Por lo menos 51 muertos y cerca de 34 heridos es el saldo preliminar que deja un motín registrado en la madrugada de este 28 de junio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.
El hecho se presentó en el pabellón número 8, al parecer, en un intento de fuga en medio de un cambio de guardia. En el lugar, se presentó un incendio de grandes proporciones.
En el pabellón había 180 internos entre sindicados y condenados de mediana seguridad, según le dijo el general Tito Castellanos, director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) a Blu Radio.
Según Castellanos, todo empezó con una riña entre los propios privados de la libertad. Cuando los miembros del Inpec trataron de controlar el enfrentamiento, comenzaron a prenderles fuego a sus propios colchones. El director del Inpec aseguró que hubo un “efecto cascada” y las llamas se propagaron rápidamente por el pabellón 8.
El presidente Iván Duque lamentó los hechos ocurridos en el centro penitenciario y pidió al director del Inpec adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso.
“Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el director del Inpec, general Tito Castellanos, y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el presidente electo Gustavo Petro, le envió un mensaje de condolencia a las familias de las personas que fallecieron en este hecho.
“El estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”, expresó Petro.
Así mismo, entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación se pronunciaron sobre este hecho, y señalaron que acompañarán a las familias de las víctimas que dejó está tragedia.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, mencionó que el acompañamiento por parte de la Defensoría se realizará a través de “gestión e intermediación humanitaria para la atención inmediata de los heridos”.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación confirmó que envió un equipo especial para atender la crisis ocasionada por este incendio.
Además, hizo un llamado a las autoridades encargadas para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
Entre tanto, el ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas e indicó que desde el ministerio se encuentran adelantando las investigaciones necesarias para esclarecer las causas de este hecho.
Fuente: El Colombiano.com