Espacio Público presentó su informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, el cual reveló que en 2021 se registraron un total de 244 violaciones a este derecho humano fundamental que derivaron en 461 denuncias.
A propósito de celebrarse este 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Carlos Correa, director de la referida ONG, explicó que tras el segundo año de la pandemia por la COVID-19, la opacidad informativa y las posibles represalias por la difusión de contenidos generaron un clima de inhibición en medios de comunicación y periodistas.
“Las medidas implementadas por el Estado venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal sentido, muchas personas sufrieron represalias después de cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de sus redes sociales”, precisa el informe.
Espacio Público informó que lograron evidenciar un descenso en el número total de casos, por segundo año consecutivo, en un periodo caracterizado por la reducción de la agenda noticiosa. “En paralelo, el conflicto político permaneció estancado, a pesar de los altos niveles de conflictividad social”, puntualizan.
“El 2021 fue el año con menos cantidad de casos desde el 2015, cuando hubo 237 registros. Durante el último periodo se documentaron al menos 244 casos, lo cual constituye una disminución de 37 % en relación con el número de casos del 2020, cuando se contabilizaron 390 casos de violaciones a la libertad de expresión”, Indican.
Precisan que periodistas y reporteros/as fueron quienes más se vieron afectados por esta situación, constituyeron 70% de las víctimas. Los impedimentos de cobertura a equipos reporteriles por parte de funcionarios públicos y efectivos de seguridad fueron una constante y se ubicaron nuevamente como las restricciones más frecuentes. La mayoría de estas situaciones se suscitaron en medio de la cobertura de protestas ciudadanas, estaciones de servicio y centros de salud.
“Al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información. Diez de las detenciones fueron por la difusión de contenidos en línea; al menos tres estuvieron vinculadas a WhatsApp y dos a TikTok”, advierte la ONG.
Censura y restricciones administrativas
El informe 2021 explica que, a pesar de la disminución del ecosistema de medios de comunicación durante los últimos años, “producto de las medidas y políticas arbitrarias, los cierres de medios y las limitaciones de acceso a la información se mantienen”.
“Del total de violaciones, la censura sumó al menos 144 registros (31 %), mientras que se contabilizaron 51 restricciones administrativas (11 %). Durante el 2021, se registró el cierre de 9 emisoras de radio, 1 medio digital y 1 medio impreso. Con esta cifra suman 292 medios cerrados desde el 2004”, señalan.
El mapeo de finales de 2021 arroja un total de 980 medios de comunicación en el país;: 71% son emisoras radiales, seguido de 10% de medios nativos digitales y menos de este porcentaje se divide entre televisión de señal abierta, versiones digitales, televisión por cable, medios tradicionales/digitales, periódicos y televisión digital.
“El 51% se concentran en el Distrito Metropolitano de Caracas, Lara, Portuguesa, Barinas, Aragua y Mérida. Con la excepción de este último y parcialmente del Distrito, estos estados han sido gobernados por el partido pro-gobierno o aliados de forma consecutiva desde hace más de 15 años”, explican.
Menos de 40% del total de medios e iniciativas comunicacionales trabajan la fuente política, mientras que solo 25% indicó abordar la fuente económica, lo que demuestra una disminución en la publicación de información en estas dos áreas en particular.
Víctimas y victimarios
Al igual que en periodos anteriores, las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron los/as periodistas y reporteros/as, quienes alcanzaron un total de 131 (44 %) registros. En segundo lugar, se ubican los medios de comunicación con 64 víctimas (21 %), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas en al menos 31 ocasiones (10 %). Con respecto al género de las víctimas, 69% de estas fueron masculinas, mientras 31 % restante corresponde al femenino.
Los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, siendo responsables de al menos 85 casos cada uno, respectivamente. “Con relación a los cuerpos de seguridad, los organismos que acumulan mayor cantidad de casos son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 37 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 8 casos cada uno”.
“En cuanto a las Instituciones del Estado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue responsable de 18 casos, al igual que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Mientras que en el tercer lugar se ubica la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con 15 casos”, señala Espacio Público.
En el plano geográfico, la región con más casos fue el Distrito Capital. “El volumen de situaciones registradas en esta entidad responde, entre otras cosas, a que esta es la sede de los Poderes Públicos, y gran parte de la agenda noticiosa se desarrolla en la ciudad capital, lo que trae consigo restricciones y limitaciones al ejercicio de la labor periodística por parte de cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios. La lista la complementan los estados Mérida, Miranda, Bolívar y Lara”.
2022: misma tendencia
Entre enero y el 26 de abril de este año, Espacio Púbico ha registrado 69 casos, los cuales contemplan 132 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
“Esta cifra constituye una disminución del 7% en el número de casos y del 12% con relación al total de denuncias registradas durante los primeros cuatro meses del 2021. En tal sentido, se documentaron 24 casos en enero, 19 en febrero, 20 en marzo y 6 en abril”, detallan.
Indican que en los primeros 4 meses de este año las detenciones por el ejercicio del derecho se registraron al menos en cinco oportunidades, situación que afectó a tres particulares, un periodista y un reportero gráfico. Igualmente, se documentó el asesinato del comunicador José Urbina en el estado Apure.