La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en su rol de ministra de Economía y Finanzas, ha fomentado una serie de reuniones con representantes del sector privado, entre los que se incluye la Asociación Bancaria de Venezuela, cuyos equipos económicos no solo han advertido acerca de los riesgos de no reducir el encaje legal, sino también sobre la insistencia de reformar la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, bautizado como el ‘Delcy Tax’ por abogados tributaristas, indica el semanario Exclusivas Económicas.
“La reforma del IGTF afecta a todos los venezolanos que hayan decidido proteger su dinero en divisas o criptomonedas distintas al petro o se vean obligados a usarlas en su actividad diaria. Es decir, no solo a los grandes contribuyentes especiales, sino a trabajadores, consumidores, comerciantes, proveedores nacionales, empresas pequeñas, medianas y grandes”, señala un documento centro de discusión en uno de los encuentros con la vicepresidenta, según informó una fuente. “La reforma del impuesto se traducirá también en mayores costos en la compra de materia prima e insumos, fletes y servicios que actualmente se pagan en divisas, lo cual, sin duda, tendrá un impacto en el precio de los bienes y servicios en la economía”, acota el estudio.
La reforma, recuerda el semanario, plantea el cobro de dos alícuotas: la de 2% para transacciones en bolívares y 2,5% o 3% para toda aquellas que se realicen en moneda extranjera o en criptomonedas. En el documento se señala que la modificación legal deja a potestad del Ejecutivo nacional imponer tasas más elevadas que perjudicarían al sector productivo.
“Al ponerle un obstáculo a la dolarización transaccional, que contribuyó a frenar la contracción de la economía y comienza a mostrar signos de recuperación, se limita el flujo de caja de las compañías y se establece un freno a cualquier potencial de crecimiento”, precisa el reporte. “El proyecto establece que los pagos en divisas que haga cualquier persona con mediación de una institución financiera nacional serán gravados con una alícuota que estará entre un 2% y un 8%; y sin el concurso de una entidad financiera se contempla que podrá estar entre 2% y 20%”, acota.
Esto agravará la situación de las empresas industriales nacionales que actualmente se enfrentan a la competencia desleal de productos importados que no pagan la tasa de 16% del impuesto al valor agregado (IVA), ni aranceles o tributos a la importación.
Entre los empresarios comenzó a plantearse, antes de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional la reforma de la ley de IGTF escenarios en los que una compañía podía verse perjudicada y que quedaron plasmados en un estudio:
*Si una empresa ha implementado un mecanismo con tarjeta o cuenta en moneda extranjera para pagar en divisas toda o parte de la compensación a sus trabajadores, la operación mediante la cual el patrono debita fondos de su cuenta para hacer el depósito correspondiente estaría gravada con un IGTF de 2,5%. Adicionalmente, cuando el trabajador decida movilizar esa cuenta o realice pagos con su tarjeta en divisas, sería gravado con una alícuota del 2,5% vía IGTF.
*Si una persona natural decide pagar bienes o servicios a una empresa que es sujeto pasivo especial en moneda extranjera, esa operación estaría gravada con el IGTF. Si esa operación se paga con una tarjeta emitida por un banco nacional o en efectivo, la alícuota es de 2,5%. Esto lleva a un absurdo: si una persona que va a un supermercado (que puede ser un sujeto pasivo especial) y paga en efectivo o utilice su tarjeta emitida por banco nacional, tendría en principio que declarar y pagar un IGTF del 2,5%.
*Todo pequeño empresario y comerciante que reciba moneda extranjera y haga pagos con ella, estaría gravado con la alícuota del 2,5%.
*Todo aquel que utilice las cuentas custodia en moneda extranjera como mecanismo para preservar el valor de las posiciones monetarias y realizar pagos de materias primas y servicios en diversos sectores, incluyendo la agroindustria. El nuevo régimen de IGTF que se está planteando implicaría gravar esas operaciones con la alícuota del 2,5%.
“A la vicepresidenta se le ha hecho saber que se trata de una medida que afecta a toda la población venezolana y hay desconocimiento total sobre su impacto”, aseguró una fuente empresarial. “Lejos de generar beneficios, esta medida aumenta significativamente la carga fiscal de las personas y las empresas, quienes se han visto obligadas a acudir a la dolarización transaccional para hacer frente a la inflación y devaluación de la moneda, atentando así contra todo el empeño que día a día pone ese venezolano de a pie por proteger sus ingresos, hasta las empresas que se enfrentan a distintos obstáculos para seguir produciendo en el país”, acotó.