Venezuela está entre los países del mundo en aplicar una prolongada inamovilidad laboral: más de 20 años ininterrumpidos a través de la promulgación de decretos del Ejecutivo.
Sin embargo, esta medida -que persigue proteger al trabajador en su empleo frente al despido injustificado por parte de los patronos- en Venezuela es acatada por el sector privado más no por el público, aseguró Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento Nacional de Sindicatos de Base.
Luego de la marcha de los educadores realizada el pasado lunes en Caracas, el representante de Monbase explicó que las inspectorías del Ministerio del Trabajo realizan su labor en cuanto a fallar a favor de los trabajadores del Estado cuando ellos reclaman ante estas instancias el reenganche y pago de salario caídos porque fueron despedidos en forma injustificada.
Agregó que los empleadores privados acatan la decisión de las inspectorías reinsertando al trabajador con la cancelación de sueldos caídos o mediante la negociación concertada de una renuncia al trabajo y el pago de una «cajita feliz» o indemnización.
«En el sector público existen miles de trabajadores despedidos y sacados de la nómina arbitrariamente, pero los organismos hacen caso omiso a las órdenes de reenganche emitidas por las inspectorÍas», alertó.
El también directivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud señaló que muchas de las expulsiones son producto de decisiones políticas de algún jefe o de que «simplemente el empleado le cae mal y/o quiere sustituirlo por un amigo o familiar».
Refirió que para el Estado los procesos por reclamos de despido son largos y onerosos.
«Se trata de miles de despidos y reenganches -con pago de sueldos caídos y otros beneficios laborales en las diferentes instancias: inspectorías, tribunales del trabajo e incluso el Tribunal Supremo de Justicia», expresó.
Zambrano denunció que otra forma de irrespeto a la Inamovilidad laboral en el sector público son las jubilaciones forzosas o adelantadas.
Precisó que en el sector salud 30.000 trabajadores fueron jubilados inconsulta y unilateralmente el último año, pero esa práctica se ha extendido al sector educación, gobernaciones, alcaldías, empresas básicas de Guayana y ministerios, entre otros sectores.
Por su parte, Pedro Arturo Moreno, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, advirtió que los bajos salarios -el mínimo se ubica en 3,6 dólares al mes según la tasa oficial- han abaratado el costo de los despidos a los patronos del sector público y privado.
«La inamovilidad laboral es una farsa del gobierno de Nicolás Maduro en un país con elevadas tasas de desempleo formal e informalidad y bajos ingresos golpeados por la inflación, sumiendo a los trabajadores en la pobreza», recalcó.
Contracción de la nómina
Zambrano recordó que con la reconversión monetaria en septiembre de 2018 los salarios «se fueron al piso», lo cual ocasionó un éxodo masivo de trabajadores del sector público al extranjero o a la informalidad.
Explicó que muchos de estas personas no presentaron su renuncia formal al trabajo, pues consideraban que no valía la pena hacer la gestión ya que la liquidación a cobrar era muy baja como consecuencia del salario mínimo de entonces (1,7 dólares mensuales).
Después de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, el Ejecutivo actualizó y depuró la nómina, desincorporando a los funcionarios y obreros que estaban fuera del país o dejaron de acudir a sus puestos de labor.
El sindicalista destacó que desde 2018, producto de la diáspora, inasistencia y jubilaciones adelantadas, la nómina del Estado se contrajo en casi 50% para ubicarse actualmente en menos de 2 millones de personas.
«No obstante, siguen ocurriendo las decisiones arbitrarias de desincorporar gente de la nómina del Estado en la Página Patria», dijo Zambrano.