acceso a la Justicia, estos vaivenes del CNE exprés no son garantías de imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica. Tampoco generan compromiso de los rectores por el respeto a la normativa constitucional y legal, solo promueven más desconfianza.
Advirtió que el írrito CNE vulnera una vez más el artículo 298 constitucional, que prohíbe expresamente la modificación de la legislación electoral seis meses antes de la celebración de los comicios, tras aprobarse estos cambios normativos a última hora.
Estos cambios normativos solo muestran las costuras de unas elecciones que están mal confeccionadas desde el mismo patrón utilizado por el TSJ para designar fraudulentamente a un CNE divorciado del procedimiento y requisitos establecidos en la Constitución, alertó Daniels.